La CNMC estudia sancionar a Adif por no comunicar con más antelación sus obras

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador contra Adif Alta Velocidad, encargada de la gestión de la red ferroviaria rápida por, presuntamente, incumplir una resolución en la que requería al Administrador ferroviario que comunicara con mayor antelación las obras que tenía previsto ejecutar en la red. 

El pasado verano, la CNMC emitió una resolución en la que aseguraba que las obras de mantenimiento o mejora que desarrolla el Administrador ferroviario no eran comunicadas con tiempo suficiente como para que las operadoras pudieran planificar y ofrecer alternativas de viaje a sus clientes. 

Este requerimiento se hizo a instancias de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) —en la que se integran compañías como Ouigo o Iryo —que elevó al organismo regulador una denuncia al respecto de esta falta de previsión por parte del encargado de la infraestructura. 

La apertura de este expediente diez meses después de la resolución obedece a un "presunto incumplimiento" de la resolución del 7 de julio de 2022, según la cual Adif AV debía cumplir con ciertas obligaciones de transparencia en cuanto a la puesta en marcha de restricciones temporales de capacidad, el nombre que asigna el gestor ferroviario a las limitaciones de tráfico en determinados tramos u horarios.

Dos años para informar de incidencias

Entonces, Competencia localizó que Adif y Adif AV —administradores de las redes ferroviaria convencional y de alta velocidad— informaban sobre estas restricciones de capacidad "con una antelación y detalle inferior a la exigida por la normativa". Según la normativa europea, aquellas que duren más de 7 días y afecten a más del 30% de volumen de tráfico diario deberán ser comunicadas con al menos 24 meses de antelación, y sus actualizaciones con al menos 12 meses. 

La investigación de la CNMC determinó que tanto Adif como Adif AV publicaban estas incidencias entre dos y tres meses antes de las obras, mientras que los surcos afectados —las franjas horarias disponibles— no se reprogramaban hasta unos días antes de iniciarse las obras, dificultando la puesta en marcha de alternativas por los operadores. 

En respuesta a esta situación, impuso una serie de obligaciones de información y consulta "para asegurar que los administradores de la red puedan tener en cuenta las necesidades de las empresas ferroviarias al planificar las obras", exigencias que, según indaga ahora Competencia, podrían haber sido incumplidas por ambas entidades públicas. 

Estas pasaban por actualizar la información de estas restricciones dos meses antes de que las operadoras soliciten capacidad para poner sus trenes en la red, consultar con ellas el desarrollo de estas incidencias para tratar de reducir el impacto sobre la actividad habitual; y mantener actualizado el Catálogo de Restricciones Temporales de Capacidad, facilitando los detalles de los surcos con cuatro meses de antelación para los servicios de viajeros, y un mes para los servicios de mercancías. 

Diferencias de criterio

Fuentes del procedimiento consultadas por La Información aseguran a este periódico que el incumplimiento de estas restricciones tienen su origen en la conversión de unas vías de ancho convencional al ancho internacional, que al mismo tiempo cambian de gestor de red (pasan de Adif a Adif AV) y que, por tanto, serían consideradas como una infraestructura nueva donde no existen restricciones de capacidad alguna, ni se aplicarían los requisitos impuestos el año pasado. 

"No hay una situación original con la que comparar", apuntan, añadiendo que tanto los operadores como la propia CNMC "estaban al tanto", ya que fueron informadas y eran conocedoras de la actuación. Todas las partes implicadas dispondrán de un plazo para registrar sus alegaciones a las distintas cuestiones que dirima el regulador de Competencia en su expediente.