El Gobierno va a vincular las exoneraciones de cotizaciones sociales a que las empresas acometan acciones formativas destinadas a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Así se lo han trasladado los responsables gubernamentales a la patronal y los sindicatos en la reunión celebrada este martes para negociar las condiciones de la prórroga del esquema que finaliza el próximo 30 de septiembre.
Fuentes del diálogo social explican que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una propuesta que vincula el mantenimiento de las ayudas por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social a que las empresas formen a los trabajadores en ERTE. Y además ha fijado un plazo para estas acciones formativas, que deberán llevarse a cabo entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, es decir, durante los próximos nueve meses.
Es la principal novedad de la propuesta del Gobierno, que ya había venido avanzando en las últimas semanas que la nueva prórroga de los ERTE marcaría una diferencia importante y se centraría en la formación de los trabajadores para evitar que se cronifiquen en su condición de 'zombies' del mercado laboral y puedan recualificarse para recolocarse en la empresa, en otra compañía o incluso en un sector distinto.
El planteamiento ha generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación dentro de la mesa, según han indicado fuentes del diálogo social. Si bien el Gobierno lleva tiempo trabajando en el nuevo Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo (MSE), que complementará a los ERTE en el marco regulatorio laboral y que permitirá a las empresas reducir la jornada de sus trabajadores cuando vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad por razones imprevisibles e involuntarias, y donde la formación jugará un papel clave para la mejora del capital humano.
Por lo demás, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales extender los ERTE hasta el 31 de enero. Pero en esta ocasión, la prórroga no se producirá de manera inmediata, sino que las empresas deberán solicitarla antes del 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. Pasado ese plazo, la Administración tendrá diez días para resolver la solicitud y en caso de no resolución se entenderá desestimada. Para UGT, "este punto, el del silencio negativo, ha generado mucha polémica y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud".
La propuesta del Gobierno también unifica las exoneración y mantiene el 100% para los ERTE de impedimento, del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y 40% las empresas mayores. Del mismo modo, se prorrogan todas las Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Real Decreto anterior y las situaciones de fijos discontinuos, según han trasladado desde UGT.
UGT ha vuelto a insistir en esta reunión en la necesidad de actualizar el contador a cero de las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados. Además, el sindicato ha presentado al Gobierno la necesidad de regular la situación de los damnificados por la erupción del volcán en La Palma, extendiendo las ayudas al conjunto de las Islas Canarias que se han visto afectadas por la erupción.
Las condiciones de la prórroga aún no están cerradas y los agentes sociales seguirán negociando este jueves para intentar cerrar un acuerdo que se pueda trasladar al Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes de que acabe el mes. De nuevo, con el tiempo justo, los interlocutores sociales intentarán cerrar un pacto para extender los ERTE hasta el 31 de enero, una fecha en la que todos coinciden para evitar que decaigan en plena campaña navideña.
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