El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tendrá que revelar el 'castigo' impuesto a El Corte Inglés por despedir a trabajadores después de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado a la Tesorería General de la Seguridad Social a especificar las cantidades devueltas por las exoneraciones de cotizaciones sociales que la empresa disfrutó durante la primera oleada de la pandemia, ya que la ley establece que las compañías que recurran al despido después de haberse beneficiado de la ayuda del Estado para mantener sus plantillas tendrán que reintegrar a las arcas públicas el dinero percibido en forma de exenciones.
Hace ahora casi un año, el 7 de junio de 2021, se solicitó a la Seguridad Social, a través de Transparencia, información sobre si El Corte Inglés había devuelto las bonificaciones del ERTE presentado tras el estallido de la crisis de la Covid y, de ser así, a cuánto ascendía la cantidad reintegrada en la Tesorería. La compañía había presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) en marzo de 2021, el mayor de la historia del gigante español del 'retail', con cerca de 3.300 despidos, y había anunciado su intención de repartir dividendo, cuando todavía no se había cumplido el plazo de seis meses fijado en la ley para el mantenimiento obligatorio de la plantilla tras los sucesivos ERTE prorrogados hasta principios de 2021.
El 12 de agosto de 2021, el departamento que pilota Escrivá denegó el acceso a la información solicitada alegando que "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado, y solo podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros". Disconforme con esta respuesta, el interesado interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y exigió la información argumentando "que es de interés público conocer si el Estado ha financiado los ERTE durante la pandemia a una empresa que posteriormente presentó un ERE, algo que no estaba permitido según las bases de las bonificaciones de los ERTE por causa de fuerza mayor".
Sobre los datos solicitados de El Corte Inglés, Transparencia lo tiene claro: "El interés público es palmario"
La Seguridad Social reiteró su rechazo a dar acceso a la información, pero Transparencia entendió, en base a la doctrina del Tribunal Supremo, que la reserva de confidencialidad que alegaba Escrivá no podía ser concebida en términos absolutos, vedando por completo el acceso a toda la información que obra en poder de los órganos de Administración, sino que debía ser ponderada con el interés público. Así, dictaminó que "el interés público en conocer la información objeto de la solicitud de acceso es palmario por cuanto afecta al destino de fondos públicos concedidos a una empresa privada en el marco de un ERE y, por tanto, entronca directamente con los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública expresados en el preámbulo de la Ley de Transparencia: someter a escrutinio las decisiones de los responsables públicos, permitiendo a los ciudadanos saber cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones".
Entendiendo que la información solicitada contiene datos que afectan a los derechos o los intereses particulares de la compañía perceptora de las ayudas, Transparencia acordó la retroacción de las actuaciones con el fin de conceder a El Corte Inglés un trámite de alegaciones tras el cual la Seguridad Social debía resolver si concede el acceso total o parcial a la información solicitada. Pese a que la resolución está firmada por el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, con fecha 21 de marzo de 2022 y la empresa disponía de un plazo de alegaciones de 15 días, desde el Ministerio de Escrivá aseguran a La Información que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta de la compañía. La compañía no contestó al cierre de este artículo.
Un ERE de 150 millones y polémica
El ERE de El Corte Inglés de 2020 fue paradigmático. En primer lugar, porque rompía el planteamiento del Gobierno, que durante ese mismo año defendió que había prohibido despedir después de acogerse a los ERTE por Covid. De hecho, la decisión encendió las alarmas del Ejecutivo -no estaba al corriente de que se iba a tomar esa decisión en la compañía- y se reunió con la cúpula de la compañía para evitar tensión social durante el proceso. Tras el movimiento de El Corte Inglés, llegaron otros similares de terceras empresas como el ERE de la hotelera NH o los de firmas de retail de la talla de M&H, Douglas o Adolfo Domínguez.
Por el lado de la compañía, la importancia de este ajuste sin precedentes se plasma en los números. El ERE agravó las pérdidas de la compañía en el peor año de su historia (3.000 millones de euros). De acuerdo a sus últimos resultados anuales presentados (ejercicio 2020/2021), la cadena de grandes almacenes se vio obligada a realizar una provisión de 150 millones de euros por este proceso de despido colectivo. En un primer momento, se barajó incluso que la factura final ascendiera a 200 millones.
Los detalles del plan se cerraron en tiempo y forma con los sindicatos. Las claves: una indemnización de 33 días por año trabajado y una rebaja de 500 salidas forzosas respecto al planteamiento inicial. Pero pese a que ninguno de los representantes de los trabajadores (CCOO, UGT, FETICO y Fasga) decidió no firmar el acuerdo, la decisión generó un descontento que sirvió como caldo de cultivo para el nacimiento de una nueva organización alternativa para la parte social: Sangre Verde, que en su primer comunicado amagó con convocar una huelga por el ERE.
Con todo, la compañía se ha visto obligada a ejecutar un nuevo ERE durante este 2022. Lo ha realizado en su negocio de Viajes, el más expuesto a la crisis sanitaria por la lenta recuperación del turismo de negocio y el internacional. La decisión pasó por apoyarse en los servicios profesionales externos del anterior ajuste histórico (Deloitte por la parte financiera, Sagardoy por la legal y LHH para las recolocaciones) con el objetivo de aligerar plantilla en todas las divisiones de esta filial, a excepción del área tecnológica. Finalmente, este segundo proceso de despido colectivo se saldó con 475 salidas.
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