La convocatoria de elecciones anticipadas el pasado 23 de julio y el retraso en la formación del gobierno trastocó por completo la liturgia presupuestaria, que se ha iniciado con retraso y a pocas semanas de que concluya el año. Sin que ni siquiera haya transcurrido un mes desde el debate de investidura que llevó a la reelección de Pedro Sánchez, el Gobierno ha dado luz verde al techo de gasto récord -de 199.120 millones de euros incluidos los fondos Next Generation- que sienta las bases para la elaboración de las cuentas públicas del año que viene.
A partir de ahora da inicio una carrera al sprint para poder tener aprobado el Proyecto de Ley antes de que concluya el primer trimestre o a lo sumo en el mes de abril. Fuentes del Ejecutivo confían en poder presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 en el Congreso a finales de enero o principios de febrero. El Ejecutivo deberá remitir ahora a la Cámara Baja y al Senado los objetivos de estabilidad para los próximos tres años y el techo de gasto para que diputados y senadores voten los primeros, dado que el límite de gasto no requiere de aprobación parlamentaria.
En este punto es donde las primeras cuentas de la legislatura van a encontrarse con un escollo inicial, puesto que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. El Gobierno cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que establece el mecanismo con el que podría eludirse ese bloqueo, pero que no impediría que el trámite presupuestario se demorase algo más.
El Ejecutivo puede acudir en dos ocasiones al Congreso y al Senado para tratar de recibir el visto bueno a las metas de déficit y deuda que ha diseñado hasta 2026. Entre una y otra vez no puede transcurrir más de un mes y si en alguna de las dos una sola de las Cámaras se pronuncia en contra, los presupuestos ya no podrán tomar esa senda como referencia. Así, deberán ceñirse a los objetivos incorporados en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas en abril, puesto que ese documento es el que vincula al España con la Comisión Europea.
Unas metas menos duras para las autonomías
En este caso sucede que los nuevos objetivos son menos exigentes para las autonomías y ayuntamientos que los que incorporaba aquel documento, por lo que un veto del PP en la Cámara Alta a las nuevas metas de estabilidad perjudicaría a los ejecutivos autonómicos que, como han recordado las mismas fuentes del Gobierno, han ido aprobando sus cuentas para el año que viene contando con el margen 'extra' que el Estado se comprometió a darles en el Plan Presupuestario enviado a las autoridades comunitarias en octubre.
Así lo han hecho, aseguran, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana... entre otras autonomías. En concreto, sus ejecutivos dieron por hecho que podrían incurrir en un déficit del 0,1% de su PIB el año que viene, frente al equilibrio (déficit cero) que se les exigía en el Programa de Estabilidad. En el caso de los ayuntamientos, ahora se les permitiría cerrar el ejercicio en equilibrio frente a las dos décimas de superávit que tenían que alcanzar según lo dispuesto en abril.
Debatir con los grupos una reforma de la Ley de Estabilidad
El ministerio de Hacienda se plantea ahora abrir un diálogo con los grupos parlamentarios para debatir si se pone en marcha o no una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que por entonces contaba con mayoría absoluta en el Congreso. Antes de que el ministro Cristóbal Montoro impulsase esa norma, los presupuestos podían salir adelante únicamente con el aval de la Cámara Baja. A raíz de la modificación que este promulgó necesitan contar también con el visto bueno del Senado.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, incidía en que el techo de gasto que sirve de base para las próximas cuentas públicas un marco "prudente" y "realista" que permite al Ejecutivo contar con cierto margen para tomar o prorrogar, si fuera necesario, algunas de las medidas extraordinarias que se aprobaron para hacer frente a la crisis inflacionaria y energética agravadas por la invasión rusa de Ucrania.
