Bajo la presidencia española 

Calviño se despide del Ecofin con un acuerdo sobre las reglas fiscales de la UE

Los países con una deuda superior al 90% deberán rebajarla en un punto anual y se fija una reducción del 0,4% del déficit estructural primario, esto es, sin que se tenga en cuenta el pago de intereses, para quienes superen el 3%.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa
Saioa Hermosa / Ministerio de Economía

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han logrado sellar finalmente un acuerdo sobre la gobernanza europea en la reunión telemática que han mantenido este miércoles. Lo han hecho después de meses de intensas negociaciones que han llevado a Francia y Alemania, los dos países cuyas posiciones estaban más enfrentadas, a ceder para sacar adelante las nuevas reglas fiscales. El momento no puede ser más oportuno, dado que a partir del próximo 1 de enero dejará de estar vigente la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ha permitido a los países elevar su gasto y su deuda para poder hacer frente a las consecuencias de la pandemia, primero, y de la crisis inflacionaria, el choque energético y la guerra de Ucrania, después. 

Este hito, que se ha logrado en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo, ha sido una de las apuestas fuertes de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, que a partir del mes que viene abandonará el Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), siendo la primera mujer y la primera española en ejercer el liderazgo del brazo financiero de la Unión Europea. 

Los Veintisiete han aprobado el texto propuesto por la presidencia española, que tomaba como referencia la senda de reducción del déficit y la deuda individualizadas que propuso la Comisión Europea, y que incorpora, además, varias salvaguardas para que Alemania y los conocidos como Estados frugales (Dinamarca, Suecia, Austria y Países Bajos) le dieran el visto bueno. Al mismo tiempo, tiene en cuenta las necesidades de inversión para afrontar la transición verde y digital, así como los ámbitos social y de defensa, tal y como demandaba París. 

Un tratamiento especial para las reformas e inversiones de los fondos Next Generation EU

Los países tendrán que presentar sus propios planes fiscales a cuatro años, con la posibilidad de ampliar el periodo de ajuste a siete años para que puedan llevarse a cabo las inversiones y reformas estratégicas. Para facilitar la transición al nuevo marco, se establece un tratamiento especial de las reformas e inversiones de los Planes de Recuperación Next Generation, así como de la cofinanciación nacional de otros fondos europeos.

El texto incorpora, así, cuatro tipos de salvaguardas para garantizar la reducción sostenida de la deuda, el impacto contracíclico y un sistema de control y supervisión de estas reglas fiscales más realista y eficaz. Para todo el periodo de ajuste se tomará como indicador de referencia la senda de gasto para cada país, recogiéndose en una "cuenta de control" las posibles desviaciones acumuladas.

Umbrales para reducir el déficit y la deuda

Para garantizar la disminución de la deuda y el margen fiscal, se fijan umbrales de referencia para todos los países con el fin de garantizar una reducción efectiva media anual de un punto porcentual de la ratio de deuda para países aquellos cuyo pasivo supere el 90% de su PIB, como es el caso de España, cuyos números rojos despidieron el año pasado en el 113,2% del PIB. La reducción anual deberá ser del 0,5% para aquellos cuya deuda se sitúe entre el 60% y el 90%. 

En el caso del déficit, cuando supere el 3% de PIB, los países estarán obligados a aplicar un recorte estructural anual mínimo del 0,5% del PIB, el mismo que exigían las reglas anteriores. Los países con un déficit inferior al 3% tendrán que seguir corrigiéndolo hasta el 1,5% para contar con un 'colchón' al que poder recurrir en periodos de crisis. En concreto, tendrán que reducirlo un 0,4% al año, pero podrán bajar este esfuerzo al 0,25% si hacen reformas e inversiones. 

Sin embargo, habrá un régimen transitorio hasta 2027, de forma que si el Estado se compromete a hacer reformas e inversiones la senda de ajuste tendrá en cuenta el aumento del pago de intereses de la deuda que esté asumiendo por el alza de tipos. Es un guiño a Francia e Italia, que pedían que el ajuste anual fuese en términos estructurales primarios -sin tener en cuenta los intereses de la deuda-. Esto permite que el recorte sea más suave.

"El mejor acuerdo posible, en el mejor momento posible"

Son, en opinión de Calviño, reglas más creíbles y realistas porque responden a la realidad del mundo post-pandemia, en el que se ha producido un fuerte aumento del déficit y de la deuda para hacer frente a un choque sin precedentes. Además, y según ha explicado la 'número dos' del Gobierno en rueda de prensa, se adaptan a la situación específica de cada país. "Es el mejor acuerdo posible, un buen acuerdo, en el mejor momento posible", ha enfatizado Calviño, que lo ha tachado también de "equilibrado" con reglas más claras y realistas.

El objetivo, que entren en vigor cuanto antes

Una vez alcanzado el acuerdo político, se espera que en breve comiencen los debates sobre el texto acordado en la fase de negociación interinstitucional, conocida comúnmente como trílogos, donde participan las tres principales instituciones de la Unión Europea, esto es, el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la propia Comisión Europea. El objetivo es que puedan entrar en vigor lo antes posible. Tras este consenso proseguirán los trabajos técnicos para completar el texto jurídico de conformidad con el acuerdo provisional. 

Cuando se haya finalizado, ese documento se presentará al Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros (Coreper) para su aprobación. El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024, con efectos a partir de la planificación presupuestaria de 2025.

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