De los más de 24.000 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno pintó en los Presupuestos para 2021 y que al parecer aún confía en ejecutar este año, hasta la fecha solo se tiene noticia de que se hayan aplicado de manera efectiva poco más de 4.500 millones. Pese a que estas cifras revelan que el 80% de los recursos previstos para este año están sin ejecutar, el área económica del Ejecutivo ha venido quitando hierro a esta situación con el argumento de que las transferencias a las administraciones territoriales ya se han completado y de que con éstas alrededor de un 60% de los fondos presupuestados ya están asignados a los organismos que deben ejecutarlos.
Sin embargo, tras ese tono de normalidad del relato oficial las alarmas ya han comenzado a saltar. Fuentes del Gobierno admiten que el ritmo de ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación del Reino de España fue uno de los asuntos sobre los que de forma más insistente preguntó la delegación de la Comisión Europea que visitó España la pasada semana para evaluar la marcha de las reformas e inversiones previstas en el mismo y sea o no como consecuencia de ello lo cierto es que el Ejecutivo ultima estos días una revisión del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, que se aprobó en diciembre del año pasado y cuyo objetivo único era agilizar la ejecución de los fondos europeos aligerando los trámites y suavizando los controles sobre las inversiones asociadas al Plan de Recuperación, según han confirmado varias fuentes del área económica del Gobierno.
Estas mismas fuentes señalan que la reforma legal en que se está trabajando buscará subrayar aún más la excepcionalidad regulatoria de la ejecución de los fondos europeos respecto a los créditos presupuestarios ordinarios, uno de los elementos que más le está costando digerir a la maquinaria interna de la Administración. El Gobierno ya ha identificado en este sentido algún ámbito de mejora en materia de regulación y cargas administrativas, como lo referido a las inversiones a ejecutar en varios años, pero lo que persigue sobre todo es remover los obstáculos internos, tanto administrativos como de otra índole, que están impidiendo aplicar de manera efectiva las 'fórmulas de ejecución exprés del gasto' que se previeron en el decreto de hace un año y que no se están utilizando con la intensidad que en principio se descontó por diversos motivos.
Desconfianza entre los funcionarios
Las medidas planteadas entonces, que en su día generaron una importante contestación interna por parte de los interventores del Estado y hasta un tirón de orejas del Consejo de Estado por ir demasiado lejos en la desactivación de los controles sobre el gasto público, no han sido suficientes para conseguir que la ejecución de los fondos europeos sea más ágil y más rápida que el de cualquier otra partida presupuestaria. En algunos casos, incluso están teniendo el efecto contrario. "Los funcionarios no están aplicando determinadas fórmulas del decreto ideadas precisamente para agilizar las contrataciones o las adjudicaciones por desconfianza y porque les echa para atrás que estén sometidas a menos controles de los habituales", aseguran fuentes del ámbito jurídico.
En los despachos se pone como ejemplo los problemas que están teniendo los ministerios y el resto de unidades de la Administración para sacar adelante procedimientos de contratación por la vía de urgencia, que el real decreto aspiraba a instaurar como una especie de estándar para agilizar la ejecución de los fondos europeos, o por el procedimiento negociado sin publicidad por las reservas que a nivel interno están planteando tanto los servicios jurídicos como los interventores del Estado. No ha contribuido a la seguridad jurídica tampoco que la Junta Consultiva de Contratación Pública haya cuestionado de partida la eventual utilización masiva de la vía de urgencia en los contratos del Plan de Recuperación, con el argumento de que sólo debe utilizarse en los casos en que la premura de los plazos no permita aplicar una fórmula de contratación más garantista.
Las fuentes consultadas tanto de dentro como de fuera de la Administración señalan que los problemas operativos internos o las sospechas de inseguridad jurídica sobre las fórmulas más ágiles para ejecutar los fondos europeos no constituyen más que uno de los problemas que se han venido observando en los últimos meses. Añaden el retraso en la definición de los proyectos, que hace por ejemplo que en puertas del año 2022 apenas esté en activo solo uno de los seis grandes proyectos estratégicos (Perte) que el Gobierno se ha comprometido a desarrollar en el marco del Plan de Recuperación, y también las carencias de recursos humanos, que están ralentizando la ejecución efectiva de los planes de inversión.
Fuentes jurídicas señalan que la decisión del Gobierno de centralizar la selección de los proyectos, la definición de los mismos y la mayor parte del proceso de ejecución en la Administración del Estado está operando como un lastre para la adecuada ejecución del mismo. "La Administración no cuenta con los recursos suficientes y, por si fuera poco, está poniendo problemas para la contratación de asesores externos para agilizar los procesos", aseguran. Deslizan que el decreto de diciembre del año pasado se vendió como una supresión de los cuellos de botella que podrían entorpecer la aplicación efectiva de los fondos, pero que el mayor de ellos, que es la centralización de los procesos de decisión en Moncloa, sobrevivió.
Ninguno de los elementos de esta fotografía asoma, sin embargo, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que dedica un apartado de su célebre 'libro amarillo' al "buen ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" pero que no aporta un solo dato sólo la ejecución de gastos del Plan hasta la fecha ni sobre las perspectivas de ejecución para el año 2021 pese a estar a menos de un trimestre para su fin. El Gobierno se limita a recordar que el 80% de los fondos llegarán entre 2021 y 2023, que esto representa un desafío sin precedentes para la gestión público y que, eso sí, se van cumpliendo los hitos de reformas comprometidos. Habrá que esperar para saber si también se cumplen los hitos que hacen referencia a la inversión.
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