Más de 800 millones de euros. Es la penalización que ha impuesto el Estado a las empresas que, obteniendo cuantiosos beneficios, han llevado a cabo despidos colectivos que han afectado a trabajadores mayores de 50 años. Desde el año 2011 las compañías están obligadas a realizar una aportación económica al Tesoro Público en compensación por el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo que asume el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las reclamaciones arrancaron en 2013 y, desde entonces, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha exigido a 76 empresas una factura millonaria de la que todavía adeudan parte.
Se trata de la conocida como 'enmienda Telefónica', que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su reforma de las pensiones para responder a las prejubilaciones masivas que la compañía de telecomunicaciones realizó en 2011 y que afectaron a más de 6.800 trabajadores, tras anunciar unos beneficios de 10.000 millones de euros. A cierre de 2021, según los datos más recientes consultados por La Información, el SEPE había reclamado a 76 empresas las aportaciones económicas correspondientes a las prestaciones abonadas a 23.101 trabajadores despedidos, por un valor total de 811 millones de euros.
De esos más de 800 millones de euros, a finales del año pasado se habían ingresado en las arcas públicas 725 millones, es decir, prácticamente el 90%. De acuerdo con la información facilitada por el SEPE en su último informe anual, más del 40% de las cantidades ingresadas, en concreto, 305 millones de euros, se corresponden a Telefónica, que acapara en torno al 30% del total de trabajadores afectados por estos procesos. Del resto de empresas, el organismo público no desglosa los importes abonados ni adeudados, a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido al Ministerio de Trabajo que detalle las cantidades que se reclaman a estas compañías, entre las que aparecen otros gigantes del Ibex como Santander o Caixabank.
El listado de empresas deudoras con el Tesoro Público ha engordado considerablemente en los últimos años. Repasando los informes anuales más recientes se observa que en el año 2020 se habían reclamado aportaciones a 71 compañías, 10 más que en 2019, mientras que en 2018 eran 47 empresas. Así hasta llegar a las 76 actuales. Pero es que además hay otra veintena de compañías -17, concretamente-, entre las que están Bankia o Repsol, con las que el SEPE está trabajando en estos momentos, porque se encuentran en distintas fases del proceso de reclamación. Por ejemplo, pueden estar en un momento de análisis de la certificación y determinación de si están afectadas o no por la norma, o bien pueden estar inmersas en el procedimiento de cálculo de la aportación económica o en fase de alegaciones, etc.
Aunque la vía para compensar al erario público por el gasto en protección por desempleo de estos trabajadores sénior llevaba años pinchando en el cobro, sobre todo por los recursos presentados por las empresas y el farragoso procedimiento, en los últimos ejercicios se ha acelerado el ritmo de ingresos de manera considerable. En 2019, el Tesoro había ingresado 410 de los 559 millones de euros reclamados desde el inicio del procedimiento en 2013, lo que equivale a algo más del 73% del total. Pero en el año 2020, en plena pandemia, la recaudación experimentó un fuerte acelerón, al ingresarse 615 millones de los 682 millones de euros reclamados en total hasta la fecha. Y en 2021 el SEPE ha logrado que las empresas aporten 725 millones del total de 811 millones que deben (es decir, estamos en niveles del 90%).
La 'enmienda Telefónica' ha estado en el punto de mira de los empresarios desde su creación en el año 2011. Tanto es así que la CEOE ha llegado a plantear en la mesa de diálogo social la necesidad de eliminar esta obligación. Nos remontamos a 2018, cuando empezaron las conversaciones con el Gobierno socialista para modificar la reforma laboral de 2012. Ya entonces, la patronal marcó una línea roja en los expedientes de regulación de empleo (ERE): que ni la Inspección de Trabajo ni los jueces entraran a valorar la existencia de las causas y la proporcionalidad de estos procedimientos, ni las razones económicas o de otra índole de las empresas.
Un asunto que, cuatro años después, cobra toda la actualidad. Esta misma semana ha saltado a la luz que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pactado con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo para elevar el control de la Inspección de Trabajo sobre los ERE. Una maniobra que ha provocado el enfado en la CEOE, hasta el punto de que los empresarios se han levantado de todas las mesas de negociación abiertas con el Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que la enmienda ni recupera la autorización administrativa en los ERE ni hace vinculante el informe de la Inspección, y además el refuerzo del control sobre estos procedimientos ya estaba previsto en el Plan Estratégico de la ITSS que se aprobó a finales de 2021, tal y como se explicó aquí. Pero la patronal cree que se ha producido una "traición" al diálogo social.
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