El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha incorporado a su departamento como Directora de Gabinete a María Teresa Ledo Turiel, economista y antigua colaboradora del ministro en BBVA Research, el 'think tank' y servicio de análisis del banco en el que coincidieron en la primera década de los años 2000. Sustituye en el cargo a Elena Biurrun, persona de confianza de Escrivá del conocido como 'clan de Torrelodones', que pasa en el organigrama a Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria.
El responsable de la Seguridad Social rearma así su equipo de confianza en plena crisis abierta por la reforma de las pensiones, que en los últimos días ha suscitado las críticas de la oposición y dentro del propio Gobierno por medidas como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones y que ha culminado con la firma bilateral del acuerdo sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional con los sindicatos, al que ha rechazado sumarse la patronal de empresarios.
Según consta en la referencia del Consejo de Ministros celebrado este martes, Mayte Ledo ha sido responsable de costes e inversiones en BBVA desde 2019. Antes desempeño diversos puestos de responsabilidad en el área financiera, dirigiendo los equipos operativos en 2018, o la estrategia del área financiera desde 2016. Entre 2013 y 2016 fue directora de gabinete del director financiero y previamente, responsable de tendencias regulatorias y de relaciones con supervisores y reguladores desde 2011.
Antes de incorporarse al área financiera, trabajó en BBVA Research como economista jefe de escenarios económicos y financieros desde 1999, función a la que se añadió la de análisis de las tendencias regulatorias tras la crisis financiera. En esa última etapa coincidió con Escrivá, por aquel entonces responsable del Servicio de Estudios y también director del área de Finanzas Públicas, hasta su salto a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en 2014.
Ahora Escrivá incorpora a Ledo como Directora de Gabinete. De su currículum, la referencia del Consejo de Ministros destaca que es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y cuenta con estudios de postgrado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y con cursos de doctorado en Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Sustituye en el cargo a Elena Biurrun, exalcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones.
Refuerza el 'clan de Torrelodones'
El relevo supone la salida del equipo de colaboradores directos del ministro de Biurrun, persona de confianza de Escrivá durante los primeros compases de su gestión y cabeza visible del denominado 'clan de Torrelodones' que se ha hecho fuerte en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde la llegada al mismo de José Luis Escrivá. Biurrun ocupará a partir de ahora una de las dos direcciones generales de la Secretaría de Estado de Migraciones, la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, a la que corresponde la gestión del sistema nacional de acogida e inclusión de refugiados y migrantes, la ejecución de los programas de atención humanitaria o la coordinación de las intervenciones de urgencia en situaciones de emergencia humanitaria.
En la estructura de la Secretaría de Estado de Migraciones, Biurrun coincidirá con una antigua colaboradora en el Ayuntamiento de Torrelodones, María Rosa Rivet, que fue concejal delegada durante dos legislaturas en su equipo de Gobierno y que ejerce desde el pasado mes de febrero como directora del gabinete de la Secretaria de Estado de Migraciones.
Elena Biurrun relevará en el cargo a María Teresa Pacheco, la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, históricamente vinculada al mundo de la cooperación internacional que fue nombrada el pasado mes de diciembre y que no ha permanecido en el cargo ni siquiera un año. Biurrun, como le ocurre también a Pacheco, no es alta funcionaria del Estado por lo que ocupará por el cauce extraordinario que prevé la ley para designar como directores generales a profesionales ajenos a la Función Pública del Estado, un cauce que la organización que agrupa a las organizaciones de cuerpos superiores de la Administración ha denunciado en el Supremo por el abuso con el que se utiliza.
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