Patronal y sindicatos abordarán en una negociación paralela cómo llevar a cabo la reducción de la jornada laboral máxima legal de las 40 horas actuales a las 37,5 horas que fijaron como objetivo los dos partidos que forman el Gobierno en el acuerdo de coalición. Esta ha sido la principal conclusión del encuentro de este jueves, en el que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha citado por primera vez a los agentes sociales para negociar cómo traducir a la práctica este objetivo político. Las partes quieren hacerlo de la mano de una reforma de la ley que obliga al control horario y presumiblemente también, de los medios que tiene la Inspección de Trabajo para hacer el seguimiento de su aplicación.
El inicio de esta conversación paralela no supone la interrupción de la negociación a tres, según han explicado los representantes de los sindicatos en la mesa. "El Estatuto de los Trabajadores deriva la reducción de la jornada al ámbito del diálogo social bipartito. No renunciamos al diálogo tripartito pero nos hemos dado un margen de tiempo para abrir un diálogo bipartito para ver si podemos acercar posturas cuanto antes y que el Gobierno de manera paralela nos cite para ver cómo va el proceso de negociación" ha explicado la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Fuentes sindicales trasladan a La Información que esta ha sido una propuesta de la representación empresarial, que tanto el Gobierno como CCOO y UGT han entendido coherente.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ya había fijado en las últimas semanas que la patronal no se oponía a la reducción de jornada en sí -que ya se estaba dando de facto en la negociación colectiva- pero sí a hacerlos forzados por el Ejecutivo, puesto que entendían que era una materia propia del diálogo social. "Vamos a intentar discutir en el ámbito bipartito porque tenemos posibilidades de que esto se haga de forma mucho más sencilla, no es que hayamos suspendido la mesa y negociemos solo en el ámbito bipartito" ha admitido el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. "Vamos a ver cómo podemos transitar de una legislación a otra de la mejor manera posible. Veremos si llegamos a acuerdos, pero si no, no es algo que este en cuestión" ha añadido.
En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien ha agradecido la predisposición de trabajo con la que ambas partes han llegado a la mesa de este jueves. Los negociadores no han entrado en cuestiones de fondo en la reunión que ha durado más de cuatro horas, porque el departamento de Yolanda Díaz no había presentado ningún papel, por lo que la mayor parte del encuentro se ha destinado a delimitar el perímetro de materias a abordar en esa mesa. El 'número dos' del Ministerio de Trabajo califica de "momento histórico" el hecho de que tanto empresarios como sindicatos se hayan mostrado dispuestos a abordar una reducción de la jornada máxima legal por primera vez en 40 años.
Los representantes de los trabajadores han insistido en que las conversaciones con los empresarios se centrarán en negociar el cómo aplicar la nueva jornada laboral teniendo presente las diferentes características de los sectores económicos o los modelos de compañía, pero no el objetivo final marcado por el Gobierno. Asimismo, Pérez Rey ha sostenido que el compromiso del Gobierno es firme para alcanzar las 38,5 horas en 2024 y las 37,5 horas en 2025 con independencia de cómo transcurra la negociación bipartita. CCOO y UGT se dan un plazo indeterminado para avanzar las conversaciones con CEOE y Cepyme pero rechazan extender 'sine die' el diálogo si no ven oportunidad de materializar un acuerdo.
El Ministerio de Trabajo ha manifestado la intención de reforzar las sanciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aplica en caso de incumplimiento del registro de jornada, aunque no ha avanzado más detalles. Los sindicatos marcan este punto como clave, al igual que el reforzamiento de los medios, con la introducción de la inteligencia artificial para monitorizar los horarios de trabajo de los salariados. Tanto el Gobierno como los representantes de los trabajadores han coincidido en que el actual sistema ha demostrado que no es útil, por lo que entienden urgente su modificación, dados los cambios experimentados por el mercado de trabajo en los últimos cinco años por la irrupción del teletrabajo.
