Representantes de algunos de los sectores empresariales más afectados por las sucesivas subidas que viene experimentando el Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2017, y que han llevado el suelo salarial legal en España en cosa de cuatro años desde los 655,20 euros (14 pagas) regulados en 2016 hasta los 950 euros que rigen en este año 2020, lamentaban en privado esta pasada semana que el Banco de España no hubiera publicado aún su esperado informe sobre el impacto de la histórica subida del 22% aprobada en 2019 para disponer de artillería pesada con la que oponerse a la anunciada intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de volver a elevar el Salario Mínimo de cara a 2021, en plena crisis económica post-pandemia.
Las organizaciones empresariales explican a todo aquel que las quiere escuchar que la subida del SMI es mucho más que una actualización salarial para los estratos más bajos de la pirámide laboral. Es un problema de gestión interna y un problema económico. Subrayan que tras la espiral de subidas de los últimos años el SMI ya no impacta sobre las nóminas de menos de medio millón de trabajadores -como ocurrió en 2017- sino a más de dos millones y que, además, indirectamente fuerza un deslizamiento al alza de toda la tabla salarial de las empresas con consecuencias significativas sobre su cuenta de costes laborales, especialmente en los sectores de menor valor añadido y más intensivos en mano de obra. Y recuerdan que entre esos sectores está la hostelería y toda una serie de servicios básicos que ya se han visto especialmente zarandeados por la pandemia y cuyos márgenes son lo suficientemente estrechos como para notas una medida de este tipo, por mucho que la subida sea solo del 0,9% o del 1,8% como baraja Trabajo.
Para las organizaciones empresariales la discusión académica sobre si subidas importantes del SMI tienen impacto o no sobre la creación de empleo no tiene sentido. Aseguran que lo tiene sin ningún género de duda. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) les da razón. Un informe casi olvidado elaborado por la Airef para evaluar los efectos a posteriori de la emblemática subida del SMI a 900 euros acordado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidas Podemos dentro del acuerdo general para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 - que posteriormente sería rechazado por el Congreso - concluye que la subida de 165 euros en la nómina mensual de los trabajadores con el salario mínimo legal (más de 2.300 euros anuales) impidió la creación de entre 19.000 y 33.000 nuevos puestos de trabajo en la economía española.
En 2019, ya con el Salario Mínimo de 900 euros, España generó más de 400.000 nuevos puestos de trabajo a lomos de una economía que acumuló su quinto año consecutivo creciendo por encima del 2%, pero todavía arrastraba el pesado lastre de acumular más de tres millones de desempleados y una tasa de paro que rondaba el 14%, una cifras intolerables para una economía desarrollada, como Bruselas, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE no se cansan de recordar a las autoridades españolas cada vez que hacen un informe de situación sobre el país.
El trabajo realizado por la Autoridad Fiscal, que reconoce de entrada sus limitaciones a la hora de aproximar un análisis fino del impacto por sectores o tramos de edad, sí apunta sin embargo a que el mayor impacto de la medida se produjo en los segmentos del mercado laboral en los que con más frecuencia se paga el salario mínimo y en los que se suelen mover los perfiles laborales con menores tasas de empleabilidad. Bajo esta premisa sostiene que esa pérdida de oportunidades laborales que habría provocado la fuerte subida del SMI en 2019 habría afectado sobre todo a trabajadores jóvenes, de baja cualificación y a los territorios con un salario medio más reducido, como es el caso de Extremadura y Andalucía.
Algo que ya avanzó en su día el Banco de España a la luz de lo encontrado en análisis anteriores de subidas del SMI, de los que se desprendía que los incrementos del suelo salarial perjudican, de manera moderada, a los trabajadores de menor cualificación y por ese mismo motivo tienen efectos perniciosos ya que aumentan la desigualdad. "La mejor receta contra la desigualdad es la creación de empleo", asegura en este sentido con asiduidad el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
La Autoridad Fiscal concluye no obstante que si bien la medida tuvo un impacto negativo sobre la creación de empleo resultó positiva en términos generales para la economía, ya que arrojó un saldo positivo de unos 700 millones de euros. El cálculo resulta de una estimación favorable de 1.700 millones de euros extra en forma de mayores remuneraciones de asalariados, parcialmente compensada por una reducción de unos 1.000 millones por los efectos negativos que tendría sobre el empleo.
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