El proceso electoral para dirigir la CEOE entra en una nueva fase. Antonio Garamendi aspira a ser elegido por aclamación, como ha venido sucediendo prácticamente con todos los 'jefes' de los patronos desde la creación de la organización en el año 77. Si bien, en esta ocasión la posible entrada en escena de un aspirante alternativo impediría cumplir con ese guion -algo que solo ha sucedido en otras tres ocasiones previamente-. Esa opción puede complicar el proceso y aleja la posibilidad de que empresarios y sindicatos logren alcanzar un acuerdo sobre los salarios que sirva de base para el pacto de rentas antes de que finalice el año.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que cada vez tiene más respaldo la salida a escena de Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, como contrincante de Garamendi en los comicios. Como adelantó este diario, el presidente de los concesionarios provocó un auténtico terremoto en el seno de la patronal tras reconocer el mes pasado que estudiaba presentar su candidatura para dirigir la patronal los próximos cuatro años. En el entorno de Garamendi la noticia fue recibida, cuanto menos, con sorpresa.
La situación que atraviesa la patronal complica que los empresarios puedan sentarse a la mesa de negociación colectiva para llegar a un acuerdo salarial antes de la asamblea electoral del 23 de noviembre. Es la tesis que sostiene el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que este jueves reconocía en un acto público que las perspectivas para el pacto de rentas "no son positivas" ahora mismo y confiaba en que la patronal "vuelva" a la citada mesa a finales del mes que viene para reconducir la negociación.
Fuentes de la CEOE, sin embargo, inciden en que si no ha habido acuerdo hasta la fecha es porque la situación económica es muy complicada y en ningún caso tiene que ver con el proceso electoral abierto en la organización. Recalcan que hay contactos permanentes con los sindicatos, multitud de mesas y foros abiertos, así como reuniones periódicas en las que también se está abordando, de una forma discreta, la negociación colectiva. Es decir, evitando el foco mediático.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, también ha sido contundente al acusar a la CEOE de "borrarse del mapa" para que los trabajadores sean los que soporten, en exclusiva, los costes de la inflación. Sordo critica la "falta de corresponsabilidad" de los empresarios ante la crisis de precios que sufre España desde hace ocho meses, y que mantiene la inflación en el 8,9% en septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística. El líder de Comisiones lamentaba que del ejemplo de corresponsabilidad que dio la patronal durante la pandemia mediante los acuerdos que impulsaron los ERTE, hoy "desgraciadamente, no queda nada".
Por paradójico que resulte, esa apuesta de Garamendi por llegar a acuerdos clave que tanto se valoró de puertas afuera (las alzas iniciales del SMI, la reforma laboral, las prórrogas de los ERTE, la ley de teletrabajo o la 'ley Rider', entre otras) es la que le ha granjeado detractores dentro de su propia organización. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado esta misma semana al líder de los empresarios a que deje de bloquear las subidas salariales y vuelva a sentarse con los sindicatos a la mesa de negociación colectiva para avanzar en un acuerdo salarial marco (Garamendi estableció como línea roja que la subida salarial se vinculase directamente a la inflación).
La subida de las bases máximas de cotización en el entorno del 8,5% que recogen los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo ha sido el motivo del último enfrentamiento de la patronal con sindicatos y Ejecutivo. En todo caso, el último choque con sindicatos y con el Gobierno es a cuenta de la subida de las bases máximas de cotización que recogen los presupuestos de 2023, en el entorno del 8,5%. La patronal calificó esa medida de "inadmisible" y criticó que se hiciera "de espaldas" al diálogo social, pudiendo comprometer otras discusiones en marcha como la que tiene que ver con el pacto de rentas.
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