La Administración, desbordada

El colapso en Trabajo se convierte en un coladero de ERTE aprobados sin control

Fotografía de Yolanda Díaz (SMI) / EFE
Fotografía de Yolanda Díaz (SMI) / EFE

En la Comunidad de Madrid una dotación de 15 funcionarios se enfrentan a los más de 20.000 ERTE por causa de fuerza mayor planteados por las empresas de la región. Lo hacen bajo el imperativo de analizarlos en un periodo no superior a cinco días o darles cauce de forma directa, sin control previo alguno, en aplicación del principio del 'silencio administrativo positivo' establecido para facilitar la adaptación de las empresas al repentino desplome de la actividad por el coronavirus y para agilizar el acceso a una prestación sustitutoria de los trabajadores afectados. Lógicamente, no dan abasto y lo que debería ser una excepción -la aplicación del silencio administrativo- parece cada vez más la norma.

Así se admite desde despachos y gestorías, que ven desde hace días como salen adelante más ERTE por la vía del silencio administrativo que por la vía ordinaria de la autorización previa de la autoridad laboral. El fenómeno ha sido detectado por los sindicatos, que han exigido medidas para evitar que esto se convierta en un coladero de ERTE fraudulentos, y también por el Gobierno, que tiene sobre la mesa la petición sindical de que todos los expedientes que obtengan el visto bueno por silencio administrativo se revisen a posteriori y, en caso de detectarse causas infundadas, puedan imponerse sanciones a las empresas. Desde ambos sindicatos confirman que el departamento que dirige Yolanda Díaz está valorando esta posibilidad ante la problemática detectada. 

"No hay personal suficiente para dar trámite a todos los ERTE que se están presentado, y en un periodo tan corto de tiempo. Lo que estamos viendo es que muchos expedientes salen adelante por silencio positivo y que la situación es generalizada en toda España", señala German J. Nieves, miembro de CE Consulting, que reconoce que sería normal que el Gobierno tratara de establecer algún tipo de control a posteriori para evitar un descontrol total de la situación. 

La situación no sólo ha desbordado al SEPE y a la las direcciones de Trabajo de las comunidades autónomas. La Seguridad Social, que es la encargada de dar de alta a los trabajadores afectados por los ERTE en sus registros para que puedan beneficiarse de la cobertura por desempleo y de la compensación de sus cotizaciones sociales establecida por el Gobierno, todavía no ha adaptado sus sistemas a este proceso y las empresas no están pudiendo registrar todavía a sus trabajadores para que se les pueda reconocer esta prestación de oficio. "El SEPE no está pidiendo información adicional a las empresas para empezar a pagar la cobertura por desempleo, así que no se cumple aquello de que lo harían de oficio, y la Seguridad Social todavía no tiene activado el procedimiento para beneficiarse del sistema de pago de cotizaciones que se prometió", denuncia el miembro de CE Consulting.

Fuentes sindicales con presencia en el área del Sepe denuncian "un caos absoluto". Ayer mismo en rueda de prensa telemática el secretario general de CCOO, Unai Sordo, admitía que "es imposible dar salida a 100.000 ERTEs en cinco días" y, respaldado por su colega de UGT, Pepe Álvarez, proponía como solución ante la necesaria agilidad que requiere la situación actual el establecimiento de controles a posteriori para valorar 'ex post' las causas por fuerza mayor validadas de manera 'exprés' durante estos días de crisis. "No todo vale", sentenciaban en referencia a las empresas que pudieran caer en "picarescas", a las que desde el flanco sindical se insiste en pedir "corresponsabilidad".

Según el procedimiento establecido por Trabajo, la autoridad laboral debe verificar la existencia de fuerza mayor en los ERTE y dictar la resolución en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud. Pero en estos momentos no disponen de medios para gestionar el volumen de solicitudes. Tanto es así que en muchas oficinas ni siquiera tienen capacidad para asignar el número de expediente a las decenas de miles recibidos y el colapso está provocando un retraso en el que las empresas entienden el ERTE admitido por silencio administrativo positivo. 

Desde la Inspección de Trabajo, que debe elaborar informes previos en los casos en los que la autoridad laboral lo considere necesario, explican que están haciendo "todo lo posible" para aliviar este colapso y esperan que no llegue a producirse ese coladero de ERTE injustificados por culpa de los retrasos administrativos. Respalda esta opinión Manuel Fernández Fontecha, socio del área laboral de Ceca Magán, que considera que "si bien el silencio positivo opera en el plazo de cinco días desde la presentación del ERTE por fuerza mayor, la administración está haciendo un importante esfuerzo para contestar a tiempo todas las solicitudes; de hecho ya se están recibiendo numerosas respuestas expresas".

Sanciones administrativas

No obstante, en opinión de este experto laboralista, "es muy probable que la Administración regule mecanismos posteriores de revisión de los ERTE que se hayan aplicado por silencio administrativo, penalizando aquellos que claramente se hayan instado por esta vía con la finalidad de evitar la obligada negociación con los representantes de los trabajadores". Las consecuencias, explica Fernández Fontecha, podrían ir desde la sanción administrativa hasta la solicitud de devolución de bonificaciones.

Los sindicatos apoyan cualquier iniciativa sancionadora en este sentido, así como para quienes aprovechen la coyuntura actual para hacer despidos. Algunas de las ideas que ya han puesto en conocimiento de los responsables del Ministerio de Trabajo pasan por penalizar los despidos elevando las indemnizaciones, aprobando moratorias, eliminando subvenciones o privando del acceso a las líneas de financiación habilitadas para capear el impacto económico del Covid-19. La prioridad en estos momentos es que los empresarios hagan un correcto uso de la flexibilidad interna. Los líderes sindicales hablaban ayer de cifras de ERTE "astronómicas", "por encima de las previsiones más pesimistas" y "sin precedentes en la historia de nuestro país". 

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