Hasta seis comunidades autónomas tendrán algún tipo de impuesto, tasa o canon que gravarán las energías renovables en el primer semestre de este año. La mayoría coincide en penalizar actividades que -supuestamente- inciden en el medioambiente. Aragón es la última región en sumarse a la lista pese a las advertencias del sector del frenazo que puede suponer para la comunidad en lo que respecta al desarrollo de tecnologías 'verdes' y el empleo asociado.
El Gobierno de Aragón, formado por el Partido Popular y Vox, ha aprobado el nuevo impuesto que gravará las plantas de renovable (instalaciones eólicas y solares fotovoltaicas) en función de su impacto en el medioambiente. Además, modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte y energía eléctrica de alta tensión. La tramitación se inició en diciembre de 2022 por parte del anterior Ejecutivo que lideraba Javier Lambán (PSOE). Prevé recaudar como mínimo 30 millones de euros al año y al menos la mitad del dinero iría a un fondo de compensación para los territorios afectados por esas instalaciones.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de las que forman parte las principales energéticas del país, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa o Acciona, entre otras, fueron las primeras en reaccionar y ponerse en armas. Lanzaron un contundente mensaje: corren grave peligro miles de millones en inversiones y miles de empleos.
"Coste mínimo en comparación con los beneficios"
Por el contrario, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha descartado que pueda desincentivar el ánimo inversor de las empresas. En su opinión, el coste es mínimo en comparación con los beneficios, ya que habrán bonificaciones para los nuevos proyectos y exenciones para las empresas que creen riqueza y empleo en el territorio.
Aragón es la quinta comunidad con mayor potencia renovable instalada. En concreto, posee casi 9.000 MW 'verdes' instalados, según los datos de Red Eléctrica de España (REE). Pese al gran despliegue, aún está lejos de las tres primeras. La comunidad tiene un alto potencial eólico y fotovoltaico y, de hecho, se espera que experimente un gran desarrollo. No obstante, las patronales aseguran que la creación de impuestos regionales específicos puede poner en peligro este impulso.
En la actualidad, según los datos recabados por La Información de REE, solo tres comunidades autónomas agrupan casi la mitad de los megavatios 'limpios'. Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía suman 36.182 MW renovables, lo que supone el 47,2% del parque renovable, según los datos del operador del sistema eléctrico. La primera es líder indiscutible con 13.039 MW y la Junta de Castilla y León estima que sumará otros 3.000 MW en los próximos tres años. Por su parte, Castilla-La Mancha supera ya los 12.000 MW de potencia instalada de energía renovable, mientras que Andalucía ronda los 11.050 MW.
Galicia fue pionera con el canon eólico
Galicia es territorio pionero en el establecimiento de este tipo de tasas. Creó el primer canon eólico de España en diciembre de 2009 bajo gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Cuenta con cinco impuestos que gravan la producción energética. Además, la Xunta ha creado recientemente un sexto impuesto para la eólica marina a modo de réplica del canon eólico previamente existente (cables de evacuación en tierra).
De su lado, Castilla y León también tienen un impuesto sobre la afección medioambiental causado por aprovechamientos del agua embalsamada, así como por los parques eólicos, centrales nucleares e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Castilla-La Mancha también dispone de impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente así como un canon eólico. Entre las tres recaudan unos 100 millones de euros anuales. Cantabria cuenta con el suyo desde 2022.
En definitiva, son impuestos, tasas o cánones que dejan fuera pequeñas instalaciones y el autoconsumo y que, de momento, se centra en la energía eólica y no se aplican a las plantas solares fotovoltaicos. Lo más común es que se calcule en función del número de aerogeneradores del que disponga el parque, su potencia o de la electricidad que viertan a la red.
Endesa sufre en Cataluña
El caso de Cataluña es diferente y la que más lo sufre es Endesa. El impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente ha ido en aumento para la compañía y tan solo en 2022 -según los últimos datos disponibles- pagó 140 millones de euros, lo que supone un incremento del 28% en comparación con el ejercicio precedente. El impuesto grava la producción, almacenaje y transformación de energía eléctrica.
La tasa general es de 0,0050 euros por kilovatio hora (0,0010 euros para los ciclos combinados) y también afecta al transporte de electricidad, quedando exentas las instalaciones de tensión inferior a 30 kV y las de evacuación de producción renovable. El tipo de gravamen es de 400 euros por cada kilómetro de longitud en tensión igual o superior a 30 kV e inferior a 110 kV; 700 euros por cada kilómetro en tensión igual o superior a 110 kV e inferior o igual a 220 kV, y 1.200 euros por cada kilómetro en tensión superior a 220 kV.
No obstante, deja fuera la generación hidráulica y eólica, así como al resto de renovables. Tampoco afecta a las centrales que utilizan como combustible principal la biomasa o el biogás ni a las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia. El impuesto entró en vigor el 1 de mayo de 2020 y ese año Endesa abonó 54 millones de euros por este concepto. Un año más tarde, con el gravamen ya aplicado durante un ejercicio completo, desembolsó 109 millones de euros.
