El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos para los jóvenes y las rentas más bajas. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la restricción al crédito fácil y la precariedad de los salarios en algunos casos, son los principales obstáculos. A estas barreras se ha añadido recientemente la inflación, de la que tampoco ha escapado el sector inmobiliario, con un repunte del 8,5% durante el primer trimestre del año, su tasa más alta en quince años. Bajo este paraguas desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han impulsado una Ley de Vivienda que incluye, entre otros aspectos, la obligación de destinar el 30% de todas las promociones nuevas a vivienda protegida y de ese porcentaje, un 15% tiene que ir destinado a alquiler social y que penaliza las viviendas vacías con recargos en el IBI.
Estas dos medidas han sido las que más críticas ha levantado entre el sector de toda la normativa -que está en trámite parlamentario- y ante el que los grandes tenedores han puesto sobre la mesa del Ministerio de Transportes una nueva propuesta ‘a la irlandesa’. El consejero delegado de Anticipa y Eliseda, Eduard Mendiluce, en nombre de la Asociación de Propietarios de Vivienda y Alquiler (Asval), ha sorprendido con el anuncio de que los grandes propietarios están dispuestos a ceder al Estado hasta 30.000 viviendas durante 25 años, en un modelo similar al diseñado en Irlanda.
La idea pasa porque el Gobierno alquile a esos fondos los inmuebles con entre un 15% y un 20% de descuento, con derecho a subarriendo para que fuera la administración central la que otorga esas viviendas a CCAA o ayuntamientos para que se pongan en alquiler social. La letra pequeña que proponen es que la gestión recaiga en el ámbito privado y sería el Ejecutivo el que decidiría el perfil que pueden acceder a ellas.
Los expertos consultados por La Información ven con buenos ojos esta propuesta. El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, defiende que la colaboración público-privada en materia de alquiler permite provisionar vivienda protegida a terceros a un coste muy reducido y además ofrece una opción habitacional más eficiente porque favorece la movilidad geográfica de los inquilinos a la hora de aceptar una oferta de trabajo. El hándicap que presenta desde el lado de la administración pública, es que un arrendamiento les supone más costes, señalan desde el 'think tank' de la CEOE. “Esta iniciativa puede solucionar el problema de la vivienda en España y mejorar el funcionamiento del mercado del alquiler”, añade.
Coincide con este enfoque la directora del máster de Real Estate de la Universidad de Navarra, Mayka García Hipola, quien matiza que si bien este planteamiento no arregla por sí solo todas las carencias del mercado, representa un ‘win to win’ para todas las contrapartes. Por un lado, los tenedores consiguen dar salida a una parte de su ‘stock’ y el Gobierno cubre las necesidades de algunos colectivos. El profesor de Estadística y Econometría de la universidad Europea, Ricardo Pérez Valls, difiere de esta opinión y asegura que existen diferencias notables entre el mercado inmobiliario de España e Irlanda, donde el precio de los alquileres se ha disparado mucho más y el sector del arrendamiento no está tan atomizado en particulares, como sí ocurre a nivel nacional, sino que la presencia del alquiler profesionalizado está mucho más extendida.
Un informe elaborado por Atlas Real Estate Analytics sitúa a CaixaBank, Blackstone, a través de Testa Home y Sareb como los tres grandes propietarios, con un volumen que alcanza los 60.000 activos en conjunto, el 4,4% de los 3,5 millones de inmuebles que componen el total. Lazora (9.000 unidades) y ARES (7.000) completan los cinco primeros puestos, concentrados principalmente en grandes urbes como Madrid, Barcelona o Valencia.
En la etapa de José Luis Ábalos, el Ministerio ya anunció su intención de conseguir 100.000 viviendas para alquiler asequible, materializado a través del ‘Plan de Vivienda’, en línea con la hoja de ruta de Moncloa, con el que la ministra Raquel Sánchez espera movilizar hasta 10.000 millones de euros durante los próximos cuatro años para esta partida. El Observatorio de Vivienda y Suelo de 2021 que elabora el Ministerio de Transportes, reconocen la reducción “significativa” que ha experimentado la construcción de vivienda protegida en los últimos años, pasando de las 97.617 iniciadas en el año 2006 a las 12.262 en 2021, cifra que supone un mínimo desde la década de 1980 y que sitúa a España a la cola de países como Francia, Austria o Dinamarca.
Desde el cuartel general capitaneado por Raquel Sánchez ha desvelado mantiene conversaciones con el sector privado sobre esta cesión y negocian la fórmula para incorporarlas al Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible. En el lado contrario, desde Asval ya urgen a cerrar un acuerdo y lamentan los "pocos avances" en este sentido. La incógnita es el motivo de sus prisas a cerrar el acuerdo y que algunos expertos indican que la razón puede estar en intentar librarse del encarecimiento del IBI de todas las casas que no estén colocadas en el mercado residencial.
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