El Parlamento Europeo ha acordado junto al consejo Europeo una serie de nuevas normas para las empresas en torno a los Derechos Humanos y el medio ambiente. A partir de la aprobación de la ley, la Unión Europea (UE) obligará a las multinacionales a garantizar que sus proveedores fuera de la región a cumplan algunos criterios mínimos en estas materias.
Las empresa deberán evitar los posibles perjuicios de su actividad integrando en su modelo de gestión formas de asegurarse pidiendo garantías a la hora de adjudicar contratos de que sus socios no incurren en prácticas excesivamente dañinas de explotación laboral, trabajo infantil, contaminación o deforestación. Las compañías que no acaten esta directiva recibirán multas y otras sanciones.
En concreto, la UE impondrá multas económicas de al menos el 5% de la facturación neta mundial para los incumplidores con infracciones más graves, pero también promete "nombrar y avergonzar" a los culpables. La normativa establece que las propias empresas serán los encargados de compensar con indemnizaciones el impacto negativo del incumplimiento de la directiva por parte de los proveedores.
No se aplicará al sector financiero por ahora
Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno formal de los Veintisiete y de la Eurocámara para ser adoptadas, se aplicará a las compañías europeas con más de 500 empleados y una facturación mundial neta de más de 150 millones de euros. Se aplicarán igualmente a las compañías con más de 250 empleados y con una facturación superior a 40 millones de euros si al menos 20 millones proceden de sectores específicos como el textil, la agricultura, la pesca, las materias primas agrícolas o materiales de construcción, según recoge Europa Press.
También afectará a las firmas extracomunitarias con una facturación neta de al menos 300 millones de euros en la Unión Europea y cuya lista será configurada por la Comisión Europea. El sector financiero, no obstante, quedará temporalmente excluido del ámbito de aplicación de la directiva aunque se prevé una cláusula de revisión para reanalizar la situación en el futuro en base a una evaluación de impacto con datos suficientes.
Así las cosas, las compañías deberán integrar en sus políticas y sistemas de gestión de riesgos medidas de "diligencia debida", incluido un código de conducta, y adoptar un plan específico que garantice que su modelo de negocio cumplirá con la limitación del calentamiento global a 1,5°C. La legislación comunitaria deberá cubrir toda la cadena de suministro, de manera completa respecto de sus operaciones y las de sus filiales pero también de manera parcial respecto a las actividades posteriores de socios comerciales, por ejemplo en la distribución o reciclaje posterior de su producción.
