PP y el PNV han tardado apenas siete semanas, un mes y medio, en convencerse de la necesidad de aprobar un impuesto a los beneficios de las grandes compañías tecnológicas que operan en España, como Google, Facebook, Apple o Twitter, por citar algunas de ellas. El pasado mes de abril, los dos partidos que han negociado contrarreloj salvar los Presupuestos Generales de 2018 votaron de forma unitaria en contra de una iniciativa en el Congreso favorable a establecer una tributación efectiva mínima sobre los beneficios de las grandes multinacionales que no pagan los impuestos que deberían. Ahora, el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, se encuentra enfrascado en la negociación con sus colegas europeos para que esta tasa a las 'tech' sea real a partir de 2019.
El inicio de este cambio de criterio se remonta al pasado 23 de febrero cuando el Grupo Parlamentario de Ciudadanos registró una Proposición No de Ley (PNL) en la que instaba al a al Gobierno a que abandonara su "pasividad ante la desviación de beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas" y trabajara para "hacer realidad que estas empresas, como todas, paguen en España por sus beneficios y actividades en España".
La formación naranja pedía también al Ejecutivo de Rajoy que adoptara, "mientras no se llega a una situación definitiva multilateral, alguna de las siguientes medidas, con la finalidad de que haya una tributación mínima efectiva en España de las grandes multinacionales tecnológicas: (a) un impuesto "de compensación al impuesto sobre sociedades", aplicable sobre el volumen de negocios, de las multinacionales tecnológicas con empresas o consumidores españoles; (...) b) una retención final sobre determinados pagos hechos a proveedores no residentes en relación a bienes y servicios ordenados on-line; o (c) un impuesto sobre los ingresos de publicidad u otros servicios prestados por las empresas digitales".
Unos días más tarde, los grupos parlamentarios presentaron en la Comisión de Hacienda y Función Pública cinco enmiendas a dicha PNL por parte de Podemos, Ciudadanos, PSOE... y PP. Y el día de 14 de marzo se celebró el debate en Comisión. Abrió el turno de palabra el diputado naranja Francisco de la Torre, que explicó cómo trabajaba cuando tenía que seguir el rastro a las grandes tecnológicas cuando era inspector de Hacienda: "En muchos casos solo pagan impuestos en la matriz, muy a menudo en Estados Unidos, y luego cuando hacen negocios, como ellos dicen, 'over the sea', allí apenas pagan impuestos; incluso como inspector de Hacienda uno tiene la sensación de que se juega en unas condiciones terribles de desigualdad. Ante esto, Cs cree que hay que cambiar las leyes (...) Todo esto se hace a través de triangulación de beneficios en otros países, utilizando regímenes preferenciales dentro de la UE, fundamentalmente en el caso de España, y luego se desvía ese dinero hacia lugares de baja tributación, más conocidos como paraísos fiscales".
El siguiente fue Unidos Podemos. Su diputado, Segundo González, afirmó: "Creemos que hay que ir más allá, que hay que combatir el fraude y la elusión, pero también que hay que reformar el impuesto sobre sociedades en este país para que las grandes empresas paguen lo que tienen que pagar y dejen de profundizar en el agujero del queso gruyere que es nuestro sistema fiscal". Es decir, apoyaban la PNL de Cs con algunas enmiendas. Al igual que el PSOE, cuyo parlamentario Óscar Galeano dijo que "España puede -y por lo que aquí parece y estamos debatiendo- debe acometer la implantación de determinadas medidas de forma unilateral".
La nota discordante a este impuesto a las tecnológicas la puso el PP, en boca de su diputada Ana María Madrazo. Esto fue lo que manifestó en dicha Comisión: "El presidente Rajoy manifestó recientemente que las grandes empresas tecnológicas deben pagar sus impuestos allí donde obtienen sus beneficios. En eso estamos completamente de acuerdo. Las grandes empresas tecnológicas están en el punto de mira del Gobierno desde hace tiempo, y lo saben porque supongo que leen la prensa, pero a nadie se nos escapa que el Impuesto sobre Sociedades es una de las armas principales que manejan los Estados miembros de la Unión Europea para competir unos con otros. La mayoría de los países han ido reduciendo la tasa impositiva durante los últimos años en aras de atraer inversión extranjera. Esto lo sabemos todos".
La diputada popular añadió: "Hoy no vamos a inventar la pólvora ni a solucionar el problema de la fiscalidad y de la elusión fiscal internacional con esta PNL, porque además esta ofensiva ya está instalada la Unión Europea y tendrá su punto de inflexión de manera inminente; el próximo 21 marzo la Comisión Europea va a mover ficha, no sé si saben ese dato, y va a desvelar sus planes para gravar a los gigantes de Internet allí donde crean valor. El 21 de marzo es la semana que viene, entonces no entiendo las prisas por introducir esta PNL". Y continúo defendiendo que "creemos que en materia de lucha contra la elusión fiscal internacional hay que ser más serios, más rigurosos, más responsables, y no pretender plantear soluciones que, a la postre, realmente no van a aportar más allá de lo que ya están aportando estos organismos internacionales". Es decir, el PP prefería "esperar a los resultados de los trabajos de la Unión Europea y de la OCDE" para plantear alguna medida fiscal.
La PNL de Cs fue finalmente aprobada con algunas enmiendas de PSOE y PDeCAT con el resultado de 22 votos a favor y 14 abstenciones. Las formaciones que no la apoyaron fueron PP y PNV (además de ERC), dos partidos que un mes y medio después han alumbrado ese impuesto a las grandes tecnológicas para poder sufragar, en parte, la subida de las pensiones de acuerdo al IPC.
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