El fondo de Escrivá, bajo lupa... sombras en la tabla de salvación de las pensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante en el Congreso de los Diputados su reforma laboral tras una votación de infarto, en la que los dos diputados díscolos de Unión del Pueblo Navarra (UPN) votaron finalmente en contra, un contratiempo que se salvó gracias al error a la hora de apretar el botón de un diputado del Partido Popular, que respaldó el texto. Pese a que el éxito no ha sido completo y sale tocada la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Yolanda Díaz, que hizo lo imposible para que los partidos de izquierda la respaldasen, y deja en el aire los posibles apoyos en la legislatura, el texto ha conseguido un consenso importante y el acuerdo, especialmente valioso, de los agentes sociales.

Tras salvar este frente, a la espera de reclamaciones judiciales de Partido Popular y Vox, que no impedirán que la reforma laboral empiece a andar hasta que los tribunales se pronuncien dentro de varios años, se presenta otro si cabe más complicado, como es sacar adelante la reforma de las pensiones que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema, que afronta una situación crítica por el aumento del número y el gasto en prestaciones y la llegada de los 'baby boom' a la edad de jubilación. La primera pata de esta reforma, que contempla las medidas menos traumáticas, entró en vigor el 1 de enero, y ha contado con el aval de empresarios y sindicatos y también mayoritario del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, ahora quedan los escollos más importantes, como el fondo público de pensiones, que incomoda especialmente a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), o el polémico sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos por sus ingresos reales. Pese a la buena voluntad inicial, los empresarios han empezado a desmarcarse, de forma cada vez más contundente, de las medidas que están  sobre la mesa, una dinámica que comenzó cuando a finales del pasado año se descolgaron del acuerdo sobre el mecanismo del Factor de Equidad Intergeneracional, que pone fin al de Sostenibilidad del PP, y que empezará a funcionar el 2023.

El consenso y el tiempo son claves para el desarrollo del fondo de empleo, que debería contemplar incentivos para los empresarios, coinciden los expertos

La crítica más dura de los empresarios a las últimas iniciativas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, van dirigidas al fondo público de empleo, que aseguran supone una nacionalización, es contrario a la competencia en su sector y están dispuestos a llevarlo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pero las incógnitas y las sombras de este mecanismo fuertemente implantado en Europa van más allá, aunque sin dejar de lado que contempla ventajas y si se cumplen las expectativas, se acogerán a él la mitad de los ocupados -diez millones-, la rentabilidad será alta -por las bajas comisiones- y habrá incentivos para los partícipes.

Un reciente estudio dirigido por Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, y en el que ha participado diferentes catedráticos, y que ha sido publicado por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), deja patente algunas claves para el desarrollo de este mecanismo, necesario, pero que requiere, para que sea efectivo, un largo periodo de negociación y consenso. Como ejemplo, el sistema británico, que requirió diez años de análisis y trabajo para sacarlo adelante y en que el trabajador es incluido por defecto en el mecanismo, en el que si aporta un 4% de su salario, el empresario aporta un 3% y el Estado un 1%. El informe destaca, que este sistema, como el estadounidense, cuenta con aportaciones del empresario y del trabajador, y también de las administraciones.

Otra de las recomendaciones, es la apertura a la competencia de estos mecanismos, la principal crítica de CEOE, con la posibilidad de que en cada uno de los fondos puedan existir varias entidades gestoras y depositarias, además de la posibilidad de varias opciones de inversión, dependiendo del perfil del partícipe. Asimismo, consideran necesario mantener los incentivos a los planes individuales, especialmente para los mayores de 50 años, y critican las forma abrupta en que se han eliminado estos. 

Los informes apuntan que es necesario no olvidar los incentivos a los planes individuales, especialmente para los mayores de 50 años

Los incentivos a los empresarios son otra de las claves y plantean que las  aportaciones a los sistemas complementarios de previsión social tengan una deducción del 10% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades y que no estén sujetas a cotización a la Seguridad Social las contribuciones empresariales a favor del trabajador a sistemas de empleo. Señalan que deberían permitirse que no sólo las contribuciones empresariales, sino también las aportaciones de los trabajadores a sus sistemas de empleo, puedan alcanzar los 10.000 euros anuales.

Por su parte, el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo constituido por empresarios, sindicatos y representes de distintos sectores, avanzaba a finales del pasado año un dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo -ver informe-. Entre sus recomendaciones apuntaba que era necesario avanzar en los tres pilares del sistema de pensiones, con incentivos y sin descuidar ninguno, "asegurando la suficiencia y adecuación del primer pilar (sistema público de reparto), impulsando el segundo (previsión ocupacional), y permitiendo que el tercero (planes de previsión individuales) desarrolle su propia dimensión".

En un momento en el que los agentes sociales seguían negociando, los representantes del CES apreciaban falta de claridad en la conexión entre los objetivos, como por ejemplo el establecimiento de la limitación de los costes de gestión, "lo que puede generar incertidumbre en una materia necesitada de la máxima certeza como condición imprescindible para su desarrollo". El informe del Consejo también apuntaba la necesidad de atender la brecha de género en las pensiones complementarias de empleo, la menor capacidad de aportación a planes de pensiones ocupacionales de los sueldos más bajos y las singularidades de los autónomos. Por último pedía establecer una presencia más equilibrada de los interlocutores sociales y dimensionar las funciones de la Comisión Promotora y de Seguimiento y la de Control de los Planes.

La iniciativa nacerá débil sin el apoyo de la patronal y con reticencias sociales. La adhesión por defecto de los trabajadores podría ser determinante

Por su parte, la multinacional británica-estadounidense de gestión de riesgos, corretaje de seguros y asesoría Willis Towers Watson apuntaba, en una tribuna de opinión firmada por dos de sus directivos, Rafael Villanueva y Ángel García, y recogida por Seguros News, algunas de las cuestiones a resolver, reforzando la idea que los planes de empleo no deben ir en detrimento de los individuales. Apostaba también por no desatender lo que se conoce como cuarto pilar, como la cesión del patrimonio inmobiliario para obtener rentas en la jubilación. De la misma forma, destacaba la debilidad de la iniciativa si naciese sin el apoyo de la patronal y con reticencias sociales.

Otra de las claves para Willis Towers Watson es generar incentivos al empleado para su aportación al plan, pero también a la empresa para su implementación, y que la gestión se base en criterios técnicos y financieros y en perfiles de máxima solvencia, algo que según la multinacional se cuestiona con la posible presencia de representantes de ONGs para supervisar los criterios de sostenibilidad. Por último, señala que el esquema debería recoger buenas prácticas internacionales que en su diseño actual no recoge, como la adscripción por defecto de los trabajadores o un esquema de incentivos a las aportaciones en el que además de la empresa, participe el Estado, como ocurre en el Reino Unido.