La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 será más contenida si cuenta con el apoyo de los empresarios. O lo que es lo mismo, el ministerio de Trabajo impulsará un incremento superior de esta referencia salarial si la patronal no se sienta a negociar y el acuerdo sale solo con los sindicatos. Así lo adelantan fuentes del diálogo social que recuerdan que esa es la "estrategia negociadora habitual" de la vicepresidenta Yolanda Díaz. "La incógnita está en la resistencia que pueda oponer eventualmente el ministerio de Asuntos Económicos, aunque la decisión final será de Pedro Sánchez", insisten las fuentes consultadas en el ámbito del diálogo social.
El comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo sobre la senda que debe seguir el salario mínimo para situarse, como mínimo, en el 60% del sueldo medio, tal y como establece la Carta Social Europea, ha propuesto una subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023, hasta situarlo entre 1.046 euros brutos al mes por catorce pagas en la parte baja de la horquilla y 1.082 euros en la banda alta. Esa es la referencia que guiará a Díaz en la negociación exprés con los agentes sociales, que arranca este miércoles, 21 de diciembre, cuando apenas faltan 10 días para que finalice el año.
Hay que recordar que el Gobierno no está obligado a pactar el SMI con la patronal y los sindicatos, pero va a intentar buscar un consenso, ya que lo ideal es que este tipo de medidas nazcan con acuerdo en el diálogo social, según admiten fuentes gubernamentales. Si bien en el equipo de Díaz ya dan por descontado que la patronal no se sentará a negociar. Esa es la sensación que cunde en el Ministerio de Trabajo, después de que los empresarios hayan anunciado la ruptura del diálogo social a cuenta de la enmienda pactada con EH Bildu para elevar el control de la Inspección sobre los ERE.
Fuentes del Ministerio interpretan el duro comunicado emitido la semana pasada por la CEOE, en el que la patronal denunció el acuerdo alcanzado con la formación independentista por suponer una "traición" al diálogo social y rechazó la interlocución con Trabajo por entenderla "tramposa y contraria a la buena fe", como una "escenificación". "La patronal no iba a sentarse igualmente a negociar el salario mínimo porque no quieren subirlo, esta solo ha sido la percha a la que agarrarse para justificar una decisión que saben que es impopular", interpretan fuentes del entorno de la vicepresidenta.
De este modo, en el Ministerio de Trabajo ya se da por descontado que el equipo negociador de la organización empresarial no acudirá a la reunión convocada este miércoles y, si lo hace, será para rechazar de manera formal la subida del SMI. Y en ese caso, los negociadores de Díaz apostarán en la mesa por una subida de esta referencia salarial en el rango más alto de la horquilla planteada por los expertos, es decir, en los 1.082 euros. Así lo adelantan fuentes del diálogo social que recuerdan que la vicepresidenta ya optó por esa estrategia en anteriores ocasiones, en concreto, cuando aprobó la subida a 1.000 euros en 2022, frente a los 996 que proponían los expertos.
Aunque la vicepresidenta aseguró este lunes que no se inclina por ninguna horquilla hasta que no escuche a los agentes sociales, fuentes de su entorno admiten en privado que Díaz y su equipo son partidarios de tirar por la parte más alta de la recomendación de los expertos. Sostienen que las subidas del SMI reducen la desigualdad y, al contrario de lo que asegura un flanco del mundo académico, no afectan negativamente al empleo. En cualquier caso, la ministra llamó a los agentes sociales a "cumplir con el mandato constitucional", sentarse en la mesa "a trabajar" y tener "altura de miras", sin dejarse contagiar por el "ruido" y la "bronca política" del Congreso.
Díaz ya ha optado por esta estrategia en anteriores ocasiones, como cuando aprobó la subida a 1.000 euros, frente a los 996 que proponían los expertos
Esa cantidad -los 1.082 euros- encajaría a las centrales sindicales, aunque desde UGT se apuesta por un incremento superior, hasta 1.100 euros. Además, los sindicatos ven con buenos ojos que el Ministerio se abra a revisar el salario mínimo dentro de seis meses, en función de la evolución de la inflación, tal y como adelantó la vicepresidenta de Díaz en la rueda de prensa de presentación del informe este lunes. Se trata de una revisión que está contemplada en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, aunque tradicionalmente no se ha llevado a cabo, y que implicaría una nueva negociación y una nueva subida en medio año, algo que rechaza la CEOE.
La cuantía final, en cualquier caso, va a estar muy condicionada por la posición que adopte el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, partidaria de subidas más moderadas del SMI para no contribuir a la espiral inflacionista. "El choque entre Trabajo y Economía ha sido una constante en las últimas negociaciones del salario mínimo en el seno del Gobierno, aunque la decisión final ha correspondido siempre al presidente, Pedro Sánchez", recuerda uno de los interlocutores sociales. "Ahora contamos, no obstante, con la recomendación de los expertos y eso marca la diferencia respecto a años anteriores", insisten.
Con todo, Trabajo escuchará a los agentes sociales este miércoles y, como decimos, planteará una subida mayor del SMI si los empresarios se niegan a negociarlo. Después se debatirá la cifra en el seno del Gobierno y Sánchez tendrá la última palabra. Aunque la intención del Ejecutivo era tener listo el real decreto para su aprobación en uno de los dos consejos de ministros que quedan del año, fuentes al tanto del ritmo de tramitación del texto admiten que, a estas alturas, "ya no hay tiempo para llevarlo al BOE antes de Nochevieja". De modo que ya trabajan en un escenario de aprobación de la subida posterior, siempre con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023.
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