El Gobierno tiene previsto anunciar en el Consejo de Ministros del próximo miércoles, 27 de diciembre, la posible prórroga (o la eliminación definitiva) de una parte de las medidas anticrisis aprobadas para hacer frente al fuerte ascenso de los precios y sobre las que aún no ha hecho pública su decisión. De momento, el Ejecutivo ha extendido la bonificación al transporte a todo 2024 y mantendrá la rebaja del IVA a los alimentos básicos a lo largo del primer semestre, dando tiempo a que su inflación se modere desde el 9% al que se situó en noviembre.
El próximo día 31 expiran también las rebajas de impuestos a la energía y la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ya dejó claro que el Gobierno cuenta con margen presupuestario para "tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario".
A falta de conocer cómo evoluciona la recaudación del mes de diciembre, las rebajas fiscales del conocido como 'escudo social' se han traducido en una pérdida de ingresos de más de 5.600 millones para las arcas públicas, de acuerdo con los datos del Informe mensual de Recaudación de noviembre que hizo público este viernes la Agencia Tributaria (AEAT). Este señala el "fuerte impacto de las rebajas de tipos", sobre todo en el IRPF y el IVA.
El Ejecutivo de Sánchez aprobó una reducción del IVA de la electricidad al 5% (desde julio de 2022 se amplió hasta ese nivel, después de haberlo rebajado previamente del 21% al 10%), y meses después redujo hasta ese mismo tipo el IVA del gas. Además, suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y fijó un tope al precio de la bombona de butano de 19,95 euros. También ha mantenido la rebaja de 20 céntimos por litro al precio de los carburantes, aunque sólo para colectivos profesionales.
Son medidas que han convivido con la conocida como 'excepción ibérica' o tope al gas que, según la vicepresidenta tercera y ministra de ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, decaerá el próximo 31 de diciembre, ya que la Comisión Europea considera que no "es posible llevarlo a la práctica" más allá de esa fecha. Ribera explica que los precios se han estabilizado y están por debajo de los niveles que llegaron a registrarse a finales del año pasado, cuando entró en acción este instrumento extraordinario de control de precios.
Organismos como el Banco de España han recordado que la retirada de las medidas anticrisis, si bien es necesaria, tendrá impacto sobre los precios. Así si se mantuviera el citado paquete la tasa anual de IPC podría rebajarse hasta el 2,6% el próximo ejercicio, cuando el PIB frenará al 1,6% desde el 2,4% que estima para este año. El escenario principal de la entidad, que pasa por la prórroga de las subvenciones al transporte y por la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos hasta el mes de junio, sitúa la tasa general de IPC de media en el 3,3% en 2024.
El déficit y los ingresos por los nuevos impuestos
Los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta noviembre, que publicó el viernes la AEAT muestran cómo en ese periodo se acumuló un déficit de 31.627 millones de euros, el equivalente al 2,16% del PIB -situándose en el mismo nivel prácticamente que hace un año-. Ese agujero responde a que los ingresos se incrementaron un 1,2% hasta 240.796 millones, mientras que los gastos se elevaron un 1,7%, hasta 272.423 millones.
La rebaja del IVA a los alimentos básicos y la del gas, unidas a la menor tasa de inflación en relación a la registrada hace un año, cunado los precios subieron de media al 8,4% en el conjunto del ejercicio, se han traducido en una ligera reducción de los ingresos por este tributo pese a que el consumo aguanta de momento -en el tercer trimestre volvió a ejercer de motor de la economía-.
Al mismo tiempo, las figuras fiscales que entraron en vigor este año han aportado 3.974 millones de euros en términos de recaudación, de los que el gravamen temporal a las energéticas ingresó 1.644 millones; el aplicado a las entidades financieras otros 1.264 millones; el de las grandes fortunas, 622 millones; y el de los envases de plástico de un solo uso, 444 millones más.
Ahora el Ejecutivo estudia qué medidas adoptar en relación al impuesto a las energéticas para mantenerlo más allá del próximo ejercicio, tal cual se comprometió en el pacto de gobierno firmado con Sumar, y al mismo tiempo calmar los ánimos y reducir la conflictividad con el sector. Así, el ministerio de Hacienda está trabajando para que las inversiones en energías renovables sean deducibles de la base sobre la que liquida el tributo, en pleno proceso de transformación de estas empresas hacia un modelo de negocio que deje de depender de los combustibles fósiles.
