La Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada hace casi un año fue el resultado de una extensa negociación entre los partidos que componían el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- y las fuerzas nacionalistas de izquierdas. Un tira y afloja que tenía como límite las competencias autonómicas en esta materia y las reticencias que tenía el ala socialista del Ejecutivo respecto a las medidas más intervencionistas. El alquiler por habitaciones también tuvo un hueco en las intervenciones parlamentarias y las negociaciones que se extendieron durante más de dos años, pero finalmente la ley no hizo una referencia expresa a esta figura, sino que la enmarcó en el "grupo de trabajo para la mejora de la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda" al que hace referencia la disposición adicional quinta.
El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, anunció la creación de esta mesa en el mes de diciembre y el Gobierno tiene prevista su regulación en el medio plazo, según trasladan a La Información fuentes próximas a la titular del departamento. Al igual que sucederá con el alquiler turístico -para el que se ha creado otro grupo de trabajo en el que también está presente el Ministerio de Industria y Turismo- la eventual normativa se abordará una vez superado el primer año de legislatura y medido el margen legal que conceden las competencias autonómicas y locales, por lo que no ha sido incluido en el Plan Normativo de 2024. Este tipo de alquiler tampoco tuvo cabida en el acuerdo de coalición, pese a ser prioritario para la formación que lidera Íñigo Errejón y está bajo el paraguas de Sumar, Más Madrid.
El Ministerio de Vivienda quiere medir el impacto del alquiler por habitaciones en el alza del precio del arrendamiento de viviendas, sobre todo en las zonas tensionadas, antes de tomar cualquier decisión. Si bien admite tener indicios de que esta fórmula está contribuyendo a elevar los precios en las ciudades que acogen más estudiantes universitarios o trabajadores que solo permanecen unos meses en el territorio. El motivo es que estos contratos no siguen la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y en su lugar, se amparan en el código civil como si alquilasen cualquier otro objeto, por lo que esquivan las obligaciones que tendrían con el arrendatario y también las limitaciones al incremento del precio del alquiler incluidas en la Ley de Vivienda -del 3% en 2024 si no hay un acuerdo entre las partes-.
"Estableceremos limitaciones al alquiler turístico, de habitaciones y de temporada para que no se conviertan en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda" recogía el programa de Sumar para las elecciones generales. La plataforma que lidera Yolanda Díaz trató de atajar la regulación de los apartamentos turísticos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -presionada por Compromís- pero dejó a un lado el arrendamiento por habitaciones. Las principales asociaciones de inquilinos sitúan el inicio de este problema en 2017 y sostienen que se ha agravado considerablemente en los últimos años, dado que esta modalidad permite a los caseros renovar los acuerdos cada ciertos meses con la actualización de precios que esta lleva asociada.
Para los sindicatos de inquilinos estos contratos constituyen un fraude de ley, ya que evitan la norma que regula el número mínimo de metros cuadrados que tiene que tener una vivienda o la obligación de depositar la fianza en el instituto de vivienda de la región. Sin embargo, en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los propietarios por entender que el alquiler de una habitación no garantiza "el desarrollo de la vida doméstica del inquilino con la intimidad y servicios que hoy se consideran indispensables", y que en consecuencia, no tenía que hacerse el contrato al amparo de la LAU pese a que en la práctica no haya diferencia en el uso de las instalaciones.
En portales como Idealista o Fotocasa los precios de una habitación en Madrid ya oscilan entre los 200 euros -solo para fin de semana- y los 2.00 euros en el caso de estar situadas en la zona más céntrica de la ciudad. En Barcelona, las más baratas rozan los 300 euros y se acercan a los 2.000 euros al mes si están situados en el barrio de Gràcia. Este abanico de precios se repite al buscar en los anuncios de Valencia, Palma de Mallorca o Bilbao, mientras que otras ciudades como Málaga, Valladolid o Santa Cruz de Tenerife comparten el umbral inferior, pero apenas llegan a registrar un par de anuncios que superan los 1.000 euros por una habitación. Ciudades como Sevilla, Salamanca o Zaragoza cuentan con algunas opciones a partir de 150 euros, mientras que en Ibiza el mínimo supera los 600 euros en este momento.
Esta semana, EH Bildu llevó al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para declarar la "emergencia habitacional" en España y regular el alquiler turístico, por habitaciones y de temporada. El grupo de izquierda nacionalista proponía que el arrendamiento por habitaciones se rija "por los mismos criterios y regulaciones que los contratos de vivienda completa habitual", pero no era una iniciativa legislativa. El texto debatido el pasado martes buscaba que los diferentes grupos de la Cámara mostraran su posición al respecto en plena campaña electoral en el País Vasco. PNV, Junts, PP y Vox votaron en contra de instar al Gobierno a tomar medidas al respecto, por el contrario, los partidos con presencia en el Ejecutivo recogieron el guante.
