El Gobierno va a destinar parte de los créditos de los fondos de recuperación europeos a costear los procesos de suspensión de empleo y reestructuración de las empresas en tiempos de crisis. En concreto, hasta 5.000 de los 84.000 millones de euros que España va a recibir en forma de préstamos se van a dedicar a financiar el Mecanismo RED, los nuevos modelos de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que creó la reforma laboral aprobada hace ahora un año. Así se establece en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye inversiones y reformas adicionales para la movilización de las transferencias y préstamos asignados a España de los fondos Next Generation EU para el periodo 2020-2026.
En el documento que el Gobierno ha remitido a Bruselas se plantean un conjunto de inversiones y reformas que se sumarán a las ya puestas en marcha por el Ejecutivo para movilizar 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y hasta 84.000 millones en préstamos. Según explican desde el Ministerio de Asuntos Económicos, el grueso de las transferencias se destinará a reforzar los 11 PERTEs ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico. Mientras, los créditos se canalizarán a través de 12 fondos destinados al tejido productivo y proyectos regionales.
Uno de estos fondos de inversión se denomina "Fondo de Reforma laboral: Mecanismo RED" y está dotado con un importe de 5.000 millones de euros. El destino de estos recursos que llegarán de la Comisión Europea, tal y como explica el Gobierno, es la "puesta en marcha del soporte financiero del mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo, así como financiación de la recualificación de trabajadores en transición". Es decir, el Ejecutivo va a utilizar una parte importante de los créditos que ha solicitado a Bruselas para costear el propio mecanismo en lo que se refiere tanto a la protección social como a la formación de los trabajadores afectados por estos procesos.
Hay que recordar que la reforma laboral que pactaron los ministerios de Trabajo y Seguridad Social con las organizaciones sindicales y empresariales a finales de 2021 introdujo un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, dentro del apartado de los ERTE, para incorporar al marco regulatorio el Mecanismo RED, definido como una medida de flexibilización y estabilización del empleo que activa por el Consejo de Ministros para un sector de la economía o por un ciclo temporal determinado. Implica que las empresas pueden optar tanto por la suspensión temporal del contrato de trabajo como por la reducción de la jornada de los trabajadores, que quedan cubiertos por prestaciones económicas y tienen derecho a recibir formación.
El Real Decreto-ley 32/2021 estableció que se constituiría "como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo". Pero el Gobierno no activó el desarrollo de este fondo hasta el pasado julio, tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobase el procedimiento para solicitar el mecanismo con el objetivo de evitar que la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania provocase una sangría en el mercado laboral.
En el diseño del fondo se estableció que sus fuentes de financiación serían el excedente de cotizaciones sociales que se genere en épocas de bonanza, entre los ingresos por las cuotas de desempleo y el pago de prestaciones; aportaciones tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados hacia este fin; y los recursos generados por la conocida como "enmienda Telefónica", que obliga a hacer aportaciones al Tesoro Público a las grandes empresas que lleven a cabo despidos colectivos que afecten a mayores de 50 años. De modo que desde su nacimiento como fondo el Gobierno ya contempló la posibilidad de utilizar dinero procedente de los fondos europeos para su financiación.
Es más, el Gobierno español ya ha recibido más de 22.000 millones de euros de Europa para hacer frente al coste de los mecanismos de flexibilidad empresarial. Concretamente, 21.300 millones de euros procedentes del fondo europeo para el mantenimiento del empleo, bautizado como SURE, del que nuestro país ha agotado ya todos los recursos que le correspondían. Y esto habría que sumar otros 1.100 millones que la Comisión Europea concedió a España a principios de este año, procedentes del programa React-EU, que forma parte del plan anticrisis de 800.000 millones de euros puesto en marcha por la UE para sacar a las economías del bloque de la crisis provocada por la pandemia y que refuerza el presupuesto de la Política de Cohesión.
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