La negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se presentaba como la oportunidad perfecta para que el Ministerio de Trabajo y Economía Social consiguiese cerrar un acuerdo no solo con los sindicatos, sino también con la CEOE después de un año en el que el único punto de encuentro fue la estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Sin embargo, primero la negativa de la titular de Hacienda a estudiar la petición de los empresarios de trasladar el incremento del SIM a los contratos públicos y después, la amenaza del secretario de Estado de Empleo de que la patronal "pagaría las consecuencias" de no entrar en el acuerdo, han dinamitado las opciones de que Yolanda Díaz consiguiera una foto de familia al inicio del año.
Todo apuntan a que CEOE y Cepyme no respaldarán la propuesta del Gobierno para incrementar la renta mínima en un 4% hasta los 1.123 euros al mes, ya que esta era una condición 'sine qua non' para brindar su apoyo al aumento. Si bien, desde la patronal trasladan que su ejecutiva no se reunirá para tomar una decisión al efecto antes del próximo encuentro en el Ministerio de Trabajo, dado que se ha concedido autonomía a los negociadores para decidir si aceptar o no un porcentaje, en el caso de que se atendiera este requisito, así como la rebaja a las cotizaciones para el sector del campo. No obstante, las fuentes empresariales no ocultan que si el Gobierno no modifica su posición sobre la posibilidad de revisar las contratas, ofrecerán un 'no'.
Esta decisión que podría materializarse tras la cita que esperan que tenga lugar el próximo viernes, abriría la puerta a llevar a cabo una subida más ambiciosa en línea con las demandas de los sindicatos, quienes han reclamado un alza del 5% en 2024 que situaría el SMI en 1.123 euros mensuales en 14 pagas. Pero al mismo tiempo, también complicaría el terreno a la líder de Sumar de cara a sacar adelante la agenda legislativa del Ministerio de Trabajo de la mano del diálogo social, en un escenario ya de por sí tenso por haber aprobado la prevalencia de los convenios autonómicos sin haberlo sometido a debate con la patronal y los sindicatos -en contra de la reforma laboral-.
La última fase de la negociación y el cambio de postura de Trabajo, que llegó a apoyar a los empresarios frente a la posición de María Jesús Montero y ahora entiende que estos podrían haber previsto las diferentes subidas en sus líneas estratégicas, hacen desaparecer las opciones de que el salario mínimo interprofesional se elevara con un pacto a tres por primera vez desde 2020. Además, por primera vez las conversaciones descarrilan por una materia en parte ajena a la mesa, una vez comprobado que el porcentaje del alza no es el problema que distancia a empresarios y a sindicatos. Algo que también han reprochado los sindicatos, que a pesar de mostrar su apoyo en materia de indexación de los contratos públicos, recuerdan que esta no es la mesa para conseguir un cambio en la norma impulsada en 2015 por Mariano Rajoy.
Jornada laboral de 37,5 horas e indemnización por despido
Los secretarios generales de CCOO y UGT también han expresado su descontento con la prevalencia de los convenios pactada con el PNV, pero comparten las líneas generales de la batería de reformas que quiere poner en marcha el equipo de Yolanda Díaz; mientras los empresarios las rechazan de plano. La vicepresidenta segunda del Gobierno se ha comprometido a reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas en dos pasos, de manera que a finales de 2024 se alcanzarían las 38,5 horas semanales, según quedó fijado en el acuerdo de Gobierno sellado con el PSOE. Los sindicatos abogan por avanzar hasta conseguir una jornada máxima de 32 horas o cuatro días a la semana, aunque las patronales rechazan que se haga por ley y emplazan a estudiarlo en las mesas de negociación colectiva.
Díaz también trata de reformar la indemnización por despido improcedente, una idea que esbozó en diferentes ocasiones durante la pasada legislatura, pero que siempre emplazó como una tarea del segundo mandato. El Ministerio de Trabajo quiere cambiar de paradigma, desde la normativa actual en la que el empresario puede predecir cuánto le va a costar el cese de un trabajador (debido a que la indemnización se calcula en base a criterios objetivos como la antigüedad y el salario que este percibe) a un marco en el que se busque reparar el daño causado y por tanto, se valore la situación personal de ese trabajador, si debe hacer frente al pago de una hipoteca, si tiene hijos o en qué momento de su carrera profesional se encuentra.
Esta segunda reforma pendiente cuenta de antemano con la negativa de CEOE, ya que el no tocar esta cuestión troncal de la reforma laboral de 2013 fue un pacto tácito para respaldar la norma impulsada en 2021. En cambio se trata de una prioridad para los representantes de los trabajadores que han recurrido a las instituciones europeas, primero UGT y después CCOO para presentar una reclamación contra España por incumplir -a su criterio- lo estipulado en la Carta Social Europea (CSE). La Unión General de Trabajadores espera tener noticias sobre su caso durante el primer trimestre del año y que estas sean positivas, ya que el organismo ya dio la razón a los sindicatos de otros países como Francia por el mismo motivo.
