Este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, reaccionaba a la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Ejecutivo desde el Ministerio de Trabajo y Economía, sin embargo, las políticas de su cartera no protagonizaron la breve intervención. La líder de Sumar puso el foco en "dotar de contenido" al punto y aparte anunciado por el secretario general del PSOE "cumpliendo íntegramente con el acuerdo de investidura". El documento firmado en octubre recogía materias como la reducción de la jornada laboral, la indemnización por despido o blindar el SMI en el 60% del salario medio por ley; pero este socio de la coalición busca poner el acento ahora en la reforma de la 'ley mordaza' y el Consejo General del Poder Judicial.
Para los representantes de Sumar se abre una nueva etapa dentro de la legislatura, como han recalcado el portavoz Íñigo Errejón, el ministro Ernest Urtasun o la propia Díaz: "Lo que ha pasado estos días es muy importante y debe representar un antes y un después". El espacio político situado a la izquierda del PSOE quiere que el discurso de Sánchez se traduzca en hechos y trata de hacerlo con cuestiones que le sitúan en línea con otros actores políticos como EH Bildu, ERC o Podemos. El Gobierno trató de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana durante la pasada legislatura, pero no consiguió cerrar un acuerdo con sus socios, mientras que la negociación entre PP y PSOE para renovar el CGPJ se ha visto interrumpida por la dimisión del comisario de Justicia, Didier Reynders.
La reducción de la jornada laboral, en el aire
Al inicio de su intervención, la ministra de Trabajo sí había hecho una mención a la necesidad de conseguir "más derechos" entre los que ha situado la jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales que debería entrar en vigor en 2025, de acuerdo con el texto pactado con el PSOE. No obstante, este punto ocupó un lugar secundario frente a las otras dos cuestiones más políticas en un día que no solo estaba marcado por el anuncio del presidente del Gobierno, sino por el inicio de la campaña electoral en Cataluña. El departamento que tutela Díaz decidió dar un paso al lado en materia de jornada laboral y lleva dos meses sin convocar a los agentes sociales para tratar la jornada laboral; la patronal y los sindicatos, por su parte, tratan de avanzar hacia un acuerdo de forma discreta en la mesa de diálogo bipartito.
Sánchez y Díaz pactaron antes de la investidura que la jornada se recortaría en 2,5 horas en 2024 para al año siguiente reducirse en otra hora adicional, por lo que desde los sindicatos urgen a cerrar la materia antes del verano. Si bien, si finalmente no se cumple con el calendario acordado y se produce un retraso, las consecuencias serían meramente políticas por el incumplimiento de un compromiso electoral. En cambio, ambos responsables políticos tienen pendiente sobre la mesa la reforma del subsidio por desempleo, vinculado al cuarto pago de los fondos europeos y que llegó en enero al Congreso de los Diputados, pero decayó por el voto en contra de Podemos.
Sin margen para aprobar el subsidio a tiempo
El pago de 10.000 millones de euros se verá recortado si Díaz no consigue aprobarlo dentro del plazo pactado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y la Comisión Europea. El Gobierno no admite que este es el escenario sobre el que trabaja, pero fuentes del departamento de Díaz daban por imposible aprobarlo antes del 20 de mayo haces semanas, tal y como publicó este medio. Además, sigue en curso la negociación abierta a este respecto con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT sin que se hayan producido nuevos intercambios de papeles más allá del compromiso de mejorar el tratamiento de los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría mujeres. Los sindicatos han elevado la voz por esta cuestión y han mantenido contactos con los grupos políticos con el fin de agilizar su aprobación, no obstante, sigue parada.
La actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) ha sido otra de las principales bazas económicas de Sumar en el seno del Ejecutivo y que a su vez está muy ligada con la reforma del subsidio, dado que determina la cuantía que percibirá el desempleado. El equipo de Díaz lo incluyó entre las exigencias internas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero la renuncia a sacar unas cuentas públicas dejó la demanda en papel mojado, pese a ser una demanda clave de los representantes de los trabajadores en la citada negociación. El indicador quedó fijado en 2023 en 600 euros y el socio minoritario quería elevarlo un 3% para llevarlo a los 618 euros mensuales, lo que no sería suficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de 14 puntos que ha experimentado, según calcula CCOO.
El despido queda fuera de la agenda de 2024
Por el contrario, la ministra de Trabajo no ha hecho mención a la indemnización por despido, uno de los puntos en los que más distancia hay entre los socios, pero que también fue incluido en el acuerdo de coalición. Para Díaz es prioritario trasladar la Carta Social Europea y eliminar el tope máximo a la indemnización por despido, que actualmente es la cantidad equivalente a 33 días de salario por cada año trabajado. En su lugar, aboga porque el juez pueda determinar una cuantía que sí compense el daño causado al trabajador atendiendo a su situación personal (familiares a cargo, edad, si tiene hipoteca, carrera profesional). No obstante, el ala socialista no tiene el mismo parecer, según se refleja en las contestaciones de la Abogacía del Estado a las reclamaciones presentadas por los sindicatos.
Tanto UGT como CCOO han llevado la cuestión al Comité Europeo de Derechos Sociales, un órgano dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo. El grupo ya se ha pronunciado sobre la denuncia impulsada por el sindicato que lidera Pepe Álvarez, mas por el momento solo las partes conocen el fallo. Desde entonces, se ha abierto el debate sobre en qué medida el Ejecutivo está obligado a cumplir con lo que diga el órgano que vela por el cumplimiento del tratado internacional, mas el secretario de Estado de Empleo ya fijó que una resolución favorable a UGT o CCOO haría necesaria la reforma del despido tal y como está contemplado ahora en la ley.
