No levantar el pie del acelerador del gasto público. Escamados por el daño reputacional que les infringió el discurso de la austeridad sostenido durante los años siguientes a la gran crisis financiera, los organismos internacionales han variado diametralmente su relato en esta crisis pandémica en que no hacen otra cosa que instar a los gobiernos a exprimir el gasto público para evitar reabrir las cicatrices aún sin restañar que dejó la crisis de hace una década. Hasta hace unos meses el discurso era gastar para que nadie se quedara atrás, para impedir la desaparición de empresas y el desempleo de los trabajadores; ahora que la vacunación parece inocular cierta certidumbre a las previsiones de futuro los analistas del Fondo vislumbran la necesidad de un cambio en la orientación del gasto: en otras palabras, lo que viene siendo empezar a drenar recursos del llamado 'escudo social' para disponer nuevos incentivos que impulsen la recuperación.
El informe regional sobre Europa que el FMI acaba de difundir este miércoles subraya la existencia de "un beneficio potencial" en redirigir la mayor parte de los recursos que se están destinando a ese escudo social hacia medidas de estímulo fiscal que contribuyan a impulsar la recuperación. El cambio de orientación de las políticas públicas de los países puede ser especialmente beneficiosa en el caso de España a la que los analistas del fondo sitúan entre el reducido grupo de economías europeas, junto a Italia, Croacia y Montenegro, que van a tener más dificultades para encarrillar su recuperación económica por el peso singular de su sector servicios, y concretamente del turismo, en su PIB doméstico.
Si el Gobierno de España esperaba dar por cerrado el capítulo del respaldo público a la economía con el fondo de 11.000 millones de euros para apoyar la solvencia de las empresas, los analistas del Fondo Monetario Internacional ya se han encargado de advertir de que eso puede ser una mala idea. El organismo entiende que la recuperación económica va a requerir de nuevas medidas de estímulo fiscal al sector privado por parte de los gobiernos nacionales y que éstas deberían concretarse en créditos fiscales dirigidos a las empresas para estimular la inversión en infraestructuras y, del mismo modo, otro tipo de incentivos fiscales para favorecer la creación de puestos de trabajo y la reincorporación de los trabajadores amparados por esquemas de protección al empleo, como los célebres ERTE españoles.
Los datos que maneja el FMI indican que ese tipo de instrumentos han llegado a proteger a lo largo de esta crisis a más de 68 millones de trabajadores europeos - alrededor de cuatro millones de ellos en España, según la información que maneja el propio Gobierno -, pero que el modo en que las economías europeas salgan de la crisis va a determinar el destino de al menos 15 millones de trabajadores. El 'timing' que plantea el FMI pasa por activar esos estímulos fiscales a la inversión y al empleo tan pronto como el proceso de vacunación permite tener la pandemia bajo control.
El asunto de la orientación de las medidas de estímulo está ahora también en el centro del debate en España con motivo de la inminente negociación para la prórroga de los ERTE, cuya vigencia actual vence el próximo mes de mayo. Existe una discrepancia de pareceres entre la posición del Ministerio de Trabajo, que aboga por mantener el mecanismo de protección a los trabajadores con la mayor potencia posible al menos durante unos meses más; y la del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que abogan por reorientar el esquema para incentivar la reincorporación de los trabajadores en ERTE a sus empresas, en la medida en que esto sea posible, toda vez que las comunidades autónomas han empezado a levantar las medidas de restricción a la actividad dispuestas para contener la tercera ola del virus y que la economía avanza supuestamente hacia la normalidad.
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