El Gobierno tiene sobre la mesa la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril. En paralelo, planea también ampliar la hibernación de la economía y, en consecuencia, el cierre de todas las actividades no esenciales al menos hasta esa misma fecha. Pero adicionalmente tiene que decidir si prolonga el denominado 'permiso retribuido recuperable' que aprobó de manera extraordinaria para los trabajadores obligados a quedarse en casa hasta el día 9 de abril. La artífice de esta última medida, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, se debate entre habilitar más días de 'vacaciones pagadas' a cargo de las empresas o asumir una nueva oleada de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a costa de los recursos públicos. La decisión aún no está tomada.
Es el gran dilema. El Ejecutivo optó por la figura del permiso retribuido recuperable, las vacaciones forzosas que todos los trabajadores de los sectores no esenciales deben tomar desde el pasado 30 de marzo y hasta el próximo jueves, 9 de abril, como medida extraordinaria para ejecutar el cierre casi total de la economía evitando una sangría mayor del empleo en los datos oficiales. No en vano, estos permisos los pagan las empresas, que deben negociar con los trabajadores cómo se van a devolver las horas perdidas en lo que resta de año, hasta el 31 de diciembre. De este modo, el Gobierno ha conseguido que esos ciudadanos se queden en casa cobrando su salario habitual y no una prestación pública por desempleo.
"Como prorroguen las vacaciones pagadas 10 días más, los empresarios salen a manifestarse con mascarillas", advierten en la patronal. Por supuesto, esa no es una opción viable en estos momentos, pero con esta advertencia los empresarios quieren trasladar su rechazo a estos permisos, que fueron impuestos por el Gobierno sin consultarles, según denunció el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Hubo comunicación, pero no consulta, pues el Gobierno puso en conocimiento de la patronal que se iban a paralizar las actividades no esenciales poco antes de que Pedro Sánchez anunciara la decisión el sábado 28 de marzo.
Las organizaciones empresariales respetan las decisiones de las autoridades sanitarias y están de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en que la prioridad en estos momentos es frenar la curva de contagios y ganar la batalla al coronavirus. Sin embargo, les invade una gran preocupación sobre el impacto que esta crisis sanitaria va a tener en la economía y el empleo. Por eso, y aun anteponiendo la salud a cualquier otra consideración, defienden que al tratarse de una situación de fuerza mayor, no deben ser las empresas sino el Estado el que corra con los costes. Y en base a este argumento rechazan de plano una eventual prolongación en el tiempo de los permisos pagados.
La teoría que se está manejando en la CEOE es que el Gobierno, en una iniciativa capitaneada por Díaz, optó por la vía de los ocho días de vacaciones retribuidas para ganar tiempo ante la avalancha de solicitudes de ERTE que ha colapsado las oficinas públicas de empleo desde la imposición del estado de alarma. De este modo, las empresas obligadas a suspender su actividad no esencial durante los últimos días de marzo y las dos primeras semanas del mes de abril han tenido la opción de acogerse a estos permisos sin optar por los ERTE. Pero ante el escenario más que probable de que se prorroguen las medidas de confinamiento, incluida la paralización de la actividad de estos negocios, y si no se alargan los permisos, a estas compañías no les quedará más remedio que hacer ajustes de plantilla.
"No contemplamos la posibilidad de la prórroga del permiso retribuido recuperable porque supondría una factura tremenda para las empresas y esperamos que el Gobierno no opte por esa vía", comenta un dirigente empresarial que incide en la "problemática" que ya de por sí va a suponer para empresas y trabajadores negociar la devolución de las horas no trabajadas durante estos ocho días. "Si esto se alarga 10 días más y los empresarios tienen que seguir pagando los sueldos sin generar ninguna ganancia productiva, habrá muchas quiebras", añade.
En el Ministerio de Trabajo, de momento, guardan silencio sobre esta cuestión. Las fuentes empresariales consultadas insisten en dar por descontado que igual que se prolongará el estado de alarma y el confinamiento de la población también lo hará el cierre de facto de la economía, pero confían en que el Ejecutivo no apruebe más permisos retribuidos para los trabajadores. Eso sí, también auguran que la finalización de la vigencia de estos permisos combinada con la obligación de que los trabajadores se queden en casa va a provocar otra avalancha de ERTE que podría afectar a unos cinco millones de personas.
"Un ERTE masivo de cinco millones de personas"
"Será un ERTE masivo", avisan los empresarios, que han estimado estos cálculos en base a los trabajadores que podrían estar en estos momentos en la situación de permanecer confinados en sus domicilios, pero sin teletrabajar. Lo que piden al Gobierno es que explique cuanto antes qué va a pasar a partir del 9 de abril para que no vuelva a producirse el caos que generó el retraso de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley que dejó a la economía funcionando al ralentí. Hay que recordar que el texto no se hizo público hasta minutos antes de las doce de la noche del domingo y cientos de miles de trabajadores no sabían si tenían que acudir a sus puestos de trabajo en apenas unas horas.
Los empresarios piden al Ejecutivo que aclare la situación para poder planificar y poner en marcha, en caso de que sea necesario, sus ajustes de plantilla. En muchos sectores ya tienen asumido que la actividad se va a retomar de manera muy gradual y que esa apertura progresiva no se va a producir en ningún caso antes del mes de mayo. En ámbitos como el turismo y la hostelería ya se da por perdida la temporada de verano ante las medidas de confinamiento implantadas no solo en España, sino en todo el mundo. Y en este contexto ven muy complicados todos los escenarios: tanto la recuperación de las horas perdidas en caso de alargarse los permisos pagados como el mantenimiento del empleo durante los meses posteriores a un eventual ERTE. "Nos va a costar levantar cabeza", lamentan.
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