Escrivá acelera la negociación de las pensiones para lograr un pacto en enero

Con las uvas de Nochevieja más que digeridas y los regalos de Reyes abiertos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acelera esta semana los trabajos en busca de un acuerdo sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones. El Ejecutivo tenía intención de haber aprobado la nueva batería de medidas ya a finales del pasado ejercicio para que hubiera entrado en vigor desde el 1 de enero, como se había comprometido con la Comisión Europea en el marco del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que seguirá dando acceso a España a los fondos Next Generation. 

Lo óptimo sería que ese pacto llegase "en la próximas semanas, antes de que acabe enero", según apuntan fuentes del Departamento que capitanea José Luis Escrivá a este diario, que también confirman el acelerón que tienen previsto dar a las conversaciones a partir de esta misma semana. No va a ser una tarea sencilla. La patronal endureció su mensaje a mediados del mes pasado a raíz del pacto de Yolanda Díaz con EH Bildu sobre los ERE (la enmienda a la Ley de Empleo que aumenta de facto el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los expedientes de regulación de empleo) y amenazó con plantones en reformas estructurales como esta. 

Ha sido solo el último de los encontronazos de los últimos meses entre los empresarios y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, los contactos en el marco del diálogo social para avanzar en los temas pendientes de la reforma de pensiones se han mantenido de forma discreta también durante las fiestas, tal y como reconocen las mismas fuentes. En el Gobierno recuerdan que alguna de las reformas aprobadas en el último año ya se aprobó con cierto retraso -como los cambios en las cotizaciones de los autónomos, que entraron en vigor en julio, cuatro semanas después de lo previsto-. Si bien, los cambios que están pendientes de pactarse y confirmarse afectan a aspectos de las pensiones sobre los que el desacuerdo entre los agentes sociales es más evidente aún.

La primera de ellas es el destope gradual de las bases máximas de cotización (de las aportaciones de los salarios más altos al sistema de la Seguridad Social) entre 2025 y 2050, una medida que iría acompañada de una revisión de la cuantía de las pensiones máximas, aunque a un ritmo inferior. De hecho, según la última propuesta oficial presentada a sindicatos y empresarios, que este diario avanzó a mediados de diciembre, Escrivá aplazaría a 2065 la subida real acumulada del 30% para las pensiones más altas -para hacerla converger a lo largo de las próximas décadas con el incremento previsto de las bases máximas-.

Sobre la mesa del ministros están también la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización y otras medidas que también deberían contribuir a reducir la brecha de género en las pensiones, y que se añadirían al complemento que entró en vigor el pasado mes de febrero. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la nómina de las pensiones, la brecha de género alcanza el 28,1% en las de retiro -es lo que perciben más de media los hombres que las mujeres a la hora de jubilarse-. El Ejecutivo podría mejorar la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos y estaría contemplando, además un incremento extra a la revalorización anual del 10% del complemento de brecha de género entre el año que viene y 2025.

La 'patata caliente' del periodo de cómputo

Pero por encima de estas medidas, la 'patata caliente' está en la decisión de incluir en el texto una propuesta para ampliar paulatinamente el periodo que se emplea para calcular la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años cotizados, con la posibilidad de que descartar los dos peores años de cotización. Esta propuesta, que según los agentes sociales no estaba incluida en las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, no solo genera animadversión entre empresarios y sindicatos, sino que ha evidenciado nuevas desavenencias en la coalición de gobierno, puesto que los socios de Unidas Podemos se niegan a apoyar cualquier medida que pueda suponer de facto una merma de las pensiones, como creen que sucederá si se amplía el periodo de cómputo. 

Desde la CEOE han dejado claro que las nuevas medidas difícilmente podrán contar con su respaldo. Sobre todo porque las patronales no están dispuestas a ceder en aquellas que puedan suponer un incremento adicional de los costes para las empresas. En relación con esto último, otro de los ministerios económicos, el de Trabajo y Economía Social, también pretende cerrar antes de finales de este mes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El Gobierno ya prorrogó el SMI actual, que se sitúa en 1.000 euros mensuales, dentro del real decreto de medidas económicas para hacer frente a los efectos de la inflación aprobado a finales de diciembre. Los expertos del Ministerio propusieron un alza que se situase entre el 4,6% (que permitiría llegar a los 1.046 euros mensuales en 14 pagas) y el 8,2% (para un salario de 1.082 euros) para aplicarla con carácter retroactivo desde el 1 de enero.