Si hay un organismo que representa y canaliza el sentir y el estado de opinión de la élite empresarial del país ése es el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Desde su fundación en el año 1992 gracias al impulso entre otros del recientemente desaparecido Mariano Puig - homenajeado con honores en la última edición del Congreso Nacional del lobby, celebrado esta semana en Pamplona - el Instituto se ha convertido en la casa común de las principales sagas familiares del mundo de la empresa española, que participan activamente en su operativa y se suceden cada dos años en la Presidencia. La nómina de expresidentes del IEF da testimonio de la implicación de sus socios más ilustres: Francisco J. Riberas (Gestamp), Ignacio Osborne (Grupo Osborne), Javier Moll (Prensa Ibérica), José Manuel Entrecanales (Acciona), Isak Andic (Mango), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Juan Roig (Mercadona), por citar sólo los de la última década.
El Congreso Nacional del Instituto se ha consolidado hace tiempo ya como el evento empresarial más importante del año. Allí se dan cita año tras año medio millar de los empresarios más exitosos y más poderosos del país, allí trasladan sus opiniones sobre la marcha de la economía y sus expectativas de futuro y allí vierten su visión sobre la actualidad política y económica. Y allí han ido haciendo acto de presencia también año tras año con puntuales excepciones los presidentes del Gobierno de turno para escuchar lo que les tenían que decir, trasladarles lo que tenían interés en contar o, simplemente, estar allí. Hasta que llegó Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno declinó este año una vez más la invitación del Instituto para acudir a su tradicional cónclave anual, del que se ha ausentado los últimos tres años alegando cuestiones de agenda. En esta ocasión fue la ministra de Industria, Reyes Maroto, la que cubrió la vacante presidencial y ejerció de 'ministra de jornada' del mismo modo que hicieron el año pasado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y en 2019 la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La espantada del presidente fue uno de los temas recurrentes de conversación en los corrillos de empresarios entre sesión y sesión o en las pausas cafés, según conceden varios de los presentes, pero en un tono bien diferente al de otros años. "Diría que se ha pasado de la indignación a la indiferencia. Si no quiere venir, allá él", aseguraba uno de los empresarios familiares presentes en Pamplona.
Para el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Marc Puig, en su último año de mandato, no era sin embargo un asunto que dejar pasar. En una referencia insólita Puig dedicó un momento de su discurso de clausura a lamentar la pertinaz ausencia del presidente del Gobierno en el Congreso y recalcar que le hubiera gustado que estuviera presente para apreciar de primera mano la labor que realizan los empresarios familiares. El Instituto de la Empresa Familiar libra desde hace tiempo, pero particularmente desde el año 2018, una batalla por reivindicar el compromiso de la empresa familiar con sus trabajadores, con su entorno más inmediato y con la sostenibilidad, frente al relato mantenido al menos por una parte del Gobierno en relación a las supuestas ventajas de que disfrutan las grandes empresas del país frente a las pymes.
Una relación casi inexistente
El distanciamiento en el relato también se ha producido en lo institucional. El relevante papel que históricamente ha desempeñado el Instituto de la Empresa Familiar como interlocutor empresarial de referencia en el afinamiento de iniciativas legales e incluso en el apoyo estratégico al despliegue de proyectos gubernamentales tan ambiciosos como la implantación de la FP dual se ha diluido en los últimos años hasta el punto de salir del círculo al que el Gobierno consulta sus iniciativas, incluso las que afectan de forma directa a las empresas.
Los empresarios familiares entienden que esa desconexión no es ajena a los tumbos regulatorios que está dando el Gobierno en aspectos tan críticos para el adecuado funcionamiento del tejido productivo como la política fiscal, la política energética o la política de vivienda. "Se legisla con prisas, sin consultar a los sectores afectados y sin conocer las consecuencias que las medidas pueden traer a las empresas y, claro, luego hay problemas", lamentaba uno de los empresarios asistentes al Congreso.
El incómodo precedente del Congreso de Valencia
La relación del Instituto de la Empresa Familiar con el presidente del Gobierno se torció casi desde el primer momento. La única presencia de Sánchez en un Congreso Nacional de la Empresa Familiar tuvo lugar en Valencia, en el año 2018, apenas cuatro meses después de la moción de censura y en un clima ciertamente cargado por los anuncios del Gobierno en relación a subidas fiscales a las grandes empresas y otras medidas regulatorias para acabar con las supuestas ventajas que les concede la ley, y por el acuerdo presupuestario con Podemos, principal ariete de las invectivas públicas contra la gran empresa.
Por si esto fuera poco el presidente se presentó tres cuartos horas de tarde, lo que acabó de indignar al auditorio. Lo que vino después tampoco ayudó. El entonces presidente del IEF, Francisco J. Riberas, presidente de la empresa de componentes del automóvil Gestamp, no se cortó a la hora de leerle la cartilla a Sánchez por su inclinación a las medidas cortoplacistas para mantenerse en el poder tras la mocion de censura y tras escuchar el inventario de agravios sin torcer en gesto el posterior discurso del presidente fue recibido con una frialdad apenas quebrada por unos segundos de aplausos de cortesía. La experiencia no le debió resultar muy satisfactoria al presidente del Gobierno que desde entonces ha evitado regresar a ese foro.
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