España busca vías legales y financieras para doblar la inversión en I+D en 2030

La inversión que España dedica a innovación ronda el 1,4% del PIB, un porcentaje que está muy alejado de los países de referencia en este ámbito dentro de la Unión Europea, como Suecia, Austria, Bélgica o Dinamarca, que dedican a él más del 3% de su riqueza y que apoyan a su tejido empresarial con más financiación directa y bonificaciones fiscales. También se sitúa por debajo de la media de los Veintisiete, donde la inversión en investigación y desarrollo alcanza el 2,4%. El país es lo que el European Innovation Scoreboard considera un "innovador moderado", al igual que Portugal, Grecia, Estonia o Malta. 

En un momento en que España opta a los 84.000 millones de euros en préstamos del programa Next Generation -el Gobierno remitió hace unos días a Bruselas la adenda al Plan de Recuperación con la que puede desbloquearlos-, la llegada de estos fondos debería contribuir de forma decidida a cambiar esta situación. El sector de la innovación calcula que el país podría doblar el peso de la innovación en el PIB de aquí a a 2030 actuando sobre varios frentes: el de la gobernanza, el marco institucional y regulatorio, el fomento del ecosistema de innovación, así como la calidad y eficacia de los esquemas de financiación.

La 'Propuesta para convertir España en un país líder en innovación', impulsada por la consultora FI Group y otras empresas del sector, incide en la necesidad de contar con mecanismos específicos que impulsen la financiación directa, pero también de que se mejoren los incentivos fiscales y a la contratación hasta el entorno del 0,47% del PIB dotando a la vez al sector de una mayor financiación indirecta. Harían falta, del mismo modo, cambios profundos a nivel administrativo para garantizar la eficacia de ambos mecanismos.

Seguridad jurídica y cambios con visión de largo plazo

En el sector consideran esencial, además, que se impulse una Ley para el fomento de las empresas innovadoras. Esta normativa debería fijar una definición amplia de innovación y aportar seguridad jurídica a las empresas que decidan invertir en ella dentro del territorio nacional. También reclaman un Pacto de Estado para la innovación, con un compromiso político estable para fomentarla a través del seguimiento territorializado y de una gobernanza coordinada.

El sector de la innovación insta además a generar un ecosistema conectado, articulando mejor la conexión entre universidades y empresas, la apuesta por una contratación pública que favorezca la colaboración entre compañías y promueva alianzas con el sector privado en favor de la transferencia de conocimiento. También apuesta por la especialización innovadora tanto a nivel nacional como autonómico a  través de mediante la creación de clusters innovadores, es decir, de grupos de empresas e instituciones interrelacionadas y concentradas geográficamente. Esto último debería ser una estrategia prioritaria. 

Por último, reclaman una política de sensibilización pública que fomente una cultura de la innovación a nivel social desde el sistema educativo y que permita sostener el apoyo social a la innovación. En el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas el mes pasado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en mantener una senda que lleve la inversión en I+D+i hasta el 2,5% del PIB de cara al año 2026. Víctor Cruz, director de estrategia de FI Group, ve primordial que haya voluntad política para que este tipo de metas se alcancen. 

El trabajo por hacer tras la ley de startups

Por su parte, José Moisés Martín, Director de Red2Red -firma que participa igualmente en la propuesta- considera que es necesario combinar medidas en distintos ámbitos y, por tanto, "hacer cambios con visión de largo plazo" para conseguir ese vuelco en el peso de la innovación en la economía. Los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) apuntan a que la inversión en I+D alcanzó los 17.250 millones de euros en 2021, el último ejercicio para el que dispone de cifras.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, reconocía esta misma semana, durante su participación en la undécima edición del South Summit,  que "aún queda mucho por hacer" para posicionarse como un destino internacional de referencia para los inversores, los emprendedores y el talento. Con todo, Artigas recordaba que el país "ha cambiado para siempre" a raíz de la Ley de Startups (Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes), que fue aprobada el año pasado y que es la primera de Europa creada específicamente para respaldar al ecosistema emprendedor.