102.548 siguen en ERTE

Los ERTE cuestan al Estado 25.900 millones de euros desde marzo de 2020

Los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social creen que el crecimiento de la afiliación seguirá siendo muy intensa en 2022. Ambos destacan el papel de los ERTE en el mantenimiento del empleo.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y el de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo MINISTERIO DE TRABAJO (Foto de ARCHIVO) 4/11/2020
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo.
MINISTERIO DE TRABAJO

Las prestaciones de los trabajadores incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) han costado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 17.700 millones de euros. Así lo ha indicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa en la que se han presentado los datos de paro y de afiliación correspondientes al mes de diciembre. Si a esta cifra se suman las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social, el coste se incrementa desde marzo de 2020 en 8.200 millones. En total, desde el inicio de la pandemia, el coste de esta herramienta es de 25.900 millones. En el último mes del año, todavía quedaban en esta situación 102.548 trabajadores, la mayoría vinculados a los sectores del turismo y la hostelería.

Pérez Rey y también el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, han subrayado el papel que ha jugado este mecanismo en el mantenimiento y la creación de empleo en 2021. Según los datos presentados este martes, en 2021 se crearon 770.000 empleos y el paro se redujo por décimo mes consecutivo. Lo hizo en 76.782 personas en diciembre, por lo que el número de personas desempleadas registradas por el SEPE fue de 3.105.905.

Un mes más, los empleados protegidos por los ERTE ha marcado un nuevo mínimo. Esta medida llegó a proteger a más de 4 millones de trabajadores en abril de 2020, una cifra que se ha ido reduciendo a medida que se han rebajado las restricciones para hacer frente a la pandemia. En el último año, los empleados en ERTE se han reducido en medio millón. La prestación que reciben los trabajadores y las exoneraciones, que rebajan los costes para las empresas, estarán en vigor hasta el 28 de febrero de 2022, después de la última prórroga.

Otra de las medidas puesta en marcha al inicio de la pandemia es la prestación por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia, que ha tenido un impacto sobre las cuentas públicas de 6.800 millones de euros entre 2020 y 2021. En cuanto a las exoneraciones, la cifra asciende a los 3.650 millones de euros, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ambos secretarios de Estado creen que este 2022 será "un buen año" en términos de empleo. Con todo Pérez Rey ha advertido que "habrá que estar atento a la crisis sanitaria y al impacto sobre las actividades". Preguntados por las incapacidades temporales derivadas del Covid, Arroyo ha afirmado que ha habido un incremento, aunque no ha precisado la cifra, pero ha señalado que "todos los mecanismos relativos al empleo siguen vigentes", haciendo referencia a las bajas y a los ERTE, así como a la prestación para los autónomos.

Cambio de tendencia

Los datos de contratación de diciembre demuestran que los contratos temporales siguen siendo mayoría, ya que los indefinidos representan el 10,3%. No obstante, el secretario de Estado de empleo cree que ya se ha producido un cambio de tendencia en la contratación "con un trabajo muy intenso de la Inspección". "La cifra de transformación de contratos ha sido extraordinaria", ha añadido. Sobre la nueva modalidad que establece la reforma laboral, Pérez Rey asume que se empezará a observar "cuanto antes" aunque de forma sostenida.

Sobre la negociación con el diálogo social -patronal y sindicatos- para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), ha explicado que se retomará cuando pasen las fiestas y se hará en dos líneas: siguiendo el informe de expertos que se presentó este verano y con la voluntad de alcanzar el 60% del salario medio, como establece la Carta Social europea.

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