Esquerra Republicana de Catalunya ha puesto la distribución de los fondos públicos en el centro de una sesión de control al Gobierno centrada en los presuntos casos de corrupción que han aflorado en las últimas semanas. "Aceleren en la gestión y la financiación singular. Este es el acuerdo que suscribimos con ustedes para investirlo presidente con su Gobierno y también con sus socios. Si usted quiere que ERC apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cumpla con Cataluña" ha advertido al jefe del Ejecutivo la diputada Teresa Jordà i Roura en el Congreso de los Diputados, después de que Pedro Sánchez manifestase su intención de presentar las cuentas públicas en las próximas semanas.
Los republicanos han recordado al Gobierno de coalición que, para ellos, la única alternativa antes de conseguir la independencia es que sea Cataluña la que gestione las inversiones estatales dirigidas a los catalanes, que se traspasen los recursos para hacer estas inversiones o que sean iguales al peso de la economía catalana. En este sentido, Jordá ha acusado al Gobierno de ser "poco transparente" por haber dejado de publicar los datos de distribución de las inversiones del Estado en los diferentes puntos del territorio, algo que ha recordado están obligados a hacer por ley. "Solo se nos ocurren tres motivos" ha apuntado, que sea una "realidad incómoda", "una vergüenza monumental" o un "reiterado incumplimiento" con Cataluña.
La representante de ERC ha reprochado al Gobierno central que el año pasado solo se ejecutara un 40% del conjunto de lo presupuestado para Cataluña, mientras que para Madrid la proporción excedía el 100%. En contraposición, los republicanos han hecho gala de que la Generalitat ejecutó el 87% de sus cuentas públicas. No obstante, Sánchez ha matizado que en términos globales la ejecución del Gobierno de España en Cataluña es del 90% y que los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica van a alcanzar en 2024 una cifra récord que supera en un 10% al dato de 2023. "Les conmino a que empecemos a negociar en serio esos presupuestos que serán buenos tanto para Cataluña como para España" ha pedido el líder del PSOE.
El Ejecutivo sigue trabajando para poder aprobar las cuentas públicas a lo largo del primer semestre, que era la fecha que en principio se había puesto como referencia Hacienda. Por ello, Sánchez ha instado a sus socios parlamentarios a iniciar una negociación "en serio" de los PGE una vez tumbados los objetivos de estabilidad por segunda vez en el Senado -cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta- y teniendo por cierto que tendrán que remitirse a los límites remitidos a Bruselas en 2023, los cuales demandarán un mayor ajuste por parte de las comunidades autónomas. No obstante el PSOE también tendrá que acelerar la negociación interna, dado que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar recordaba esta mañana que están "lejos de un pacto" para las cuentas públicas.
Este estricto calendario se explica porque a partir de ese mes debería comenzar ya los trabajos para elaborar los PGE de 2025 que, de acuerdo con lo acordado en Bruselas para las nuevas reglas fiscales. Estos deberán incluir “un ligero ajuste fiscal” para hacer sostenibles las cuentas públicas. El Banco de España (BdE) han descartado que el Gobierno vaya a ser capaz de situar este año el déficit público en el 3% del PIB comprometido –desde el entorno del 4% al que habría despedido el año pasado- sin aplicar nuevas medidas para reducir el gasto o impulsar los ingresos, dado que la economía ya no crecerá con tanto vigor y la inflación se moderará de forma notable.
En su último Informe Trimestral de la economía española la entidad apuntaba también a ese necesario proceso de contención, coincidiendo con el momento en el que el Gobierno negocia con los grupos a contrarreloj el contenido de las cuentas del Estado. Tras el veto del Senado a los nuevos objetivos de estabilidad, las cuentas incluirán el mismo objetivo de déficit conjunto del 3%, pero con un reparto que exige más esfuerzos a las autonomías y a los ayuntamientos. Las primeras contarán con unos 1.500 millones de euros menos de capacidad de gasto y las entidades locales con 3.000 millones menos.
