En una sesión clave en el Congreso, la proposición de ley que busca otorgar amnistía a los encausados por el procès ha superado su primer obstáculo parlamentario. La iniciativa, respaldada por una mayoría de 178 diputados, continuará su tramitación para recibir enmiendas tanto a la totalidad como parciales, abriendo el camino para un debate más amplio.
La Ley de la Amnistía acababa su camino hasta llegar al Congreso de los Diputados hace un mes. El PSOE ha registrado en solitario en la Cámara Baja la nueva norma. El texto, de 21 páginas, implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. El texto se conocía minutos después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocara el pleno del debate de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para el miércoles 15 y jueves 16.
¿Cómo se justifica la Ley de Amnistía?
La ley de amnistía justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es "necesaria", pero "en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político. En líneas generales, la proposición de ley justifica la amnistía "por la convivencia democrática", "en aras del interés general" y "para la superación de un conflicto político". La norma impulsada por PSOE y Junts destaca que la amnistía es "un mecanismo constitucional" que refuerza el Estado de derecho "cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro", esto es, "abordar desde la política, un conflicto político"
¿Qué delitos excluye la Ley de Amnistía?
La Ley de Amnistía excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europea, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
Otro de los delitos que quedan fuera de la Ley de Amnistía son los de torturas o tratos inhumanos o degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, "siempre que superen un umbral mínimo de gravedad". De esa forma, se abre la puerta para la amnistía de los policías nacionales y guardias civiles encausados por las cargas para impedir el referéndum del 1-O, siempre que no hayan incurrido en conductas de extrema gravedad
La ley de Amnistía para Puigdemont, Junqueras ¿y quién más?
La amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Sin efecto la orden de detención de Puigdemont y Rovira
La ley de Amnistía incluye una referencia directa al expresident Carles Puigdemont al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a otros tres dirigentes fugados. Estos son los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
La ley de amnistía no incluye ninguna alusión al "lawfare"
La proposición de ley de amnistía no incluye ninguna alusión al "lawfare" o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales. El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial, pero sí prevé la reforma del Código Penal para incluir en su artículo 130 la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto. No abarcaría así el procesamiento contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el procesamiento del clan de los Pujol.
Boye, Borràs y Pujol se quedan fuera de la ley
Cabe recordar que respecto a Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) confirmó en noviembre de 2022 la decisión del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de enviarle a juicio por un presunto delito de blanqueo de dinero en el marco de la conocida como 'Operación Mito' en la que también están procesados el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo --'Sito Miñanco'-- y otras 47 personas. La instructora del sumario, María Tardón, procesó en 2021 al abogado por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de 'Sito Miñanco' en el aeropuerto de Barajas. Fiscalía pide que sea condenado a 9 años de cárcel.
En el caso de Borràs, la condena por prevaricación y falsedad documental a Borràs también podría quedar fuera de la amnistía a tenor del redactado de la misma. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña la condenó el pasado marzo a 4 años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018.
El propio TSJ, sin embargo, propuso un indulto parcial para Borrás que rebajase la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en la cárcel. Además, una magistrada del tribunal añadió un voto particular en el que defendía que no debía ser condenada a más de 21 meses de prisión. Borràs fue condenada por unos encargos relacionados con la página web de la ILC. Según la sentencia, fue ella quien hizo el encargo directa y personalmente incluso antes de que la junta de la ILC aprobara el proyecto, "a pesar de conocer que al hacerlo prescindía del procedimiento administrativo de contratación preceptivo".
En cuanto a la causa relacionada con el que fuera presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, y sus siete hijos, está a la espera de juicio. Se les acusa de formar presuntamente una organización criminal que se aprovechó de "su posición privilegiada" en la vida política, social y económica catalana para acumular un "patrimonio desmedido". Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. La Abogacía del Estado, en cambio, no se dirige contra el patriarca, pidiendo 25 años de cárcel para su hijo mayor y entre 4 y 17 años y medio para los demás.
Plazos de la Ley de Amnistía
La proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés para aplicar la amnistía. En el título III, establece que su aplicación será "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses y que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten "no tendrán efectos suspensivos"
