Lunes, 20.05.2019 - 17:36 h
Ajuste en el sistema de financiación autonómica

¿Hacia una quita? Montoro anula el ajuste que 'hurtó' 40.000 millones a las CCAA

Hacienda decide no aplicar el principio de lealtad institucional para evitar que la subida del Impuesto de Hidrocarburos no llegue a las autonomías

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, estudia cómo resolver el problema de la deuda autonómica/ EFE

El Ministerio de Hacienda no solo ha utilizado los Presupuestos de 2018 para dejar sentada su voluntad de dar una solución definitiva al problema de la deuda autonómica acumulada por decenas de millones de euros durante la crisis, también ha dejado alguna que otra pista sobre por dónde podría ir esa solución.

La decisión del departamento dirigido por Cristóbal Montoro de suspender la aplicación del principio de lealtad institucional, sentado por la actual Ley de Financiación Autonómica, en lo que se refiere a los ingresos extra que se derivarán para algunas comunidades autónomas de la armonización al alza del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos supone, de hecho, la aceptación implícita de uno de los principales argumentos del grupo de ejecutivos regionales que como la Comunidad Valenciana denuncia la existencia de una deuda autonómica ilegítima y reivindica su condonación total.

¿De qué hablamos? El principio de lealtad institucional fue reconocido por el actual sistema de financiación autonómica aprobado en 2009 a instancias de los gobiernos regionales, hartos de tener que asumir parte de la factura de las rebajas fiscales que se decidían desde el Gobierno del Estado. En virtud de su aplicación, que se restringió a los decisiones adoptadas en el marco de los impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales) y, por tanto, no alcanzó al IRPF, las medidas de política tributaria adoptadas por el Estado que incidían en los ingresos fiscales de las CCAA debían resultar neutrales para las arcas regionales, de modo que si se traducían en menores ingresos ésa pérdida recaudatoria debía ser compensada por el Estado, y si generaban mayor recaudación, ésta se detraería de los fondos recibidos por las comunidades autónomas a través del sistema de financiación autonómica. El ajuste decidió realizarse a través del Fondo de Suficiencia, uno de los fondos adicionales que ejercían de mecanismo de cierre del sistema.

Pero ocurrió que la irrupción de la crisis diluyó cualquier potencial problema derivado de las rebajas fiscales y, además, obligó al Estado a adoptar subidas impositivas para generar más recaudación...de las que las comunidades autónomas no pudieron beneficiarse por la aplicación del dichoso principio. La magnitud del fenómeno la ha medido el grupo de fiscalistas que asesoran al Gobierno de la Comunidad Valenciana en la negociación de la financiación autonómica y sus conclusiones son demoledoras: las arcas regionales de las autonomías de régimen común habrían dejado de ingresar unos 40.000 millones de euros durante la fase más dura de la crisis por la operativa de restar del Fondo de Suficiencia los ingresos extra recaudados por las comunidades autónomas a cuenta de las subidas del IVA e Impuestos Especiales adoptadas por el Gobierno durante los últimos años. Unos recursos que los expertos incluyen en los 84.518 millones de euros de deuda autonómica ilegítima que en su opinión se ha derivado de las lagunas y fallos de diseño del actual modelo de financiación autonómica.

Una decisión sin precedentes...y algo accidentada

La sorpresa se escondía en los Presupuestos de 2018. Obligado por Bruselas, que en su día ya anuló el 'céntimo sanitario' y que nunca ha terminado de entender eso de que cada comunidad autónoma pudiera aplicar un tipo impositivo diferente en el Impuesto de Hidrocarburos (el gravamen sobre las gasolinas y el gasóleo), el Gobierno incluyó una modificación normativa en virtud de la cual el tramo autonómico se armonizará al alza en todas las CCAA hasta la parte más alta de la horquilla prevista: 4,8 céntimos por litro. Una decisión que no tiene implicación fiscal alguna para nueve comunidades autónomas que ya aplicaban ese rango, pero que supondrá una subida de impuestos y de ingresos para otras ocho: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

En condiciones normales, los ingresos extra obtenidos de esa medida se detraerían de las entregas a cuenta del sistema de financiación a todas esas comunidades autónomas salvo Navarra (que al disponer de régimen foral no se ve afectada por las condiciones del sistema de financiación autonómica), pero en una medida sin precedentes Hacienda ha decidido 'blindar' esos ingresos decretando a través del proyecto de Ley de Presupuestos que no se tendrán en cuenta a la hora de calcular el ajuste final del Fondo de Suficiencia.

¿Significa esto un cambio de criterio de Hacienda respecto a la legitimidad de la aplicación del principio de lealtad institucional? Está por ver. Fuentes de la comisión técnica en la que Hacienda y comunidades autónomas negocian desde hace semanas los principios que servirán de base para el futuro sistema de financiación autonómica admiten que el asunto de la lealtad institucional es uno de los factores que se está analizando a la hora de ponderar algún mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica.

De momento, la única cifra que concreta la eventual factura derivada de la aplicación estricta de ese principio durante los últimos años son esos 40.000 millones de euros calculados por los profesores José Antonio Pérez, de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Pérez, del IVIE, a la sazón expertos de cabecera del Gobierno valenciano.

Por cierto, que la desactivación del principio de lealtad institucional para el caso del Impuesto de Hidrocarburos ha resultado ser más complicada de lo que se preveía. El PP ha tenido que salir al rescate del Ministerio de Hacienda con una enmienda en la que se corrige un error de la disposición presupuestaria que decretaba su no consideración a efectos del Fondo de Suficiencia para evitar que un error formal impidiera que los ingresos extra derivados de la medida llegaran efectivamente a las CCAA.

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