El Gobierno ultima la redacción de una nueva norma que dotará al Estado español de un 'escudo legal' que le permitirá bloquear las eventuales operaciones de inversión de actores extranjeros en empresas que sean consideradas estratégicas desde la perspectiva de la seguridad nacional, según han avanzado a La Información fuentes empresariales. En realidad, ya existe un instrumento de esta naturaleza en la legislación actual pero su radio de acción se limita a las empresas fabricantes de material militar - material de doble uso, según su definición jurídica-.
El texto en el que está trabajando el área económica del Gobierno, que traslada al ordenamiento nacional las disposiciones de un reglamento europeo, prevé ampliar ese esquema de control previo a las empresas de los sectores cuya operativa se considere crítica en términos de garantizar la seguridad nacional, una definición genérica en la que según las fuentes consultadas encaja el sector energético, el de las telecomunicaciones, el de la biotecnología, el aeroespacial e incluso el de la redes de distribución para garantizar el suministro básico de alimentos. Lo que pide el reglamento europeo, de obligatorio cumplimiento, a los países miembro es establecer alguna clase de control previo sobre las inversiones que afecten al tejido empresarial más crítico en términos de orden público y seguridad nacional.
La adaptación del reglamento europeo trasciende y supera el 'escudo económico', según la definición utilizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobado de forma temporal por el Ejecutivo en los primeros compases de la lucha contra la pandemia y convertido más tarde en permanente que permite al Ejecutivo supervisar cualquier operación de un actor ajeno al espacio económico europeo que pretenda tomar más del 10% de una empresa española, en una especie de recuperación de la 'acción de oro' de toda la vida. El Gobierno habilitó esa norma para impedir que la depresión puntual de la valoración de las empresas en los mercados desembocara en una ola de operaciones de inversores internacionales para tomar el control de empresas españolas a precio de saldo.
Según las fuentes empresariales consultadas, esta norma no tiene un componente tan táctico sino que su planteamiento es más estratégico. No se trata de controlar inversiones que tengan impacto en la política industrial del país por relevante que éste sea, explican, sino de establecer un sistema de control - que tendrá dimensión europea - en todo lo que comprometa la seguridad y la soberanía nacional. Al cabo, el reglamento impulsado desde Bruselas es la respuesta europea al blindaje de sus sectores más estratégicos que han decretado otros grandes actores nacionales como China o Estados Unidos. Europa también blindará sus empresas más críticas.
Las empresas confían en que no afecte al flujo inversor
Los movimientos del Gobierno para poner en marcha esta nueva herramienta de control sobre las inversiones foráneas eran conocidos desde hace semanas en círculos empresariales, a los que se ha consultado sobre el asunto y de los que se ha recibido un 'feedback' muy positivo, según confirman fuentes del ámbito de la consultoría de empresa. En este sentido, la principal preocupación que han manifestado las empresas es su temor a que el instrumento sea visto por los grandes inversores no europeos como un inhibidor hacia la inversión ajena a la Unión Europea.
Desde el Gobierno se ha asegurado a las empresas que la norma se diseñará con toda la cautela para impedir que se produzcan efectos indeseados de esta naturaleza. El mensaje que se les ha trasladado desde el área económica es que su intención es que España tiene que seguir siendo percibida por los inversores como una economía abierta a la inversión foránea, especialmente a la inversión productiva - el mensaje a la inversión especulativa ya se ha enviado a través del impuesto sobre las transacciones financieras - y que este instrumento - de dimensión europea, se insiste- es únicamente una medida para adaptarse a una tendencia global, que es la de establecer algún tipo de control por parte de los estados al tejido empresarial más implicado en los asuntos relacionados con la seguridad nacional.
La nueva norma tiene que entrar en vigor el próximo mes de octubre, según los tiempos marcados por el reglamento europeo, así que todo hace indicar que el trámite administrativo necesario para trasponer el reglamento a la normativa española se pondrá en marcha en las próximas semanas.
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