La CEOE mueve ficha. La patronal, que había roto el diálogo con el Ministerio de Trabajo después de que Yolanda Díaz pactase con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo para elevar el control de la Inspección sobre los ERE, ha remitido al Gobierno una propuesta para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023. En concreto, los empresarios plantean un incremento del 4%, hasta alcanzar los 1.040 euros mensuales en 14 pagas.
Las patronales CEOE y Cepyme, que no han acudido a la reunión convocada este miércoles por el ministerio de Trabajo, han puesto por fin cifras a la subida del SMI que consideran oportuna en un contexto de crisis inflacionista. En concreto, la posición de las organizaciones empresariales parte de un incremento del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, por encima del incremento salarial medio pactado en los convenios firmados en 2022 (3,03%) y de la subida aplicada a los funcionarios (3,5%). Por debajo, eso sí, de la de las pensiones (8,5%).
La cantidad que proponen los empresarios se sitúa, en cualquier caso, por debajo de la banda inferior de la horquilla planteada por el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre la cuantía que debe alcanzar el salario mínimo para situarse en el 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea. Hay que recordar que el informe recién emitido por este grupo establece que el SMI debería situarse el próximo año, como mínimo, en 1.046 euros y como máximo, en 1.082 euros mensuales.
También está por debajo de las aspiraciones sindicales, que este mismo miércoles, tras la reunión mantenida con los representantes del Ministerio de Trabajo, a la que CCOO y UGT sí han acudido, han insistido en la necesidad de que el SMI suba en torno a un 10%, hasta alcanzar un máximo de 1.100 euros mensuales. Para los sindicatos es fundamental que en un contexto de crisis el Gobierno adopte medidas para paliar la pérdida de poder adquisitivo sobre los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los trabajadores perceptores del salario mínimo.
Sin embargo, las patronales defienden una posición "acorde con la moderación salarial que se necesita para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo". "Las organizaciones empresariales somos conscientes del impacto de la inflación en las rentas más bajas, al tiempo que consideramos que la prioridad en 2023 es el mantenimiento del empleo del colectivo afectado por el SMI, para lo cual es necesario llevar a cabo un incremento acompasado con este contexto", afirman CEOE y Cepyme.
En un comunicado, ambas organizaciones empresariales apuntan a que previsiblemente, la inflación se mantendrá por encima del objetivo del 2% durante el próximo año, "algo que penaliza también a las empresas por el lado de los costes y se añade al impacto de las subidas de impuestos y cotizaciones sociales, entre otras cargas". E inciden en que "esta evolución de los precios coincidirá con crecimientos del PIB en el entorno del 1% durante el próximo año, con una economía española que todavía no ha recuperado los niveles de PIB prepandemia".
En cuanto a la productividad, recuerdan que si bien en 2022 está aumentando, las caídas acumuladas en los últimos años dan lugar a que los niveles de productividad por ocupado en el tercer trimestre del año estén un 4,9% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y añaden que la participación de las rentas del trabajo representa ya el 47,5% de la renta nacional, superando en un punto la previa a la pandemia, al tiempo que señalan que el SMI incide especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que conforman la gran mayoría del tejido productivo, puesto que presentan menores niveles de productividad y, por tanto, salarios más bajos.
Con todas estas variables sobre la mesa, los empresarios se abren a una subida del salario mínimo del 4%, pero la supeditan a que el Gobierno establezca un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, consistente en una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos vigentes, y a que modifique la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la ley de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución. Se trata de dos peticiones que han planteado reiteradamente al Gobierno, sin éxito hasta la fecha. Y todo apunta a que en esta ocasión no será diferente.
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