El Gobierno sigue ampliando el paquete de medidas económicas para responder a las exigencias de los colectivos más afectados por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Uno de ellos son los trabajadores autónomos, que consideran insuficiente el plan de rescate inicial puesto en marcha por el Ejecutivo. Por eso durante estos días mantienen intensas negociaciones con el área de Seguridad Social que, según fuentes conocedoras de las conversaciones, podrían dar sus frutos tan pronto como este viernes o, a más tardar, el próximo martes, cuando se plasmarán en los acuerdos de uno de los consejo de ministros.
A falta de cerrar algunos flecos, se están valorando suspensiones del pago del alquiler de oficinas y locales comerciales que tienen que seguir abonando los autónomos que se han visto obligados a echar el cierre y moratorias para préstamos tanto hipotecarios como de tesorería y liquidez a los que deben hacer frente pese al parón de sus negocios. Estas medidas se sumarían a las ya aprobadas para este colectivo como la suavización del acceso a la prestación por cese de actividad para aquellos que sufran una caída de la facturación del 75% en relación con el semestre anterior, con la consecuente suspensión del pago de la cuota a la Seguridad Social, o la línea de avales millonaria ya activada.
Las asociaciones de autónomos han venido presionando en los últimos días para que el Ejecutivo amplíe el abanico de las ayudas, porque tal y como explica el presidente de UPTA, Eduardo Abad, "los autónomos no pueden asumir más deudas con nuevos préstamos para pagar los que tienen pendientes, sino que necesitan poder redistribuir en la vida del préstamo los pagos de las mensualidades del tiempo que dure esta situación". Lo que plantea Abad es una moratoria similar a la decretada por el Gobierno para las hipotecas en los casos de las personas más vulnerables y es de hecho uno de los 'salvavidas' que ya ha lanzado desde la iniciativa privada el sector bancario.
El Ejecutivo también planea activar una ayuda para los pagos de alquileres de oficinas y locales comerciales, según confirman fuentes gubernamentales. Se trataría de una suspensión, no de un retraso o una moratoria de pago, y los beneficiarios serían tanto autónomos como pymes que hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos. Según las mismas fuentes, el proyecto en el que se está trabajando en estos momentos incluye una suspensión del pago de dos meses, prorrogable hasta el mes siguiente de la finalización del estado de alarma.
No se suspende la cuota de marzo
Lo que ya ha dejado claro el Gobierno es que no se va a suspender la cuota de autónomos del mes de marzo, como reclaman con insistencia desde la federación nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Por una sencilla razón, y es que la 'macroaplicación' que emplea la Tesorería General de la Seguridad Social emitió el recibo de las cuotas de 3,2 millones de autónomos el pasado 14 de marzo. El Gobierno ha anunciado que se devolverán de oficio las cuotas ingresadas cuando se superpongan con la prestación extraordinaria por cese de actividad.
El problema que plantea el presidente de ATA, Lorenzo Amor, es que "muchos autónomos que han cerrado su actividad o cuyas ventas han caído 75% no podrán pagar su cuota sin ingresos y sin liquidez, generando recargos y morosidad que dificultarán el cobro de su prestación". En este sentido, desde UPTA han reclamado que desde el momento en que se solicite la prestación se exonere del pago de la cuota por la entidad financiera o colaboradora, sin que este acto suponga incumplimiento alguno ni reclamación por parte de la Administración.
Los autónomos también están presionando para adaptar la prestación por cese de actividad a los que tributan por módulos y no están obligados a facturar, una situación que va a ser tenida en consideración por el Gobierno, según las fuentes consultadas. Otra modificación que piden sobre las medidas adoptadas es que se reduzca el porcentaje de caída de la facturación del 75% al 50% y que no se compare con el promedio de ventas del semestre anterior sino del mes previo. Las mismas fuentes adelantan que esta ponderación también podría ajustarse próximamente.
Más allá de estas medidas, UPTA ha reclamado a la Agencia Tributaria que se conceda, con carácter general, una ampliación extraordinaria de tres meses para presentar las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos del primer trimestre del año. Sin embargo, esa opción ya ha sido descartada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ayer afirmó que no planea ampliar los plazos porque ya se ha concedido un aplazamiento, por valor de 30.000 euros y un plazo máximo de 6 meses, con 3 meses de carencia de intereses, para personas físicas o entidades con volumen de operaciones inferior a 6.010.121 euros.
En paralelo, una instrucción interna de la Tesorería General de Seguridad Social, a la que ha tenido acceso La Información, decreta la suspensión de la emisión de reclamaciones de deuda y providencias de apremio por parte del organismo público en tanto se prolongue el estado de alarma, como cauce para aliviar las tensiones financieras de las empresas a causa del desplome de la actividad por las medidas de prevención sanitaria dictadas para contener la expansión del Covid-19.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios