Políticas económicas generalistas

El FMI pide a los gobiernos mirar más allá de la IA y los chips en su política industrial

El Fondo considera que, si bien una mayor legislación en sectores concretos puede aumentar la productividad de algunas empresas, corre el riesgo de producir una asignación ineficiente de recursos, como ya ha ocurrido antes. 

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El FMI reduce las expectativas sobre los mercados específicos de la IA y los chips
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido este miércoles que no se debe apostar únicamente por la política industrial para revertir la baja productividad y mejorar las perspectivas de expansión. En cambio, el organismo ha pedido impulsar políticas generalistas que incidan de manera positiva a todo los sectores económicos.

El organismo considera "fundamentales" estos objetivos, con el fin de afrontar de forma más efectiva los altos niveles de deuda pública y la necesidad de transicionar hacia modelos climáticos positivos.

"El reciente giro hacia políticas industriales para apoyar la innovación en sectores y tecnologías específicos no es una panacea para un mayor crecimiento de la productividad" asegura el FMI, al considerar que estas políticas son aconsejables solo cuando los beneficios sociales son fácilmente identificables y existe una capacidad administrativa suficiente. 

"Muchas economías importantes han recurrido a un enfoque más directo motivado por preocupaciones sobre la seguridad económica y nacional, utilizando políticas industriales para favorecer la innovación en sectores específicos y limitando la difusión internacional de tecnologías", defiende el organismo. Según el fondo, ahora se presentan preguntas importantes sobre el valor y los costes de productividad derivados de la política industrial.

Nuevas regulaciones como la Ley CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, el Plan Industrial del Pacto Verde en la Unión Europea, la Nueva Dirección de la Economía y la Política Industrial en Japón y la Ley K-Chips en Corea, "comparten un fuerte énfasis en la innovación en sectores específicos".

La mayoría de los paquetes incluyen incentivos fiscales para la innovación en sectores de tecnología verde y avanzada (como la IA y los semiconductores), con una gran dependencia de costosos subsidios", informa la institución.

El FMI considera que si bien una mayor legislación en sectores concretos puede aumentar la productividad de algunas empresas, corre el riesgo de producir una asignación ineficiente de recursos, recordando que "la abundancia de programas fallidos" en países institucionalmente estables prueba que es difícil evitar errores políticos. 

El organismo también avisa que aunque puedan lograr una transformación industrial, como Airbus en la UE o los vehículos eléctricos en China, se puede incurrir en altos costes fiscales y, en ocasiones, producir efectos transfronterizos negativos.  

El FMI recomienda que si se decide aplicar políticas industriales, los gobiernos supervisores deben ser capaces de mejorar su capacidad administrativa, recalibrar el apoyo a medida que las condiciones cambian y fomentar la competencia. 

"Se necesitan políticas estructurales, de competencia, comerciales y financieras complementarias para proporcionar igualdad de condiciones, evitar la concentración del poder de mercado y garantizar un acceso adecuado a la financiación a lo largo del ciclo de innovación, en particular para proyectos de energía verde a largo plazo", consideran. 

De acuerdo el organismo, se necesita aplicar una combinación de políticas fiscales bien planteadas que apoyen la innovación de manera más amplia en todos los sectores e influyan en la financiación pública para la investigación fundamental para impulsar el crecimiento de las economías a largo plazo en el sector tecnológico. 

Nuevos planes fiscales

Las investigaciones confirman que el uso múltiple de políticas innovadoras generan crecimiento y dividendos fiscales importantes, incrementando el PIB entre 3 y 4 dólares por cada dólar de coste fiscal. 

Esto supone que aumentar el I+D en 0,5 puntos porcentuales del PIB anual, o alrededor del 50% del nivel actual en las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDÉ), puede derivar en un aumento del PIB en torno al 2%, y reducir la relación deuda/PIB para la economía en 8 años. 

Si bien es un plan ideal para las economías con amplio espacio fiscal, el FMI asegura que la financiación puede resultar problemática para los países con restricciones fiscales directas y entiende que pueden necesitar limitar más el gasto o mejorar la movilización de ingresos. 

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