El gobierno de España acelera para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales a nivel europeo antes de que culmine la presidencia rotatoria del Consejo Europeo y antes de que el próximo 1 de enero vuelvan a recuperarse los topes de déficit y deuda vigentes, que fueron suspendidos a raíz de la pandemia primero, y para permitir también a los gobiernos hacer frente a las consecuencias de las crisis inflacionaria y energética y de la guerra en Ucrania. Francia y Alemania, que encabezan las posiciones más encontradas, han redoblado también los contactos las últimas semanas con ese objetivo.
En concreto, la presidencia española tratará de cerrar el pacto en una cena que tendrá lugar la noche previa a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, el Ecofin, del próximo 8 de diciembre, según avanza Europa Press. La cena, que tendrá lugar en la noche del día 7, se prevé "larga", ya que los ministros están dispuestos a debatir toda la noche si es necesario para alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año, como requiere el mandato del Consejo, han confirmado varias fuentes diplomáticas a la agencia de noticias.
El encuentro se desarrollará, por tanto, en lo que algunas delegaciones han denominado "modo cumbre", al estilo de las reuniones de líderes, en las que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE extienden sus intercambios hasta bien entrada la madrugada y no concluyen hasta que hay acuerdo. Esta es una de las metas que se había fijado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que aspira a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El apoyo de Alemania a la candidatura de Calviño al BEI
Precisamente, si logran un pacto esa misma noche, la agenda de los ministros para su reunión formal del día siguiente quedaría algo más despejada para discutir otros asuntos clave, incluido el relevo al frente del BEI, para el que Calviño y España se han garantizado el apoyo de Alemania, uno de los países que más peso tiene -junto con Francia e Italia- en el capital de la entidad, que va a ostentar un papel clave en el proceso de desembolso de los fondos europeos Next Generation EU y que está considerada como el brazo financiero de la UE.
Aunque la intención inicial de la presidencia española era convocar un Ecofin extraordinario en torno al 23 de noviembre, finalmente se ha optado por este formato a fin de garantizar que los Veintisiete estén presentes con el objetivo de cerrar a tiempo las normas que, según el texto actual, limitan el déficit y la deuda pública al 3% y el 60% del PIB.
El acuerdo incluye concesiones a la ortodoxia que reclama Berlín
Tras su reunión del pasado 9 de noviembre, los socios europeos constataron avances sustanciales hacia un acuerdo tras hacer varias concesiones a Berlín y otros países, que exigían más esfuerzo fiscal a los estados más endeudados. Calviño ya explicó entonces que la última propuesta española garantiza una reducción gradual y coherente de la deuda, junto con numerosas mejoras metodológicas, al tiempo que deja espacio fiscal para responder a nuevas crisis y que refleja contribuciones "muy útiles" de los Estados miembro.
No obstante, reconoció también que quedaba "mucho trabajo por hacer y un último kilómetro por correr" mientras el tiempo apremia para buscar un encaje al proceso legislativo que sigue a la adopción de posiciones del Consejo y el Parlamento antes del receso electoral que precede a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, lo que obliga a culminar las negociaciones sobre el expediente durante el próximo mes de marzo.
Las concesiones a Alemania en el documento de aterrizaje que presentó a presidencia española en la pasada reunión rebajaron las reticencias de Berlín, que considera que "no es creíble que se reduzcan los niveles de deuda sin un déficit anual sostenible", mientras que París propone centrarse en la sostenibilidad de la deuda teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los países como "punto de partida".
Así, el principal reto que afrontan los países es el de perfilar el modo en que los países con una deuda superior al 60% de su PIB -como es el caso de España, cuya deuda supera el 100% y que según la Comisión Europea seguirá en el 106,5% del PIB el año que viene- garantizan una senda descendente que podrán diseñar los propios países, pero atendiendo a criterios comunes.
En su propuesta del pasado abril, la Comisión Europea planteaba que esta senda fiscal específica de cada Estado miembro tuviese un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones, aunque también está por concretar las condiciones en las que se daría esa prórroga.
