El Gobierno descarta implantar en lo que queda de legislatura el sistema de peajes para las autovías. La tensión con el sector del transporte que ha amenazado con el desabastecimiento en los supermercados y con colapsar la industria alimentaria ha llevado al Ministerio de Transportes a congelar esta idea. La situación económica tampoco es favorable, en un momento en que la inflación se sitúa en cifras históricas y con una recuperación en el horizonte más dilatada de lo que esperaba el Ejecutivo. Pese al compromiso que España tiene con la Comisión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez consideran que el operational agreement es "interpretable" y que Bruselas se conformaría con que se elabore un plan o un diseño del sistema sin que este tenga que entrar en vigor antes de 2024.
Durante la última semana, el Gobierno mantuvo las negociaciones con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para poner en marcha medidas que amortigüen el encarecimiento de los carburantes para el sector. Además, en los últimos meses, el Ministerio de Transportes ha aprobado cambios que reclamaban los transportistas como la prohibición de que los conductores participen en las tareas de carga y descarga de los vehículos. Transportes también se ha comprometido a la devolución mensual -y no trimestral como hasta ahora- del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del gasóleo profesional, entre otras medidas. No obstante, el sector ha puesto en jaque a la economía del país con un paro convocado por la Plataforma Nacional en defensa del transporte por carretera, una asociación que no tiene representación en el CNTC.
La situación de los precios de los carburantes y, en consecuencia, la tensión con los transportistas ha llevado al Gobierno a paralizar una de las políticas menos populares del Plan de Recuperación. El secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, tenía la misión de diseñar el plan y ponerlo en marcha, pero, por el momento, su trabajo se centrará en el informe que estudie el modelo para implementar el "pago por uso" más adelante. Flores proviene del gobierno catalán y ha ocupado distintas responsabilidades siempre en relación con las infraestructuras. Se incorporó a la administración central en enero de este año con la misión de negociar con los agentes sociales el modelo para poner precio a la circulación por las carreteras españolas, un compromiso que el Gobierno había adquirido antes del fichaje de Flores.
Se esperaba que el Gobierno diera más pistas sobre el modelo en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por omitirlo, aunque sí subraya la necesidad de llegar a un consenso con todas las partes implicadas para acordar cómo financiar las carreteras españolas, tal como publicó este periódico. Fuentes del ámbito de la consultoría apoyan la idea de que el momento no es el oportuno para poner en marcha este cambio, tanto por la tensión en el sector del transporte, como por las perspectivas económicas.
Durante el primer trimestre de este año, el Ministerio de Transportes esperaba haber concluido el diálogo con los agentes implicados para "desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras", tal como se recoge en el Plan de Recuperación. De cara a finales de 2023, el pago por uso de las autovías tendría que estar implantado, aunque el modelo por el que se optaría sería temporal. En esta primera fase, Moncloa optaba por una viñeta, una pegatina con coste por vehículo para circular por estas vías. Sin embargo, ahora Transportes descarta cumplir este calendario.
No obstante, aunque lleve más tiempo del inicialmente previsto, esta medida sigue en la hoja de ruta del Gobierno y se enmarca dentro del principio que ha defendido el Ejecutivo de que "quien contamina paga". A través de ese sistema, Moncloa busca que quienes usen las carreteras costeen su mantenimiento. La Asociación Española de Carreteras (AEC) calcula que el déficit de inversión en la conservación de todas las carreteras del país está cerca de los 8.000 millones de euros.
Este lunes está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desvele ante los principales líderes empresariales del país las medidas que incluirá el real decreto que se aprobará este martes en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Dentro de ese paquete de ayudas y políticas se incluyen las vinculadas al transporte, como las rebajas en el combustible o las ayudas directas para transportistas. Medidas que chocan con el plan de establecer un pago por uso y que terminará impactando y teniendo un coste para el sector y también en los ciudadanos.
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