En 2032 y 2033

Fedea estima que la jubilación demorada y el RETA ahorrarán hasta un punto de PIB

El think tank asegura que los cálculos del Ministerio sobre la primera medida son "poco plausibles", ya que para llegar al ahorro de 1,5 puntos, todos los trabajadores tendrían que retrasar su jubilación durante tres años. 

Angel de la Fuente
Fedea estima que la jubilación demorada y el nuevo RETA ahorrarán un punto del PIB. 
EUROPA PRESS

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones introdujo en 2022 incentivos al retraso de la jubilación, más allá de la edad legal a partir de la que se puede pasar a ser pensionista, y pactó una reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos (RETA) con los agentes sociales. José Luis Escrivá, el titular de esa cartera, ha celebrado estos cambios que asegura que van a ser significativos para contribuir a hacer sostenible el sistema público de pensiones, sin embargo, el centro de estudios asociado a la CEOE, Fedea, rebaja el optimismo del ministro. El think tank punta a que estos incentivos producirán un ahorro de un punto del Producto Interior Bruto (PIB) en los primeros años de la próxima década (2032 y 2033), mientras que su impacto comenzará a ser negativo a partir de 2050. 

Estas son las conclusiones reflejadas en el informe 'Los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones de 2021-2023: incentivos a la demora de la jubilación y nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos' que representa la segunda publicación el centro sobre la reforma de pensiones que terminó de aprobarse en marzo con el apoyo de los sindicatos y las formaciones progresistas del Congreso de los Diputados y sin el respaldo de las patronales CEOE y CEPYME. En el documento, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, admite que si ambas reformas tienen el funcionamiento esperado, "su efecto podría contribuir significativamente a mitigar el deterioro de las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo, pero no a largo plazo". 

El experto asegura que las predicciones del Ministerio sobre el impacto de los incentivos a la jubilación demorada resultan "poco plausibles", porque el coste total de las nuevas pensiones de jubilación causadas cada año ronda el medio punto del PIB, por lo que para ahorrar el punto y medio al que apunta el equipo de Escrivá, todos los trabajadores tendían que optar por demorar la jubilación durante tres años. Además, señala que ignora el coste de las compensaciones por demora de la jubilación, que reducirán un tercio el ahorro neto para el sistema. 

En cambio, asegura que no ha encontrado un documento oficial que recoja las previsiones del Ministerio sobre la reforma del RETA, por lo que la ha deducido. De la Fuente hace referencia a las previsiones aportadas por Escrivá en su comparecencia en el Pacto de Toledo, en la que cifraba en tres puntos del PIB el ahorro neto derivado en 2047 del conjunto de la reforma, tras suprimir el factor de sostenibilidad. A partir de sus cálculos, concluye que el impacto de la reforma sin tener en cuenta el RETA sería de 2,27 puntos del PIB en 2050, por lo que al nuevo sistema de cotización de los autónomos le corresponderían 0,73 puntos de la previsión. Sin embargo, observa que el Ministerio parece haber pasado por alto que si los autónomos cotizan, sus pensiones también serán más elevadas en el futuro. 

De la Fuente señala que es importante poner en foco en sí ese ahorro de medio punto en promedio entre 2022 y 2050 será o no suficiente para evitar que "el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales". La segunda parte de la reforma de las pensiones, centrada en garantizar los ingresos del sistema para que no se tenga que producir una reducción del poder adquisitivo de los pensionistas, confía en la buena marcha del empleo para sostener el sistema, por lo que un cambio en las proyecciones de desempleo, podría alterar significativamente los cálculos del Ministerio. 

El trabajo también llama la atención "sobre las deficiencias de la documentación técnica que acompaña, o debería haber acompañado, a las normas mediante las que se ha implementado la reforma del sistema de pensiones". Por lo que propone que la Airef, según prevé la ley, filtre las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurar que se cumplen unos estándares mínimos de "claridad y competencia técnica". 

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