'Habemus' acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC sobre la ley de amnistía y ese pacto, clave para la continuidad de la legislatura, da vía libre para que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Esto, pese a que sólo unas horas antes el Partido Popular (PP) ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado y ha tumbado de forma definitiva los nuevos objetivos de estabilidad -la senda de déficit por administraciones- y deuda para el periodo 2024-2026 por 146 votos en contra y 115 a favor.
Esta senda es la que el Gobierno pretendía emplear para confeccionar las cuentas públicas para este ejercicio. Según el ministerio de Hacienda este rechazo activa de forma inmediata los topes de déficit que recibieron el aval de la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para las comunidades autónomas y entidades locales que los que han decaído -tras ser rechazados en del pleno de la Cámara Alta hasta en dos ocasiones en menos de un mes-.
El Gobierno ha dado a conocer a última hora del miércoles el informe en el cual basa este movimiento. La Abogacía del Estado concluye, según el documento que ha avanzado Europa Press, que el rechazo de los objetivos de estabilidad por alguna de las Cámaras -como ha hecho el Senado- no afecta al "deber" del Gobierno de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues esta obligación ha sido impuesta directamente por la Constitución.
De este modo, el Ejecutivo podrá incluir en las cuentas del Estado las metas de déficit a las que Bruselas dio su aval a través del Programa de Estabilidad. Las cuentas públicas acumulan un retraso de más de dos meses, puesto que deberían haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, y la intención de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es sacarlas adelante lo antes posible. La ley de amnistía, de la que se conocerá la letra pequeña las próximas horas, despeja ese camino.
Este jueves la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reúne para votar dar luz verde a la proposición de ley para los encausados por el procés. El objetivo de Montero era tener todas las negociaciones bien atadas para evitar que, en un escenario en el que es muy complicado conformar las mayorías parlamentarias suficientes, el proyecto de los Presupuestos pudiera decaer. El Ejecutivo necesita el apoyo de los independentistas, los nacionalistas y el voto sin fisuras del bloque de izquierdas para poder sacar las cuentas adelante.
El veto a la senda resta 5.000 millones de capacidad de gasto
A lo largo de su intervención en la Cámara Alta, la vicepresidenta primera ha explicado que el rechazo a la nueva senda de déficit restará cerca de 5.000 millones de euros de capacidad de gasto a las comunidades autónomas y ayuntamientos. "La política de obstrucción del PP es realmente triste", ha asegurado, para afear además al principal partido de la oposición que prefiera perjudicar a los territorios donde gobierna y que ya han elaborado sus cuentas en función de estos objetivos más flexibles, sin que exista ningún tipo de explicación detrás de esta decisión.
El 7 de febrero el PP tumbó los objetivos por primera vez y obligó al Gobierno a volver a la casilla de salida del trámite parlamentario. El Ejecutivo tuvo que dar luz verde a esta misma senda en el Consejo de Ministros del 13 de febrero, la llevó después al Congreso, que la aprobó el día 29. Ahora los objetivos decaen y el Ejecutivo deberá pisar el acelerador si no quiere que la tramitación de los Presupuestos retrase también el inicio de la carrera para aprobar las cuentas del año que viene, que debería comenzar a lo largo del mes de junio. "Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024 y lo va a remitir a las Cortes Generales", ha asegurado Montero desde la tribuna del Senado.
Si Hacienda consigue cumplir su hoja de ruta podría aprobar las cuentas a lo largo del primer semestre. Serán unos presupuestos en los que el límite de gasto no financiero o 'techo de gasto' asciende a 189.215 millones de euros sin contar los fondos europeos y a 199.120 millones incorporando los Next Generation, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior y una cuantía récord. Se trata, sin embargo, de una cifra que Montero considera "prudente" y "realista". Junto con la senda de estabilidad, el Senado ha rechazado también el Plan de Reequilibrio que el Ejecutivo también sometía a debate y votación.
Una senda de déficit para cumplir con las reglas fiscales
En cuento a las metas de déficit. Se mantiene la global del 3% para poder cumplir con las reglas fiscales europeas, que vuelven a estar vigentes desde enero tras el parón por la Covid, la guerra y las crisis inflacionaria y energética. El conjunto de administraciones deberán seguir reduciendo su desfase hasta el 2,7% el año que viene y hasta el 2,5% el siguiente. Por niveles, las autonomías deberán ahora despedir 2024 en equilibrio presupuestario (déficit cero), mientras que los ayuntamientos tendrán que registrar un superávit del 0,2%.
En lo que respecta a la senda de reducción de la deuda pública, despidió el pasado ejercicio en el 107,7% del PIB, por debajo de lo previsto gracias al tirón de la economía y pese a que en volumen el pasivo público se incrementó. Ahora, el Gobierno prevé reducirla hasta el 106,3% del PIB este año, al 105,4% en 2025 y al 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se queda fijada en un 2,6% en 2024, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.
