El ministro de Transformación Digital y Función Pública busca impulsar un cambio en el cuerpo de la Administración que también transforme el modo en el que se prestan los servicios públicos. José Luis Escrivá ya ha presentado en las dos cámaras de representación sus principales líneas de actuación, en las que pretende dar a la tecnología un papel destacado, al tiempo que se centra en reforzar el cuerpo público con la eliminación de la tasa de reposición y acortando los tiempos entre exámenes. Esta falta de personal es más acuciante en ciertos territorios y en concreto, preocupa la situación de las islas, donde algunas fuerzas políticas identifican que los precios o la ausencia de vivienda son el principal responsable de la carencia de efectivos.
Fue el senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC), Juanjo Ferrer, quien puso esta cuestión de relieve en la comparecencia del ministro en la Comisión del Senado al señalar que la calidad de los servicios públicos que se prestan en Ibiza o Formentera era inferior que la que se disfrutaba en otros puntos de la Península. El portavoz del grupo que aglutina a Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Geroa Bai, Compromís y la Agrupación Socialista Gomera aseguró que la situación se había agravado a medida que se ha complicado el acceso a la vivienda en los últimos años y reclamó al responsable de Función Pública que estudiase la posibilidad de extender el complemento de insularidad de Canarias a las Islas Baleares para paliar el efecto.
"Tienen razón, las islas, como yo también he podido comprobar, tienen un problema en la provisión de puestos de la Administración General del Estado" admitió Escrivá en el turno de réplica, pero se decantó por analizar en profundidad cuáles son las causas que han llevado a la situación actual antes de decantarse por una solución. "Lo que es verdad y es indiscutible, es que hay zonas de España donde es mucho más difícil cubrir plazas de funcionarios públicos, son las islas, pero también son otros territorios y yo tengo mis intuiciones, pero creo que conviene verlo de una forma rigurosa y sistemática" razonó. "Me comprometo a que en el Ministerio de Función Pública vamos a analizar este asunto en profundidad para que las soluciones que encontremos responsan a las causas que se identifiquen".
En este sentido, el titular de la cartera recordó que a través de ciertos complementos se podrían cubrir los incrementos de coste, pero no responder a la falta de vivienda disponible. Asimismo, apuntó a que la Administración tiene otros problemas para atraer talento en estas regiones que escapan al ámbito de la vivienda. "Cuando uno mira dónde cuesta más cubrir funcionarios, te das cuenta de que suele aparecer este elemento como central, lo que no quiere decir que sea el único ni mucho menos. Hay determinadas comunidades autónomas o islas donde cuesta mucho cubrir puestos y observamos que no somos suficientemente atractivos para la población local" admitió.
El responsable de Función Pública se comprometió a trabajar con el Ministerio de Política Territorial que encabeza el canario Ángel Víctor Torres y a tratarlo como un aspecto prioritario. "Es un tema al que le vamos a dar la máxima prioridad porque yo creo que es muy importante abordar la insuficiencia de recursos de funcionarios en las islas por ser una realidad que se ha deteriorado con el paso del tiempo y que hay que abordar con determinación y radicalidad" sostuvo el ministro en la Cámara Alta.
Según las proyecciones del Gobierno, en ocho años se habrá jubilado casi el 60% de la plantilla actual de la Administración General del Estado, por lo que el sector público debe afrontar el reto de atraer perfiles jóvenes al tiempo que aborda opciones de jubilación flexible para los funcionarios como el incentivo de la demorada, es decir, que extiendan su carrera laboral más allá de la edad legal de jubilación. De acuerdo con los datos del Registro Central de Personal facilitados por el Ministerio, en 2023 la plantilla del sector público estatal habría mermado un 10% respecto al 2012, aunque en el último año el volumen de convocatorias habría llevado a superar los 520.000 empleados públicos en este rango.
El Ejecutivo también deberá avanzar en la estabilización del personal interino para rebajar la tasa de temporalidad pública que se mantiene en el entorno del 30% frente a los avances que ha registrado el ámbito privado desde la aprobación de la reforma laboral en 2021. Además, este es un compromiso suscrito con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En 2024 deben regularizar 300.000 trabajadores, de los que ya han estabilizado a unos 225.000 por lo que desde Función Pública confían en que cumplirán con este hito sin dificultad.
