PSOE y Sumar 'resucitan' la Comisión Nacional de Energía para mayor control

PSOE y Sumar 'resucitan' la Comisión Nacional de la Energía bajo su acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición. El ente regulador nació en 1995 con el nombre de Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y en 2013 se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ahora buscan devolverlo a la vida como "organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática".

Según el documento presentado este martes, que consta de 230 medidas, el objetivo de ambos partidos es reforzar las capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores. Otro punto importante en materia energética es que aseguran que impulsarán las energías renovables "mediante la simplificación y agilización de los trámites", que tantos dolores de cabeza da a la administración. No obstante, subrayan que lo harán "preservando la protección e integración ambiental, patrimonial, social y territorial".

Asimismo, apuestan por modificar todas las barreras existentes que lastran el desarrollo del autoconsumo colectivo de las comunidades energéticas puedan desarrollarse. Como ya ya publicado La Información, desde el sector vienen denunciando que el proceso para dar de alta un autoconsumo para una comunidad de vecinos es muy complejo, ya que intervienen muchos agentes y está "altamente regulado". 

En la misma línea, la complejidad del proceso para el despliegue de una comunidad energética ha obligado al actual Ejecutivo a solicitar a la Comisión Europea el aplazamiento de un año para cumplir con el hito de disponer de 37 proyectos de comunidades energéticas finalizados este año, según se desprende de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Por otro lado, también platean reservar una cuota específica en las futuras subastas de renovables para instalaciones promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad, bajo criterios de sostenibilidad e impacto de la cadena de valor. Este es un punto que la formación de Yolanda Díaz ya incluyó en su programa electoral para las elecciones del 23-J.

"Se adoptarán medidas que garanticen que los territorios de instalación de energías renovables sean informados y escuchados en un proceso de concertación participativo, y que creen un mapa nacional de instalación preferente de energías renovables, que respete la biodiversidad y las zonas de alto valor agroecológico", recoge el documento.

Nada de separar la actividad de las eléctricas

No obstante, en el acuerdo al que han denominado 'España avanza' no hay nada sobre separar la actividad de las eléctricas para acabar con el "oligopolio" como planteaba Sumar hace unos meses. Lo que sí señalan es una mayor profundización en la reforma del mercado mayorista de electricidad, "encaminada a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo". Según PSOE y Sumar, el objetivo no es otro que trasladar el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura de la luz a hogares y empresas, "con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones".

En cuanto al hidrógeno verde, afirman que apostarán por un "despliegue racional" atendiendo a su viabilidad técnico-económica y al potencial internacional de España en el desarrollo y producción de este vector energético, destinándose a procesos de difícil electrificación, como son determinados usos industriales, el transporte pesado por carretera, la aviación y el transporte marítimo. 

Continúa el apagón nuclear tal y como estaba previsto

De su lado, continúa sin novedades el apagón nuclear acordado con el sector. "Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa", indican las dos formaciones. También dicen que aprobarán el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos. Este nuevo ordenamiento jurídico sobre residuos nucleares sustituirá al de 2006, caducado desde 2010, y que el Gobierno está obligado a actualizar para no ser penalizado por la Comisión Europea. 

Otra promesa es la de duplicar los beneficiarios del bono social eléctrico, pasando de 1,5 a 3 millones de personas. Para ello, revisarán y desplegarán la estrategia contra la pobreza energética, reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables. En el marco de esta estrategia, los agentes competentes en materia de servicios sociales y consumo, en colaboración con las entidades sociales, llevarían a cabo "los planes necesarios con el objetivo de, al menos, duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico".