Fabra anuncia un cierre de RTVV "innegociable" que desata críticas sociales

  • El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) es "innegociable", lo que ha desatado un aluvión de críticas y protestas políticas, sindicales y de diversas asociaciones y entidades sociales.

Valencia, 6 nov.- El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) es "innegociable", lo que ha desatado un aluvión de críticas y protestas políticas, sindicales y de diversas asociaciones y entidades sociales.

Fabra ha comparecido en el Palau de la Generalitat ante los medios de comunicación para explicar la decisión de cerrar RTVV, anunciada ayer por su gobierno, a través de un comunicado, después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anulara el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa pública.

"No tenemos 40 millones de euros para satisfacer la readmisión" del millar de trabajadores de RTVV, ha destacado Fabra, quien ha añadido que ese dinero se necesita para mantener la educación, sanidad y servicios sociales.

"No voy a cerrar un colegio o un hospital para mantener Radiotelevisión Valenciana", ha advertido el president, para quien asumir esos 40 millones supondría retrotraerse a hace tres años, algo, a su juicio, "imposible" que "no cabe en el presupuesto" actual de la Generalitat.

En una comparecencia en la que se oían las protestas de los trabajadores de RTVV concentrados frente al Palau, Fabra ha confirmado que la directora general de RTVV, Rosa Vidal, no va a seguir en sus funciones y la ha responsabilizado de parte de las decisiones adoptadas en aplicación de un ERE de cuyo resultado también ha responsabilizado a los sindicatos.

Ha afirmado que informó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha señalado que el ejecutivo valenciano estudia cómo acometer un cierre que será "todo lo rápido que permita la legislación" y cuyo coste no está "cuantificado al detalle", pero ha dicho que aproximadamente será el equivalente a "un año de coste de la propia televisión".

Fabra ha avanzado la posibilidad de emprender acciones judiciales contra las empresas que asesoraron a la Generalitat en la elaboración del ERE.

La presidenta del comité de empresa de RTVV, Salut Alcover, ha pedido a la Generalitat "consenso" con los partidos políticos y "diálogo" con los representantes de los trabajadores para mantener una empresa que, según ha afirmado, es "viable y tiene futuro".

Los partidos de la oposición han exigido la dimisión Fabra, así como la celebración de elecciones autonómicas anticipadas por la "cacicada" que a su juicio supone el cierre de RTVV, y han anunciado su voto en contra de la "liquidación ilegal y fraudulenta" de la empresa pública.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha anunciado que cuando gobierne la Generalitat volverá a crear una radiotelevisión pública valenciana "aquilatada, libre y de los valencianos", mientras que Compromís y EU han abandonado la comisión de Presupuestos de Les Corts en señal de protesta por este cierre.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la decisión del Gobierno valenciano, debido a la falta de recursos públicos, mientras que el vicepresidente del Gobierno valenciano ha pedido comparecer en Les Corts para informar sobre el cierre.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha advertido de que Telemadrid puede correr la misma suerte si los sindicatos "lo hacen inviable" y el canal público madrileño "sigue siendo deficitario".

La radio y la televisión gallegas se han solidarizado con los trabajadores de RTVV, mientras que la unión temporal de empresas valencianas que resultó adjudicataria de la mayor parte de la externalización de la programación ha decidido no pronunciarse aún sobre una posible reclamación legal.

El arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, ha manifestado su preocupación por el problema humano y social que genera esta decisión, que ha sido criticada por diferentes sindicatos, asociaciones, instituciones o entidades sociales, tanto autonómicas como de ámbito nacional. EFE

ca-jmm/pv

Mostrar comentarios