El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) nació con el objetivo de rebajar un 13% la factura de la luz en cinco años y todo hace indicar que no entrará en funcionamiento antes de que se agote la actual legislatura. Su creación fue aprobada en Consejo de Ministros en diciembre de 2020 y, en septiembre de 2021, salvó su primera votación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la crisis energética lo ha dejado encallado en la Cámara Baja y no se esperan noticias hasta que no se cierre la reforma del mercado eléctrico europeo.
Fuentes parlamentarias consultadas por La Información recuerdan que la tramitación estaba planificada para antes de que estallara la crisis en los mercados energéticos internacionales y que las medidas posteriores de urgencia que acometió el Ejecutivo, como la rebaja fiscal de la electricidad y la puesta en marcha de la 'excepción ibérica', entre otras, provocaron que no fuese "prudente" hacer modificaciones de tal calado. "Ahora mismo estamos en medio de la reforma del mercado eléctrico que ha de venir desde Europa, así que lo mejor es esperar. Se retomará en función de la reforma y se valorará qué es necesario entonces", subrayan las mismas fuentes.
El Gobierno aspira a que la reforma del 'pool' eléctrico se cierre durante la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, pero se prevé un debate largo. No obstante, aun aprobándose antes de que finalice el año, poco margen de maniobra le quedaría para terminar la legislatura con el fondo aprobado ante las elecciones generales que se celebrarán en diciembre. En concreto, el FNSSE pretende asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) -entre 6.500 y 7.000 millones de euros al año- y sacarlos del recibo eléctrico. El Ministerio para la Transición Ecológica propuso su puesta en marcha con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años.
Sacar las renovables del recibo
Según el Gobierno, el fondo rebajaría hasta un 13% la factura de la luz en cinco años tras sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables, por lo que supondría un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituiría gradualmente los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore, incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica. El objetivo era que el trasvase fuese del 20% el primer año, para el segundo alcanzar el 40% y el tercero el 60%, hasta alcanzar el 100% al quinto ejercicio. La liquidación 14/2022 del sector eléctrico, que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), recoge que el FNSSE habría aportado 213,6 millones de euros con tan solo haberse aplicado en el segundo semestre de 2022.
Bajo el sistema actual, son los consumidores, ya sean particulares o empresas, los que cargan actualmente con los costes asociados al Recore, y lo quel Ejecutivo pretende es que los sujetos obligados a financiar dicho mecanismo sean los comercializadores de todos los sectores energéticos: las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores. Las aportaciones de los sectores energéticos se realizarían mediante pagos proporcionales a sus ventas.
De este modo, el objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calcularía cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación, como tributos o ingresos de las subastas de CO2. Según los volúmenes de venta actuales, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, seguido del eléctrico y del gasista. Compañías como Repsol, Cepsa o BP son las que más sufrirían las consecuencias. En su momento, con el fin de garantizar la equidad y la redistribución, se introdujeron exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al sistema.
Si finalmente el FNSSE sale adelante tal y como se propuso en su día, estarán exentos de contribuir el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el gasóleo y gas natural para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural. Asimismo, habría bonificaciones por posibles costes indirectos para el gasóleo de usos profesionales, y la industria electrointensiva y consumidora de gas natural. También se incluyó entre los sectores con exenciones a los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Por otro lado, también continúa en el Congreso el mecanismo por el que se actuará sobre la retribución del C02 no emitido del mercado eléctrico, el cual habría aportado 484 millones de euros al sistema eléctrico el año pasado, según la liquidación 14 de la CNMC. La cartera que dirige Teresa Ribera considera que la generación de energía mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) percibe una sobrerretribución en el mercado mayorista y quiere usarla para sufragar parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riego de exclusión social, con un 10% del total, mientras que el 90% restante se destinaría a financiar los costes asociados al Recore.
Con este anteproyecto de ley se abría paso a la eliminación de los conocidos como beneficios caídos del cielo ('windfall profits', en inglés) para estas tecnologías del 'mix' energético. Según el Ejecutivo, la medida supondría un recorte anual de 1.000 millones en la retribución que reciben las eléctricas. La propuesta no perjudicaría a ninguna planta posterior a 2005 ni a las que cuentan con marco retributivo regulado, así como tampoco a las que se acogen a las subastas ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura. También se excluyeron las instalaciones de menos de 10 MW.
subasta de energía 'barata'
- El Gobierno tampoco parece que finalmente vaya a obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales, tal y como recoge el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre. La idea era forzar a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a que ofertaran parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año. La primera puja tendría que haberse celebrado antes de que terminara 2021.
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