La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, está apurando las horas para convencer a los socios de investidura de que apoyen su reforma laboral en la votación que tendrá lugar este jueves en el Congreso de los Diputados. En un último movimiento para intentar sumar a ERC, la ministra les ha ofrecido reforzar la Inspección de Trabajo, según revelan a La Información fuentes conocedoras de las conversaciones que se están manteniendo estos días entre los equipos negociadores. Es una de las vías que la vicepresidenta ha encontrado para tratar de sumar a Esquerra al bloque del 'sí' sin tocar ni una coma del acuerdo alcanzado con los agentes sociales, tal y como ha impuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Este Gobierno nunca se levanta de una mesa, quedan 24 horas de negociación. Hay tiempo. Hemos planteado propuestas respetando el acuerdo de diálogo social que no han sido respondidas. Instamos a ERC que nos sentemos con seriedad a negociar en una mesa. Hay tiempo". ha asegurado este miércoles la vicepresidenta Yolanda Díaz tras la sesión de control en el Congreso. Desde la bancada, ha elevado la presión a los socios afirmando que "los grupos políticos que voten en contra van a tener que explicar a los trabajadores y trabajadoras porque el viernes se van a levantar con menos derechos de los que ya tienen".
Ante esto, el portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "escucharán hasta el último minuto", pero que "para escuchar te tienen que hablar". Y acto seguido ha denunciado, en contra de las palabras de Díaz, que el Gobierno no quiere negociar. "No se mueven en nada", ha aseverado. Sobre la presión que está intentando ejercer la vicepresidenta, Rufián ha señalado que si el Ejecutivo no negocia, "la responsabilidad no es de ERC ni de nadie que vaya a votar en contra, es de quien no quiere negociar". Para el portavoz republicano catalán, alguien en el Gobierno se ha "pasado de frenada" al pensar que ERC iba a "firmar (la reforma laboral) como si fueran las tablas de Moisés".
Entre bambalinas, fuentes de ERC aseguran a La Información que en lo único que el equipo de Díaz ha planteado movimientos es en reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. "En nada más", zanjan. Pero Esquerra rechaza esta oferta de última hora porque aseguran que es algo que ya está contemplado en los Presupuestos de la Generalitat. Los republicanos catalanes insisten en sus exigencias principales: que se eleve la indemnización por despido y que se recuperen los salarios de tramitación para apoyar la reforma laboral en la votación de este jueves.
La semana pasada, los socios del Gobierno (ERC, EH Bildu, CUP y BNG) firmaron un manifiesto en el que plasmaron sus demandas. Para empezar, que se establezca la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, así como el "blindaje jurídico" de los Acuerdos Interprofesionales autonómicos y que se reconozcan y blinden así los marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados. Esta es una medida que aceptarían los sindicatos, pero que supone una línea roja para la CEOE, que ya rechazó el asunto en la mesa de negociación y vendió su retirada de los borradores como un logro a nivel interno entre sus socios.
Los partidos también exigen al Gobierno que recupere la autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, recuperando para ello las causas objetivas previas a la Reforma Laboral del 2012. De nuevo, un punto que rechaza de plano la patronal, que reclama flexibilidad y ha cuestionado que el Ministerio de Trabajo haya introducido medidas en esta dirección "por la puerta de atrás", elevando el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al margen de la reforma laboral negociada.
En el manifiesto político los firmantes también reclaman medidas para atajar la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial, centrada en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de pérdidas previstas actualmente. "Asimismo, el descuelgue de las condiciones laborales y salariales basado en causas justificadas deberá quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical", demandan. Una cuestión que, nuevamente, no se ha consensuado en la mesa de diálogo con los agentes sociales.
El punto más polémico del escrito es el relativo a la recuperación de la indemnización por despido improcedente, incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. También reclaman la recuperación de los salarios de tramitación. Pero este apartado es una línea roja no solo para la patronal, sino también para el propio Gobierno, ya que la propia Yolanda Díaz ha admitido que Unidas Podemos intentó introducir este cambio en el acuerdo de coalición pero el PSOE lo vetó. Además, iría en contra de las recomendaciones de Bruselas, por lo que tiene difícil encaje en la reforma.
También se insiste en la necesidad de recuperar la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa. "A los convenios de empresa les corresponderá la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector", zanja el manifiesto. Adicionalmente, se pide restaurar las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva y recuperar la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada, así como medidas orientadas a reordenar el tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral, para facilitar la conciliación.
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