El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puesto cifras a la prórroga de los ERTE y de otras medidas como las ayudas para autónomos aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes. Según los datos que ha avanzado durante la rueda de prensa posterior al cónclave gubernamental, la factura ascenderá a más de 1.000 millones de euros mensuales. Eso, según ha advertido, en el mejor de los escenarios en el que la pandemia evoluciona de manera favorable y la economía entra de lleno en la fase de recuperación en los próximos meses.
Escrivá ha cifrado, además, el coste en el que ha incurrido tanto su departamento como el de Trabajo que dirige Yolanda Díaz desde el pasado mes de marzo hasta el cierre de este trimestre, es decir, con los datos de final de septiembre: 22.000 millones de euros. Según ha explicado el ministro, la mitad de ese importe le corresponde a la Seguridad Social por las prestaciones de autónomos, las exoneraciones de cotizaciones sociales y las bajas por incapacidad temporal y la otra mitad al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por las prestaciones para trabajadores afectados por ERTE.
De este modo, el responsable de las arcas de la Seguridad Social ha admitido que el Gobierno ya se ha gastado más de los 21.300 millones de euros que enviará Bruselas a España a través del fondo europeo contra el desempleo bautizado como 'SURE'. Y ha anticipado que, aunque cualquier cifra tiene "escaso grado de precisión" por la incertidumbre del momento actual, porque depende de la evolución de la pandemia y es imposible saber cuántos autónomos van a solicitar prestaciones, cuántas empresas van a acogerse a ERTE o cuántos trabajadores van a pedir una baja por incapacidad temporal, en el mejor de los escenarios, el más positivo, la factura superará a partir de ahora los 1.000 millones de euros mensuales.
Esto significa que, con la prórroga de las ayudas ampliada hasta el 31 de enero, todavía quedan cuatro meses por delante en los que la Seguridad Social y el SEPE incurrirán al menos en otros 4.000 millones de gasto extraordinario, lo que eleva el montante total del coste de la pandemia en términos de recursos públicos para empresas y trabajadores a 26.000 millones de euros. Todo esto, hay que insistir, en un contexto de incertidumbre en el que hacer previsiones se antoja complejo. Aun así, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado que, hasta la fecha, las previsiones sobre el coste de estas medidas anunciadas a Bruselas han sido "bastante acertadas".
Hay que recordar que la factura de los ERTE había sido uno de los principales escollos para alumbrar el acuerdo en el diálogo social que finalmente se ha producido este martes. Especialmente la patronal, pero también los sindicatos, habían exigido al Gobierno claridad con las cifras. El propio presidente, Pedro Sánchez, estimó en sede parlamentaria el coste de los ERTE en 4.000 millones de euros mensuales. Los empresarios, sin embargo, rechazaron esa cifra una vez pasado el pico de la pandemia porque la cobertura de los ERTE se ha ido reduciendo en la medida que se ha ido retomando la actividad, por lo que acusaron al Ejecutivo de inflar el gasto para 'meter la tijera' en las exoneraciones de cotizaciones sociales.
Finalmente el Gobierno ha conseguido atraer a un nuevo acuerdo tanto a la patronal como a los sindicatos para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero y las ayudas extraordinarias para los trabajadores autónomos. Esta extensión tendrá un gran impacto presupuestario por la ingente cantidad de recursos públicos que se va a destinar durante los próximos cuatro meses, pero además la factura podría desbordarse porque la evolución de la pandemia es incierta y las nuevas restricciones impuestas en regiones como la Comunidad de Madrid invitan a pensar que otras partes del territorio podrían sufrir idénticas situaciones, impactando en los negocios.
Además, no hay que olvidar que la voluntad del Ejecutivo es la de prorrogar los ERTE siempre que sean necesarios, es decir, que las ayudas en forma de prestaciones y exoneraciones de cotizaciones sociales se mantendrán no solo hasta febrero de 2021, sino meses después si persiste la situación sanitaria. Así lo avanzaron fuentes del diálogo social a La Información, confirmando algo que ya había puesto sobre la mesa el propio Sánchez: los ERTE han venido para quedarse y la idea es trabajar en el diseño de un marco permanente de financiación compartida de esta herramienta que ha permitido a las empresas una flexibilidad interna sin precedentes para evitar a toda costa los despidos.
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