Podría tener un careo con la Guardia Civil

Montoro choca con el PP por su 'rifirrafe' con la Guardia Civil por los gastos del 1-O

El ministro sigue manteniendo que no tiene constancia que se utilizara ni un euro de dinero público para el referéndum independentista.

Fotografía de Montoro
Montoro choca con el PP. / EFE

El Gobierno y el PP no ganan últimamente para crisis. Primero fue la polémica del Máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, un asunto que todavía no ha escrito su epílogo, y ahora ha surgido la polémica entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez Pablo Llarena por el supuesto desvío de fondos públicos de la Generalitat de Cataluña al referéndum independentista del 1-O. Mientras el jienense sigue diciendo que no ha detectado irregularidades, la Guardia Civil sostiene lo contrario. En las filas populares creen que se debería haber actuado con mayor cautela.

¿Por qué Montoro asegura, una y otra vez, que no ha detectado desvío de dinero público al 1-O? ¿Por qué se empecina en una afirmación tan rotunda que, precisamente, ha dado alas a los independentistas? Estas son las preguntas que se hacen en el PP ante la actitud de su ministro más impopular en las encuestas, a quien no terminan de comprender. Montoro lleva meses diciendo lo mismo, siendo contundente tanto en público como en privado y sin dudas: “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, dijo en El Mundo.

En el equipo de Montoro sostienen que toda la información y todas las facturas que tienen es lo que ha llevado al ministro a afirmar, sin dudar, que no hubo una supuesta malversación de fondos públicos. Es más, aseguran estar dispuestos a colaborar con el juez Llarena y, llegado el momento, entregarle toda la documentación que les exijan. El Ministerio de Hacienda afirmó en su comunicado sobre la decisión del juez que, incluso, valoraba "positivamente el requerimiento" que había recibido y ratificaba que en todos los controles efectuados desde 2015 y reforzados desde 2017 no se ha detectado irregularidad alguna.

La Guardia Civil, sin embargo, precisa que fueron 1,6 millones los gastos del 1-O "sufragados con dinero procedentes de las arcas públicas y no con dinero privado”, una partida que no controló Hacienda, el supervisor de todo. Ante esta información, desde el equipo de Montoro se apunta que lo que el instituto armado ha aportado al juez son, de momento, informes basados en hipótesis, pero no ha hecho llegar ninguna prueba documental que contradiga la palabra del ministro. Es la versión de Hacienda sobre la polémica de la semana.

Lo cierto es que en el entorno de Montoro no ha gustado nada la actuación del juez Llarena, abriéndose una nueva brecha entre poder ejecutivo y judicial. Tal y como publicó La Información, la polémica podría resolverse con la comparecencia como testigo del propio ministro en el juzgado. Habría, por tanto, un nuevo 'paseíllo judicial', en este caso relacionado con un tema sensible como el desafío independentista de Cataluña, tras la imagen del presidente Rajoy sentado en el banquillo el pasado verano. Tampoco sería nada raro ver sucesivas citaciones y requerimientos a otros cargos del Gobierno implicados en la gestión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el control de las facturas.

En el PP, por su parte, los comentarios que se han escuchado a lo largo de esta semana no son nada amables hacia Montoro. Un diputado nacional asegura que si se confirman los informes de la Guardia Civil el ministro debería dimitir por no haber podido controlar los gastos de la Generalitat. Otro diputado cree que el cerebro de los Presupuestos debería en esta ocasión haber sido más comedido: "¿Qué necesidad tiene de hacer un favor a los independentistas?" Un senador, por su parte, apuntaba que "menos mal" que Montoro se marchará cuando acabe la legislatura, según él mismo ha comentado en más de una ocasión.

Las sucesivas declaraciones de Montoro podrían ser aprovechadas, en efecto, por los independentistas para aquilatar su defensa y servirles como argumento contra el presunto delito de malversación que se les imputa (la condena por rebelión y malversación llevaría hasta los 30 años de prisión). Ahora, las defensas de los exdirigentes de la Generalitat encausados podrían utilizar las manifestaciones del ministro para reclamar al juez nuevas declaraciones e informes con el objetivo de demostrar las acusaciones de la Guardia Civil. Incluso podría darse la posibilidad de un careo entre el ministro y algún responsable de la UCO, la unidad de la Benemérita que investiga el 1-O. Llarena y la Sala de lo Penal tendrán la última palabra.

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