El Gobierno retrocede algunos pasos en su pretensión de regular las plataformas digitales. En la última reunión mantenida con la patronal y los sindicatos el pasado jueves, el Ministerio de Trabajo puso un borrador sobre la mesa que contenía cambios sustanciales respecto al papel anterior, o más bien, ausencias importantes, al desaparecer del texto la creación de un registro de plataformas digitales y la obligación de estas empresas de desvelar los algoritmos aplicados para la organización de su actividad. Así lo revelan distintas fuentes conocedoras de estas conversaciones consultadas por La Información, que apuntan a que este cambio de criterio viene provocado por la "fuerte presión" que han ejercido los 'lobbies' del sector.
La ministra Yolanda Díaz confesaba este domingo en una entrevista en el programa de televisión Salvados, de La Sexta, algo que, por otro lado, es un secreto a voces: el Gobierno recibe presiones de empresas multinacionales. "Por tierra, mar y aire", afirmaba con contundencia. Y no solo el Ejecutivo. La titular de Trabajo era tajante al revelar que, desde estas compañías "con mucho dinero", se producen "miles de llamadas" a operadores jurídicos, económicos o sindicatos, entre otros actores influyentes. Díaz catalogaba este fenómeno como "un disparate", algo "no muy democrático", aunque aseguraba, en su caso personal, no sentirse "nada presionada".
Los 'lobbies' existen y hacen su función. Tras mucho tiempo solicitándole reuniones, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha recibido a representantes de Glovo, Deliveroo o Just Eat. Se trata de encuentros que han constado siempre en la agenda pública del secretario de Estado, si bien hasta ahora no habían trascendido sus conclusiones. Según ha podido saber este medio, los 'capos' del sector, así como la patronal Adigital, acudieron al Ministerio de Trabajo a solicitar, directamente, que se abandone el proyecto de 'ley rider' y se avance hacia un modelo de trabajadores autónomos. Los de Díaz rechazaron de plano esta pretensión por ir en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha dejado cristalino que se trata de falsos autónomos.
Aunque fuentes conocedoras de estos encuentros a puerta cerrada afirman que el registro de plataformas digitales no se abordó en las conversaciones, lo cierto es que esta cuestión, junto con la obligación de revelar el algoritmo, es una de las que más chirría al lobby de las plataformas, que alega derechos de propiedad intelectual para evitar hacer públicas sus 'fórmulas' secretas. Si bien los sindicatos defienden que mediante este registro podrá determinarse si las relaciones laborales de la plataforma deben ser por cuenta ajena o si, por el contrario, sus trabajadores pueden ser autónomos. La propia Díaz, en la citada entrevista, admitía que resulta imposible determinar cuánto pierde el Estado con la estrategia de falsos autónomos que utilizan las plataformas porque "no sabemos de cuántos trabajadores estamos hablando".
Por eso, en un primer momento al Ministerio de Trabajo le pareció una buena idea incorporar en su proyecto de ley la propuesta sindical de crear un registro donde debían inscribirse todas las entidades que funcionen como plataformas digitales, coordinando transacciones mediante el uso de algoritmos. De lo contrario, se enfrentarían a multas de hasta 224.830 euros, que es la cuantía máxima que alcanzarán las sanciones por infracciones muy graves a partir del 1 de enero. Sin embargo, en el último borrador que puso Trabajo sobre la mesa no hay ni rastro ni del registro ni de los algoritmos. Fuentes sindicales aseguran que estos planteamientos se han caído por la presión de los 'lobbies', mientras desde el departamento de Díaz justifican que este asunto excede su marco competencial y por eso ha desaparecido.
El registro, tal y como estaba planteado, sobrepasaba las competencias del Ministerio de Trabajo y entraba en el terreno de Asuntos Económicos, al constituir prácticamente un registro mercantil. El equipo de Díaz sí estaría dispuesto a abordar una iniciativa similar, siempre que se centrase exclusivamente en condiciones laborales, pero no es así. Se exigían datos como: la actividad y sector en el que se integra la plataforma y el convenio sectorial y empresarial aplicables; el modelo de organización del trabajo; la descripción de los diferentes puestos de trabajo; el número de trabajadores de la plantilla; el capital inicial y la procedencia del mismo, incluidas las ayudas económicas públicas; y lo más importante, el algoritmo aplicado para la organización de la actividad, incluyendo el pseudo código o diagrama de flujo, así como los sistemas de reputación utilizados.
Reticencias de Calviño
Fuentes gubernamentales indican que la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño no es partidaria de crear este registro de plataformas ni de obligar a las compañías a revelar sus algoritmos. Desde el flanco sindical interpretan que la presión ejercida por los 'lobbies' cala especialmente en el área económica del Ejecutivo, más sensible con el posicionamiento de las empresas multinacionales. Públicamente, la vicepresidenta se ha mostrado partidaria de "regular adecuadamente" al colectivo de riders, pero sin entrar al barro del asunto. Estas fuentes aseguran que Calviño no comparte la intención de Díaz de laboralizar al conjunto de estos trabajadores, como ha marcado el Supremo, y es partidaria de una solución más flexible e incluso de un modelo mixto, como se ha llegado a plantear desde distintas organizaciones empresariales.
Hay que matizar que la CEOE ha mantenido un perfil bajo durante estas negociaciones, porque dentro de su organización están representadas las principales empresas del sector, que se verán afectadas por la regulación. En este sentido, la patronal no ha presentado una propuesta propia, aunque sí participa activamente en las reuniones, según fuentes del diálogo social. En cualquier caso, la desaparición del texto del registro de plataformas, algoritmos incluidos, serviría para acercar a los empresarios a un eventual acuerdo. Ahora, los que parecen divididos son los sindicatos, pues mientras UGT amenaza con no firmar un acuerdo si no se retoma el registro, CCOO no parece dar demasiada importancia a este aspecto, al menos públicamente.
Lo que sí mantiene el último documento de Trabajo es la creación de un Observatorio tripartito de plataformas digitales, como órgano de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que estarían representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que serían informadas mensualmente de la evolución de la actuación de las plataformas. En cualquier caso, el proyecto de ley no está ni mucho menos cerrado y el próximo jueves, en una nueva reunión, se seguirá avanzando para intentar zanjar cuanto antes el tema de los riders y poder poner sobre la mesa, antes de que acabe el año, la cuestión de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP.
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