El 29 de mayo de 2020 es un día que pasará a la historia de España. Esa jornada, en Consejo de Ministros, el Gobierno daba luz verde al Ingreso Mínimo Vital, una prestación que ha llegado para quedarse y que supone uno de los grandes proyectos sociales de la coalición. Un año después de aquel cónclave, con uno de sus impulsores, Pablo Iglesias, jubilado políticamente, la realidad es que la ayuda económica apenas está llegando a un tercio de sus potenciales beneficiarios. Un cuello de botella a diferentes niveles y una normativa demasiado estricta impiden el aceduado desarrollo de esta Ley. La solución no es sencilla y está provocando discrepancias en el Ejecutivo.
Las cifras del Ingreso Mínimo hablan por sí solas. Según datos oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en este momento apenas se está abonando a 260.206 hogares al mes, lo que supone que esté llegando a 682.808 personas. Pero el objetivo era muy superior. En concreto, el Gobierno de coalición se marcó la cifra de llegar a 850.000 familias y 2,5 millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Es decir, a mayo de 2021 el IMV apenas ha alcanzado al 30% de los hogares fijados. Estos datos, en un país donde que cuenta con la tercera mayor tasa de pobreza infantil, un 27,4%, sólo superado por Bulgaria (27,5%) y Rumanía (30,8%), según los registros de 2019, lleva a fuentes gubernamentales a concluir que la gestión de la prestación está siendo un "fracaso".
¿Cuáles son los problemas? Esencialmente dos. Las resume Unidas Podemos. En primer lugar, el ritmo al que se resuelven las solicitudes es incompatible con una respuesta suficientemente rápida a la situación de crisis social a la que nos enfrentamos. Por tanto, son necesarias medidas para agilizar la tramitación si se quiere que el IMV contribuya a paliar la situación de falta de ingresos a la que se enfrentan muchos hogares ahora mismo. Un segundo problema que se ha manifestado, y que seguramente también se relaciona con el anterior, es que el procedimiento de solicitud es demasiado complejo y establece barreras importantes de acceso precisamente para muchas personas en exclusión social (no es fácil obtener una cita presencial en poco tiempo, los formularios on-line son extensos y complejos, y existen hasta 25 posibles documentos que entregar). En este caso, se requieren medidas para simplificar el procedimiento de solicitud. Según los últimos datos, de las más de 1,3 millones de solicitudes registradas se han denegado 740.000.
En este momento el Ingreso Mínimo apenas se está abonando a 260.206 hogares. El objetivo eran 850.000
PSOE y Unidas Podemos llevan meses negociando de forma discreta cómo solucionar esta situación que está afectando a una de sus medidas estrella de la legislatura. En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está preparando una subida de la prestación en la recta final del año que tendrá como potenciales beneficiarios a 140.000 familias. Así está recogido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, en concreto, en el denominado 'componente 22', que contiene el 'Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión'. Supondrá un avance.
La parte morada de la coalición logró, en esta misma línea, la semana pasada desbloquear la ley que seguía varada en el Congreso desde hacía meses. De esta forma, gracias a un acuerdo con el PSOE, la Mesa del Congreso que se prevé reunir este martes tiene previsto cerrar el plazo de enmiendas a esta norma y, por tanto, iniciar la tramitación de la legislación que debería mejorar el Ingreso Mínimo. Unidas Podemos ya prepara toda una batería de enmiendas para acometer estos cambios que agilicen la prestación.
La formación liderada por Yolanda Díaz ha llegado a hacer pública su discrepancia con los socialistas por el "mal funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital en su forma actual". "Ante la realidad de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, con la urgencia añadida a causa de la crisis económica derivada de la epidemia", el grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común reclamó a sus socios "el desbloqueo del proyecto de ley para que se pueda tramitar y se puedan efectuar las mejoras pertinentes". Ahora queda pactar las enmiendas, algo que no será tampoco sencillo ante las reticencias de Seguridad Social.
No son los únicos cambios que va a experimentar el Ingreso Mínimo en los próximos meses. De acuerdo con el calendario de implementación de la reforma remitido a Bruselas, en este segundo trimestre de 2021 se va a llevar a cabo la definición y puesta en marcha del modelo de gobernanza para la inclusión, a partir del desarrollo reglamentario de la Comisión de seguimiento del IMV y del Consejo Consultivo previstos en la ley. Ya en 2022 se desarrollará el reglamento pendiente y se presentará el plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones no contributivas de la AGE. Asimismo, para finales de ese año se prevé tener listo el desarrollo reglamentario del incentivo al empleo vinculado al IMV y en 2023 se modificará la normativa para integrar en el Ingreso Mínimo las prestaciones previstas en el plan de reordenación.
Una negociación política protagonizada por Iglesias
Hace justo un año Iglesias y Escrivá compartían mesa y mantel para cerrar lo que habían sido semanas de duro trabajo y tensión. La negociación política en el seno del Gobierno arrancó en uno de los Consejos de Ministros más importantes de la pandemia, el del 18 de marzo de 2020. Con el país confinado, el exvicepresidente segundo puso sobre la mesa una Renta Mínima. El Gobierno se dividió pero Iglesias habló con Sánchez y la acogida no pudo ser mejor: acordaron poner en marcha una prestación para quien se quedara sin ingresos. El presidente del Gobierno ordenó entonces a Escrivá activar la maquinaria.
Pero no todo iba a ser tan sencillo. El ministro se dio cuenta inmediatamente del ingente trabajo que tenía por delante para definir qué es un hogar vulnerable y afinar la prestación. Pidió la colaboración de la Agencia Tributaria y ordenó a sus equipos echar horas de más. Lo mismo el Ministerio de Pablo Iglesias que, con Nacho Álvarez a la cabeza, que comenzó a trabajar de forma intensa en diseñar la prestación. Tres nombres, junto a sus equipos, son piezas esenciales en este trabajo en la sombra: el del propio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales; el de Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social; y el de Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. Ellos fueron los cerebros del Ingreso Mínimo Vital.
Eran momentos de dudas. Se llegó a hablar de retrasar el Ingreso Mínimo y fue entonces cuando Iglesias planteó una "Renta Mínima puente". Entre medias se produjo un hito. Iglesias llamó a tres grandes empresarios del Ibex. Fue una maniobra que buscaba conocer si apoyarían una renta mínima. Habló con Ana Botín (Santander), Pablo Isla (Inditex) y José María Álvarez-Pallete (Telefónica). Nunca antes el vicepresidente había tenido una conversación con estos actores económicos. La acogida es la que se esperaba: apoyo unánime. También habló con Antonio Garamendi, aunque la reacción de la CEOE no fue la misma. La patronal se sinntió en un primer momento utilizada y rompió temporalmente con el Gobierno, aunque la situación fue encauzada rápidamente a través de dos llamadas telefónicas.
El martes 14 de abril de 2020 es otro día decisivo para el Ingreso Mínimo Vital. Sánchez e Iglesias se citan por la tarde, a solas, y en privado, tras un Consejo de Ministros en el que el vicepresidente poner sobre la mesa la medida y el presidente le responde que ese asunto no estaba en el orden del día y que ya lo hablarían ellos más tarde. Hablan por teléfono largo y tendido. Iglesias le plantea la urgencia de las familias que no pueden pagar el alquiler o los recibos de los suministros básicos. El presidente le confirma que habrá prestación y que será inminente. Moncloa pide entonces a Escrivá que el proyecto debe estar cerrado en el mes de mayo para empezar a cobrarse en junio. Acuerda, además, que sea una prestación definitiva. Es el espaldarazo definitivo al proyecto social estrella, con permiso de los ERTE.
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