La crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19 ha obligado a decenas de miles de familias en toda España a romper la hucha del ahorro a largo plazo para poder capear la falta de ingresos. Más de 60.000 partícipes de planes de pensiones se han acogido a los supuestos de liquidez extraordinarios aprobados por el Gobierno para solicitar el rescate de estos vehículos de ahorro para la jubilación, por un importe total de más de 100 millones de euros, de acuerdo con los datos suministrados por las entidades gestoras de fondos de pensiones y por las entidades aseguradoras a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Hay que recordar que, con el fin de aliviar las necesidades de liquidez de los hogares perjudicados por el impacto de la Covid-19, a finales de marzo de 2020 el Gobierno aprobó una ampliación de los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones. Con carácter excepcional, se estableció como supuesto de liquidez en el que se puede disponer del ahorro acumulado la situación de paro consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad o la reducción en un 75% o más de la facturación de trabajadores por cuenta propia que se produzcan como consecuencia de la pandemia.
Pues bien, según la información que recoge el Consejo Económico y Social (CES) en su 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2020', a 30 de septiembre del año pasado (últimos datos disponibles) el número de solicitudes presentadas para el cobro por esos nuevos supuestos excepcionales de liquidez ascendía a 64.084, de las cuales se habían abonado, a dicha fecha, 60.859 expedientes (un 95% de los presentados) y el importe efectivamente pagado a los partícipes se elevaba hasta los 113.755.293 millones de euros en total.
En la memoria -que el presidente del CES, Antón Costas, presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada- se aporta otra información adicional relevante, como que el número de solicitudes en planes de pensiones (55.936) fue casi siete veces superior al resto de productos (8.144); sin embargo, el importe medio por expediente fue casi un 35% superior en el caso de planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social. Además, la práctica totalidad de las solicitudes en planes de pensiones se concentraron en los individuales; sin embargo, el importe medio cobrado por expediente en los planes de empleo fue 1,3 veces superior.
Cabe destacar, además, que más del 70% de las solicitudes se concentraron durante los tres primeros meses de vigor de los supuestos excepcionales de liquidez, especialmente durante los meses de mayo y junio, coincidiendo con la finalización del estado de alarma, momento en que se agilizó la realización de los trámites necesarios para recabar la documentación necesaria y solicitar la prestación tras la progresiva reapertura de sucursales y la continua habilitación de canales online por parte de las entidades.
Hay otro balance relevante y es que cerca de la mitad de los expedientes abonados se concentraron en las solicitudes derivadas de los cobros solicitados por trabajadores por cuenta ajena sujetos a un expediente de regulación temporal de empleo, una situación que llegó a afectar a 3,6 millones de empleados en el pico de la pandemia, con el confinamiento total. Les siguen, por volumen, las solicitudes de trabajadores autónomos que cesaron la actividad o vieron reducida su facturación y empresarios titulares de establecimientos que no tuvieron permitido abrir al público por la declaración del estado de alarma.
En el caso de los autónomos, el volumen de solicitudes comenzó a incrementarse a finales del mes de abril tras la aprobación del Real Decreto-ley 15/2020 en el que se flexibilizaron los requisitos exigibles en el supuesto de trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta, y hubieran cesado en su actividad o cuya facturación se hubiera reducido en un 75% como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno.
El CES manifiesta en su informe que la crisis ocasionada por la pandemia "ha impactado de manera negativa en el desarrollo de la previsión social complementaria en España durante el último año". A su juicio, "contribuyó a dicha situación, principalmente la evolución de los activos de los fondos de pensiones, que se vio afectada por las fluctuaciones bursátiles debidas a la incertidumbre en la economía global y en los mercados en particular y que originó una situación de baja rentabilidad de los planes de pensiones". Asimismo, insiste la memoria, "la pérdida de ingresos de muchos trabajadores durante la pandemia pudo restringir su capacidad de realizar aportaciones, por un lado, y el aumento de la necesidad de recurrir al rescate de los planes de pensiones, por otro".
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